El acuerdo establece que la casona del Parque Urquiza sea la sede del Consejo de la Magistratura. Foto: Análisis.
La causa por Enriquecimiento Ilícito contra José Ángel Allende lleva más de 9 años. La investigación penal comenzó a partir de la denuncia periodística de ANÁLISIS en el año 2012 y desde allí pasó por una serie de dificultades técnicas y de voluntad para arribar a lo que es la corroboración del enriqueciento injustificado del dirigente gremial y exdiputado provincial.
En el acuerdo presentado este jueves por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa de Allende quedó en claro que es el propio sindicalista el que reconoce haberse enriquecido con dineros públicos por encima de sus posibilidades y que utilizó a sus familiares para cumplir su cometido.
El jueves próximo, el juez Elvio Garzón, comunicará si homologa o no el acuerdo presentado por las partes durante la jornada de debate.
La fiscal Laura Cattaneo realizó un detalle pormenorizado de los bienes adquiridos por Allende durante los consecutivos períodos que fue diputado provincial entre 1999 y 2016:
Un departamento en Torres Condor de calle Mitre 699
Dos departamentos un edificio de calle Cervantez
Una casa de calle Laprida 153
Una casa en la calle del Parque Urquiza de Castelli al 10
Un departamento en la torre Le Parc de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Una casa quinta en Sauce Montrull
Un yate llamado Quichua y otro llamado Guadalupe
Dos inmuebles en la zona de campo de Nogoyá
Tres terrenos en El Quebracho
Un inmueble en la Isla Puente
Además, quedó demostrado que Allende participó accionariamente de las empresas Haras del Machazo SA, Cardinal Griding SA y Radio La Voz de Nogoyá.
Allende se enriqueció a través de interpósitas personas y benefició mediante 128 subsidios no reintegrables de la Cámara de Diputados a una fundación dirigida por él y sus familiares, por lo cual también fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública. En total, según las pericias contables, Allende se enriqueció en $4.983.146,14 lo que equivale a un valor en dólares de 1.069.841,19, según consta en la causa.
El acuerdo de decomiso y la postura del Fiscal de Estado
La Fiscalía de Estado participó de las audiencias ya que uno de los afectados por los delitos de Allende era el propio Estado. Allende se enriqueció de manera ilícita en perjuicio del dinero de todos los entrerrianos.
Rodríguez Signes manifestó su acuerdo en términos generales con los términos del juicio abreviado pero marcó una diferenciación respecto a quien dispondrá de los bienes decomisados.
El acuerdo del MPF y la defensa establece que los dos inmuebles decomisados -el de calle Laprida 153 y Castellli 10- sean destinados por la propia decisión del juez a las sedes de la Unidad Fiscal de Género y el Consejo de la Magistratura, respectivamente.
Sin embargo, para Rodríguez Signes esto no es lo correcto ya que en caso de delitos de Enriquecimiento Ilícito, los bienes decomisados pasan a ser de la disponibilidad del Poder Ejecutivo: "Después nosotros podremos coincidir en lo establecido en el acuerdo o no. Le sugiero al magistrado que cambie esa parte del acuerdo y que lo que se establezca sea una sugerencia y no una imposición".
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