Revés judicial para los militares que quisieron robar pruebas de delitos de Lesa Humanidad

La Cámara de Casación declaró imprescriptible el saqueo de pruebas que el Ejército realizó en los tribunales de Rosario en 1984.

Estaban armados y decididos a sacar de los tribunales de Rosario todo lo que fuera necesario para que nadie tuviera que dar explicaciones ante la Justicia por los crímenes cometidos años antes. Esa madrugada del 8 de octubre de 1984 fue frenética. Arrancaron por los tribunales, redujeron a los policías, los ataron y les robaron sus armas. Siguieron por el juzgado donde se acumulaban las pruebas que habían recolectado a instancias de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Rompieron todas las cerraduras que fueron necesarias y se llevaron esos papeles. Después, siguieron por una casa que se había allanado tiempo antes y en la que se habían encontrado no sólo papeles de gran valor sino elementos sustraídos en operativos durante la dictadura. Redujeron a la custodia y cargaron todo lo que pudieron. Fue un golpe comando de la estructura de inteligencia del Ejército en Rosario, pero fue también un golpe al proceso de juzgamiento que intentaba ponerse en marcha. La Cámara de Casación acaba de ratificar que esos hechos no pueden quedar impunes porque son imprescriptibles y continuarán investigándose en la justicia federal de Rosario.

La resolución fue firmada este jueves por la Sala IV de la Cámara de Casación Federal, integrada, para este caso, por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los camaristas ratificaron así lo que habían resuelto tanto el juez federal de Rosario Carlos Vera Ramos como la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, y en línea con la investigación que viene desarrollando la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal Adolfo Villatte y del auxiliar fiscal Juan Murray.

Por los hechos de la madrugada del 8 de octubre de 1984 están imputados quien era el jefe del II Cuerpo de Ejército Víctor Pino Cano --aunque separado del proceso por enfermedad--, el jefe de Inteligencia del II Cuerpo (G2) Héctor Fructuoso Funes y Luis Américo Muñoz, que oficiaba de jefe del destacamento de inteligencia 121 de Rosario. Son lo que podría definirse como las cabezas de lo que fue una de las dos operaciones especiales de inteligencia de las que se jactaba Muñoz cuando hizo un reclamo administrativo en pleno gobierno de Raúl Alfonsín porque se le negaba un ascenso al que él se creía con pleno derecho por sus aportes a la causa de la familia militar, ascenso que finalmente llegó en el gobierno de Carlos Menem. Ese reclamo de Muñoz apareció y fue clave en el juicio que se realizó por los asesinatos de los militantes Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, y de alguna manera reactivó la investigación por el robo de 1984 que sacudió a Rosario, publicó Página12.

“Estamos avanzando en ver quiénes fueron los autores de los hechos”, dijo Murray a Página/12 después de que se conociera la resolución de la Casación. La Unidad Fiscal analiza, con la asistencia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), casi un centenar de legajos de militares que reportaban en el área de inteligencia del Ejército al momento de los hechos. También la Unidad realizó un allanamiento en la casa de Muñoz en 2019, de donde se secuestró documentación que podría servir para entender cómo se gestó esa operación especial de inteligencia destinada a sustraer la documentación que había recabado la Justicia provincial a instancias de la delegación Rosario de la Conadep. Para el momento del robo a los tribunales y a la casa de la calle Dorrego 1638 --donde el Destacamento de Inteligencia 121 habría llevado parte del material que había intentado descartar antes de la asunción del gobierno democrático-- la Conadep ya había entregado su informe Nunca Más al entonces presidente Alfonsín.

Para la Unidad Fiscal, la verdadera finalidad del robo “fue neutralizar las acciones legales entabladas por las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil del Ejército Argentino, como así también personal policial, en razón de los delitos por éstos cometidos en la jurisdicción del Comando del Segundo cuerpo de Ejército, Subzona 21, Área 211 y que habían sido denunciados Conadep”.

 

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