Carlos Salvatore, el fallecido abogado detrás de la cocaína del caso Carbón Blanco, vivió 15 años en la propiedad de la calle Melían que fue decomisada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Uno compra una casa usada con todo lo que hay adentro. Quizás sea una buena oportunidad para los coleccionistas de memorabilia de historias del crimen. En la vieja mansión del abogado Carlos Salvatore sobre la calle Melián al 2100 en Belgrano R, donde vivió con su familia durante 15 años, hay algunos recuerdos entre los ambientes y la pileta con hidromasaje con hojas muertas y agua sucia. Queda la vieja caja fuerte en uno de los pisos superiores, oculta en un mueble del playroom con las marcas de fuego y soldadora: alguien, claramente, intentó abrirla a la fuerza. Está el título de abogado de la UBA de Salvatore también, su diploma de 1983 perfectamente conservado.
Quedan botellas de champagne o vodka, huérfanas, una caja de cigarros y una cartuchera con viejos DVDs, ya casi anacrónicos. Hay una cava de vinos debajo, que quienes conocían la casa cuando Salvatore vivía lo señalan como el lugar que era su cuarto secreto, por así decirlo; suyo y de nadie más. Y hay un poster en el suelo de una película animada, Plumíferos.
Salvatore la financió con su productora, CS, sus iniciales con varios famosos argentinos que pusieron su voz y el Estado que puso fondos. Telefe fue coproductora del film, un fracaso de taquilla que tuvo una cierta sobrevida en el exterior, con una adaptación llamada Birds of Paradise. Todos se sorprendieron cuando se enteraron, famosos, coproductores: Carlos Salvatore, hoy fallecido, era el traficante de cocaína más grande de la Argentina, el hombre detrás de los 1200 kilos de la cocaína del caso Carbón Blanco, condenado a 21 años de prisión.
La mansión, irónicamente, ya está en el mercado. Hoy, tras un juicio de lavado de activos al clan del abogado en el Tribunal Oral Federal de Chaco en donde su viuda fue condenada a 7 años y su hija fue absuelta, el Estado la subasta tras decomisarla.
Es un acto de liquidación donde la contradicción es obvia, en un momento donde el mercado inmobiliario apenas se mueve y donde cualquier cosa que cueste en dólares es una incógnita. Sin embargo, el Estado ya tiene su cotización y su precio de base: 2,3 millones de dólares. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que preside Martin Cosentino y que reporta directamente al jefe de gabinete Santiago Cafiero, decidió poner en venta la mansión, todavía sin una fecha firme a la espera de la decisión de un tribunal, con 815 metros cuadrados de terreno.
Silvia Susana Vallés, la viuda de Salvatore, ocupaba la casa bajo un régimen de libertad condicional y pidió quedarse allí durante la pandemia.
Ante este pedido, se le exigió el pago de tasas y servicios del inmueble a cambio de habilitar su permanencia, condición a la que no accedió y el Tribunal Federal de Resistencia habilitó a la AABE para proceder de inmediato a tomar posesión del inmueble: fuentes cerca del caso aseguran que la esposa de Carlos Salvatore desarmaba y sustraía la casa de a poco: puertas, ventanas, mármoles y demás.
La AABE ya tiene su brochure, por así decirlo, el detalle de la propiedad incluye un subsuelo, dos niveles, deck con parrilla, persianas motorizadas, porcelanatos en cocinas y circulaciones, mármol en escaleras, todas las plantas poseen calefacción por loza radiante, más de 500 metros cuadrados cubiertos. La subasta será a través del portal Compras Públicas de la República Argentina, Compr.Ar.
Salvadore murió condenado en mayo de 2018 en una cama del hospital Argerich, como paciente cardíaco en estado grave. El Tribunal Oral Federal de Chaco le había dictado la pena en su contra por mover los 1.200 kilos de droga desde la localidad de Quitilipí hacia España en, precisamente, bolsas de carbón. Salvatore no fue condenado en vivo y en directo por este delito. Vio la audiencia final desde una teleconferencia en el penal de Ezeiza, con su polar azul, una camisa y su clásico gesto adusto.
Fue un juicio tenso, de un alto nivel de temor, en una causa minada por amenazas: Salvatore mismo había sido escuchado en una intervención telefónica hablando de matar a la jueza original del caso, Zunilda Niremperger. El abogado hablaba de irle “a la yugular” a la magistrada. Durante el proceso, los fiscales Carlos Amad y Federico Carniel, que investigaron a Salvatore, recibieron cartas con intimidaciones en sus autos y despachos. “Te mandaron lejos pero igual la vas a pasar mal”, recibió Amad en su nuevo despacho en los tribunales de Salta.
Los 1.200 kilos de Carbón Blanco no fueron los únicos que se le imputaron a Salvatore y a su organización: hubo otros 1.200 más que habrían viajado desde Campana a Valencia, ocultos también en carbón, por los que fue procesado por el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora con un embargo de 100 millones de pesos. Otros 235 kilos, también desde Campana en 2008, esta vez en latas de durazno y membrillo. En julio de 2010, Salvatore fue imputado por enviar 762 kilos, esta vez a Bilbao, en un container que pertenecía a la firma Agroforestal del Litoral SRL. La droga, de nuevo, estaba en bolsas de carbón.
La lista sigue: diciembre de 2011, 500 kilos, otra vez desde Quitilipí hacia Torres Vedras, Portugal. También fue procesado por este caso, a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. 2012, el cargamento final, 1200 kilos nuevamente desde el puerto de Zárate en tambores de pulpa de pera, causa del Juzgado Federal de Campana.
La cuenta: 5.097 kilos en total, más de cinco toneladas, a un precio valor callejero actual en el negocio mayorista dealer de la provincia de Buenos Aires de más de 50 millones de dólares, a unos diez mil dólares por kilo.
Es decir, mucha cocaína, que no tiene un valor ficticio, de 1.500 dólares en la selva de Santa Cruz de la Sierra a más de 30 mil euros en alguna caverna de Madrid o Barcelona. Generó dinero, según la Justicia federal, y ese dinero fue a algún lado.
A su vez, en 2019 se llevó a cabo el juicio por el lavado de activos provenientes de dichas maniobras. En ese proceso, la viuda de Salvatore y otros dos acusados recibieron penas de entre 7 y 9 años de prisión. El patrimonio del abogado estuvo bajo la mira: la mansión es tan solo un punto en el extenso mapa del dinero de Salvatore. Hubo mucho más.
La elevación a juicio en la que participó la PROCELAC hablaba de campos en la provincia de Buenos Aires, algunos de más de 150 hectáreas, autos de lujo con marcas como Porsche y Mercedes-Benz, propiedades en Capital Federal y Mar del Plata, depósitos en cuentas bancarias en diversos bancos, entramados de firmas en Argentina y Uruguay, informes de la AFIP que hablan de posibilidades ilógicas de semejantes operaciones, incluso un escribano parte de la trama denunció una operación sospechosa a la UIF por la compra de una propiedad en Lomas de Zamora en 2006 por 350 mil dólares cuando tenía un valor de mercado cuatro veces superior.
En el expediente hubo un informe del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos citado en la elevación a juicio que asevera que Salvatore “es propietario de varios inmuebles y de al menos una cuenta bancaria en el estado de Florida” y que “Homeland Security ha recibido periódicamente información sobre las actividades del señor Salvatore, comenzando en 2006, cuando recibimos información de que Salvatore solía llevar consigo importantes sumas de dinero en efectivo”, sospecha el organismo estadounidense, “para el lavado de activos del narcotráfico”.
Los investigadores recibieron desde Estados Unidos un reporte de cinco empresas como Casilugi Corporation y Genesis Vocational Institute, varias integradas por Salvatore y su mujer. Homeland Security “no pudo determinar ni la naturaleza ni su rubro”, con bienes vinculados como dos departamentos en Collins Avenue, un restaurant, mails detectados que hablan de transferencias en el Bank of America.
No hubo un cálculo total de dinero. Los investigadores no lo podían decir. La UIF, encabezada por Mariano Federici, fue querellante en el juicio por lavado con los abogados Martín Olari Ugrotte y Facundo Orazi. Olari Ugrotte, en su alegato ante el Tribunal, habló de un estimado de cerca de 20 millones de dólares en plata inmobiliaria, con más de 60 propiedades que fueron embargadas.
La larga imputación que el Ministerio Público Fiscal y la UIF le hicieron al clan Salvatore para enviarlo a juicio por lavado tuvo una especial mención para Plumíferos. Salvatore, por lo visto, no tenía una trituradora de papeles: el allanamiento a sus oficinas en un piso 7 de la calle La Pampa al 1500 trajo de vuelta un contrato de coproducción entre CS Entertainment junto a Manos Digitales Entertainment, la segunda firma en el film, con fecha del 2 de junio de 2006.
Fuente y fotos: Infobae
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