De ANÁLISIS

El megajuicio por presunta corrupción se reanuda este martes después de las 9. Según la agenda acordada entre las partes, alegarán los defensores del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. Con la exposición de esa tesis defensiva, que concluiría durante esta jornada, terminarán los alegatos de parte.

El 17 de febrero pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió 12 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri. La acusación pública solicitó, además, que se le imponga una multa de 180 mil pesos más accesorias legales y costas. Le imputan supuestos delitos en calidad de autor: peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles -tres hechos: imprenta, parador y Mercosur-. Delito de negociaciones incompatibles -un hecho causa Buffa-. Delito de peculado -un hecho: causa solicitada-. En total cinco hechos que concurren de manera real.

Este martes será el turno de los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez de responder a la acusación formal y pedido de penal. Al término de estos últimos alegatos, probablemente el jueves próximo, los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano harán las réplicas y, posteriormente, los defensores Emilio Fouces, José Velázquez, Ignacio Díaz, Miguel Cullen, Juan Méndez, Rodríguez Allende, Barrandeguy y Pérez, harán las dúplicas.

Tras varias semanas de escuchar valoraciones opuestas sobre la misma producción de prueba en los cinco legajos acumulados, será la oportunidad de los 13 imputados para decir sus últimas palabras antes de que el tribunal declare cerrado el debate y se avoque a deliberar para dictar sentencia. De ese modo, Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Luciana y Alejandro Almada, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Hugo Marsó, Gustavo Tamay, Germán Buffa y Gustavo Tórtul, podrán decir qué esperan de la sentencia.

Causas acumuladas

El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 9 millones de dólares.