Por Luis María Serroels (*)

A la Comisión de Acuerdos del Senado nacional parece importarle poco hurgar en el linaje moral e intelectual de quienes buscan el vía libre para representar al país como embajadores. Y al final se desemboca en un brebaje donde se mezclan profesionales especializados y moralmente intachables, tránsfugas habilidosos en el arte de cruzarse de vereda, rechazados en las urnas que se quedaron varados en soledad y exfuncionarios que, teniendo pendientes graves causas en la justicia, terminan en la curiosa doble condición de diplomáticos y exiliados a la vez.

Juan Domingo Perón, tres veces presidente de los argentinos, dijo que “hay dos clases de lealtades: la que nace del corazón que es la que más vale y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales”.

La prédica tesonera de ANALISIS y la híper oxidada cantinela del exlegislador y dos veces gobernador Sergio Urribarri, lleva ya demasiado tiempo. Sólo la absorción interminable de almanaques por parte de la justicia entrerriana que se ha mostrado demasiado lenta, puede permitir que quien enfrenta ocho causas por diversos delitos aún no haya sido juzgado con todas las garantías que los lineamientos legales le acuerdan a cualquier ciudadano.

Esta semana se enfrentaron –tras una impugnación en el recinto de una legisladora entrerriana- los endebles argumentos de presunta inocencia del exmandatario buscando su designación como embajador en Israel y su nutrida historia tribunalicia. Acarrear tantas causas judiciales abiertas a partir de denuncias iniciadas en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, tras publicaciones de un medio periodístico que en abril venidero cumplirá 30 años de aparición, no es una cuestión baladí. Transcurrido un lustro, ninguna decisión alentadora ha surgido en los Tribunales de Paraná, enfrentados a sucesivas chicanas. Entre medio se produjo el burdo acto de violarle a Pagliotto su estudio jurídico en la búsqueda de documentación bien seleccionada.

¿Qué tan falaz ha sido en sus revelaciones el fundador-director periodístico de ANALISIS, Daniel Enz (producto de innumerables y agotadores viajes, empecinado acopio de datos y acumulación de pruebas) para que la justicia entrerriana les haya concedido tanto valor procesal? Si Urribarri insiste en que los resultados de las empecinadas investigaciones de Enz son falsas, ¿por qué no lo querella? Tiene la mesa de los códigos servida.

Aceptemos que el procesado seguirá siendo inocente mientras no sea juzgado y aun eventualmente condenado, podrá usufructuar las apelaciones de rigor hasta que haya condena firme. Ello está firmemente consagrado por las normas. Pero también existen leyes que lo obligan a enfrentar los estrados. Todo lleva a suponer que en este juego prevalecen los devotos de Nuestra Señora de la Chicana.

La verborragia mostrada en sus punzantes descargos, enfoca su situación judicial en el módico argumento de que se trata de mentiras, aunque no es el único elemento que le coloca una piedra en el zapato. Lo que además debería ser analizado –y que nadie parece darle la merecida entidad- es la capacidad necesaria para oficiar nada menos que como titular de una embajada tan compleja como la instalada en Israel. No tiene estudios diplomáticos ni experiencia alguna y ello no parece haber sido óbice para confiarle semejante función sin los conocimientos sobre una cuestión que los institutos de altos estudios diplomáticos dictan con fuerte autoridad y que –ante este empecinado deseo de Alberto Fernández- sufren un virtual escarnio.

Lo resuelto por la referida comisión senatorial, cuyo estricto sometimiento a las reglas morales e intelectuales hasta ahora se suponían indoblegables, le dio vía libre al nombramiento de Urribarri. No es difícil suponer que se le otorgó preeminencia a su militancia política, soslayando su situación procesal. Pero no se aclara que su futura inmunidad diplomática de nada le servirá cuando se lo cite por los Tribunales paranaenses. Recordemos que no se representa a un gobierno ni a un partido, sino a todo un país. Y más temprano que tarde todo Israel sabrá la historia completa de una grieta muy ancha causada a la democracia y a los postulados constitucionales.

Hemos leído que el principio de inocencia no puede ser aplicable tan fácilmente en el funcionariado del Estado, cuando la comparación entre las sucesivas declaraciones juradas patrimoniales muestra un desproporcionado crecimiento. Se habla de inversión de la carga de la prueba en los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y también de la aplicación de la “Teoría de las cargas dinámicas de la prueba”. Quien no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable, es mirado por la justicia. Aunque se disfrace de honesto.

Cualquiera que se proclame inocente, cuando arribe el juez a su despacho ya debería estar aguardándolo en el pasillo. ¿Por qué Urribarri no lo hizo? Sólo los temerosos de la ley dedican su tarea esencial a ponerles palos en la rueda a los investigadores. Lo que la sociedad requiere es sacudir la parsimonia judicial para sentirse protegida en sus derechos individuales y colectivos.

“En esta época de corrupción consumada, investigaciones difundidas por los medios y funcionarios de variada estirpe imputados, ha pasado desapercibida una disposición constitucional entrerriana que puede agregar un polémico condimento político a los procesos penales en curso. Se trata del artículo 39 de la Constitución Provincial que –como es de toda obviedad- jamás fue reglamentado ni concitó el mínimo interés de los legisladores desde 2008 a la fecha”. A esto lo publicó el 7 de septiembre de 2016 en Página Política el jurista y exconvencional de la UCR, Juan Carlos Arralde.

Precisamente dicho artículo expresa que “el funcionario o empleado público a quien se impute delito cometido en sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse bajo pena de destitución. La ley reglamentará el proceso respectivo. El funcionario o empleado público, sobre quien recayera condena penal firme por delito contra la administración pública que acarree inhabilitación, será apartado del cargo en forma inmediata”.

Este ha sido el caso de Sergio Urribarri, paradójicamente quien convocó a la reforma y la juró pero al parecer no la leyó bien. El 11 de diciembre de 2011 también la juró al asumir su segundo mandato. No sólo él está salpicado por la corrupción, sino familiares directos y empresarios socios.

Su “Sueño Entrerriano” le costó a sus comprovincianos 47 millones de pesos (unos 5 millones de dólares) que, según la investigación periodística, fueron desviados “para su delirante aventura presidencial”.

Según los fiscales, el grupo “sustrajo fondos públicos de manera constante, habitual y reiterada” para direccionarlos a favor del cuñado de Urribarri mediante “ficticias contrataciones”, por unos 24 millones de pesos. Desde luego que hay muchas cuestiones más.

Se citan operaciones ilícitas repitiéndose el nombre del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Todo cuanto se sostiene sobre esta colosal maniobra delictiva, está en los expedientes. El nombrado le envió a Urribarri un mensaje vía mail donde expresa: “Pato querido, tengo que cerrar el número con  vos”.    

Aquí hubo negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado. Cardona Herrero –lo dice el Ministerio Público Fiscal- administró 11 millones de dólares entre 2008 y 2015. El fiscal Gonzalo Badano señala que el exgobernador utilizaba la estructura que tenía el citado empresario por medio de la empresa Relevamientos Catastrales en su departamento de la calle Córdoba, con cajas fuertes y empleados de confianza que le permitían administrar el dinero y equipos informáticos suficientes. Está claro que la Comisión senatorial le dio más crédito al imputado que al Poder Judicial de Entre Ríos. Pésimo antecedente. Se cumplió así el deseo de Alberto Fernández.

La comunidad diplomática internacional le da la bienvenida a un nuevo miembro hasta que deba retornar a su país a rendir cuentas. Si es inocente se despojará de tan duro peso. Si es culpable, el peso será mucho más insoportable. La Comisión de Acuerdos no tuvo paciencia para aguardar. Cosas de la Cofradía de la Santa Impunidad.

(*) Especial para ANÁLISIS