N.B. de ANÁLISIS

El viernes pasado, el tribunal de Juicios y Apelaciones compuesto por Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo, absolvió al ex intendente Sergio Varisco; al ex secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli; y al ex presidente de la Mutual Modelo, Miguel Picazzo. Los tres habían llegado hasta el final del debate con pedidos de condena por el delito de Peculado en grado de tentativa. El veredicto fue unánime, y la sentencia completa se conocerá el 9 de marzo. También se supo que la Fiscalía apelaría la determinación.

Los defensores que intervinieron en ese proceso (Rubén Pagliotto; Damián Petenatti; Miguel Cullen y Emilio Fouces), componen un grupo más grande de abogados de Paraná que, ciertamente, tienen en el puño casi todas las causas por presunta corrupción o procesos que involucran a políticos. De hecho, en noviembre pasado se suspendió en los tribunales de la provincia el juicio por la conocida “causa de la vaca”, porque muchos de los abogados estaban trabajando en el debate que se desarrollaba ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, en los procesos “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio”.

Este es el grupo de abogados que anotó un poroto el viernes pasado en los tribunales provinciales, cuando consiguieron la absolución de los tres imputados en la causa Mutual Modelo. Y ahora, comparan la resolución de ese legajo con otras causas por presunta corrupción, y sostienen que se generó “un precedente”.   

El argumento ya es viejo y hartamente conocido en ámbitos tribunalicios: si los actos de gobierno traspasan los organismos de control sin reproches, el derecho penal no tiene por qué inmiscuirse, son cuestiones naturales del derecho constitucional y administrativo.   

Veredicto absolutorio

Sobre la determinación del viernes pasado, Emilio Fouces sostuvo: “Este veredicto pone en evidencia la insensatez que significó llevar este tema a debate. Lo primero que dice el tribunal es que estamos ante un hecho lícito. La Fiscalía tuvo como 20 argumentos en su alegato de clausura y, de esa cantidad, el tribunal no hizo lugar a ninguno. Lo más importante es que el tribunal dejó en evidencia lo que dijimos en esta causa y otras más que investigan delitos de corrupción”.

“Se habla de la división de poderes, de las facultades de gobierno por parte del Poder Ejecutivo, el fallo tiene un alto contenido de Derecho Constitucional y Administrativo que, creo, el Ministerio Público Fiscal tiene alto desconocimiento. El Ministerio Público Fiscal se arroga facultades para evaluar decisiones y actos administrativo-políticos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo. El Ministerio Público Fiscal puede intervenir cuando hay un hecho ilícito, no para juzgar si una actividad de gobierno está bien o mal desde lo ético o moral”, ahondó.   

El sueño, los contratos y la vaca

Después señaló que en “muchas causas” que participa “no hay acción ilícita y tendrán el mismo resultado que en la causa Mutual Modelo”. “Acá el tribunal dijo: ‘señores, ustedes no tienen por qué evaluar o juzgar actos de gobierno que no son ilícitos, puede gustarles o no, pero no evaluarlos’”, valoró y mencionó en esa línea a las causas conocidas como “Sueño entrerriano”, “los contratos” y “la vaca”. “Creo que a raíz de este fallo, sacan una cantidad de argumentos que van a tirar abajo varias otras causas”, vaticinó y agregó: “Son todos casos que contienen actos de gobierno por parte de ejecutivos, ministros, o quienes sean. Esto abre un panorama muy interesante en la Justicia entrerriana”.

Cuando este medio preguntó si ponen en el mismo nivel, por ejemplo el reparto de publicidad oficial discrecional y el adelanto financiero a una mutual, el defensor respondió: “Esto es lo mismo que los adelantos mutuales que pasaron por todos los estamentos de control del municipio. En los casos de la provincia, las contrataciones también pasaron por los organismos de control. No es que un ministro o secretario, u otro cargo contrata, hace la factura, saca la chequera y paga sino que intervienen un montón de sistemas de control. Si se atraviesan esos controles, las cosas están bien hechas, hasta que llegan al último escalón”.

En el mismo sentido, preguntó: “¿Para qué están los organismos de control? Si no, que venga la Fiscalía y sea ella la que dé el visto bueno, que diga si se paga o no tal o cuál contrato. Existen esos mecanismos de control y son llevados a cabo por personas de carrera que atraviesan todos los gobiernos y signos políticos. Es exactamente el mismo criterio. El tribunal nos dio la razón en esto. El juicio de por la causa Mutual Modelo, terminó a la hora que empezó. El testigo estrella de Fiscalía era el contador General, Eduardo Campedsuñe, y dijo que el mecanismo estaba regulado y presupuestado. Lo mismo va a pasar con las otras causas. Si no, uno tiene que presumir que detrás de estas causas hay 20, 30 o 40 personas involucradas, que se hicieron las distraídas”.

Más adelante, este medio consultó al abogado por la “causa de la vaca” (que en abril tendrá juicio oral), debido a que se le dio ese nombre porque se sortearon los controles utilizando siempre la misma foto donde aparece una vaca.

“Tengo entendido que ese control (la foto) no era parte de la exigencia de contratación. Por lo tanto es algo que se tendrá que debatir, si es como sostiene la acusación. ¿Qué gravedad puede llegar a tener el hecho de repetir una foto que no es parte de la exigencia de controles?”, indagó.

Por último destacó la sentencia del viernes “porque se constituye en un precedente muy importante para muchas causas, porque fue muy clara y categórica respecto de la división de poderes, de los actos lícitos de gobierno, de la no intromisión de un poder en lo que es potestad de otro poder”.