N.B. de ANÁLISIS

“Júzgueme. Condéneme. Pero manténgame en la dignidad porque me voy a pegar un tiro”. Lo dijo el abogado Raúl Barrandeguy este martes, en el alegato defensivo al exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. La frase resonó en el amplio salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, donde se desarrolla el megajuicio que ventila cinco legajos acumulados por presunta corrupción durante las gestiones urribarristas en Entre Ríos.

En plena exposición, Barrandeguy trajo a colación la situación que atravesó el expresidente peruano Alan García, acorralado por causas de corrupción que, antes de ser detenido decidió suicidarse. Pidió “jamás usar la lucha contra corrupción como prenda de batallas políticas, porque eso supone enemistar a los que cumplen con los que no cumplen”.

“Todos los países tuvieron algún problema cuando combatieron de forma descuidada a la corrupción. No voy a fijar posición sobre algunas cosas, pero acá no hay dudas que para algunos el presidente Alan García era una figura señera”, deslizó y de inmediato pronunció: “¿Quién ganó? ¿Un fiscal trasnochado? ¿Qué pasó con la democracia en Perú? ¿Alguien se hace cargo del renacimiento de la derecha en Perú? Júzgueme. Condéneme. Pero manténgame en la dignidad porque me voy a pegar un tiro”.

El abogado, que se ha caracterizado en el debate por exponer valoraciones audaces, preguntó: “¿No se lo pudo perseguir a Urribarri; Pedro Báez y los integrantes de su gobierno de una forma menos humillante? No hay una sola fisura de racionalidad contra la figura de Urribarri. Todo fue prensa interesada desde el punto de vista vengativo, para algunos lectores que impulsaban la persecución ilegal”, manifestó.

Barradeguy expuso cerca de una hora. Posteriormente continuó el codefensor Candelario Pérez que se centró, fundamentalmente, en refutar cuestiones técnicas en cada una de las investigaciones.

Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó con la conexión vía zoom del propio Urribarri y se extendió hasta casi las 14.30 de este martes, cuando finalmente se pidió la absolución del exmandatario y se adhirió a todos los requerimientos de exclusiones probatorias realizadas en los alegatos defensivos previos.

Desde el Ministerio Publico Fiscal, Gonzalo Badano adelantó que el jueves harán réplicas y seguidamente los defensores duplicarán las respuestas de la acusación. En principio, según adelantó el presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones José María Chemez, las últimas palabras de los 13 imputados se producirían el próximo lunes. Momento desde el cual se declararía cerrado el debate y los jueces pasarían a deliberar para dar a conocer un veredicto.

“Queremos un país sin corruptos pero también sin nazis y sin neoliberales”

“El gran tema que está sobre el pupitre es la corrupción”, reconoció Barrandeguy apenas abierto su alegato este martes. El abogado tuvo una primera intervención donde se ocupó de hacer una defensa más política, dado que hizo una especie de historización de la corrupción desde la época de Pericles -gobernante de la antigua Atenas- en adelante. “La corrupción entendida como aprovechamiento indebido de bienes públicos por parte de funcionarios es tan vieja como el mundo”, apuntó.

“Uno dice que un juicio no mata pero ante una enfermedad terminal, cuando uno cuenta los días, horas y minutos, la mayor o menor tranquilidad que pueda sentir es terrible, ese dolor expropia a los imputado el derecho a vivir en libertad o plenitud. Esto pasó con Céspedes -Hugo, imputado que falleció al inicio de este debate oral-, y con el padre de los hermanos Almada -también imputados en el proceso-”, mencionó.

El abogado estableció diferencias en procesos de lucha contra la corrupción entre los países de “talante autoritario y países como Argentina”. “Jamás hay que usar la lucha contra la corrupción como prenda de batallas políticas, porque eso supone enemistar a los que cumplen con los que no cumplen”, pidió. Aseguró que en este país se pude explicitar opiniones contrarias a los gobiernos de “forma furiosa” en ejercicio de la libertad. “Esto debería ser el normal funcionamiento del Estado”, acotó. En el mismo sentido dijo que “defender la democracia es oponernos a uso político de la lucha contra la corrupción”. “Debemos declararnos capaces de absolver al adversario político, podemos absolver y declarar que la lucha contra la corrupción en democracia lo permite”, subrayó.

Más adelante señaló que “todos los países tuvieron algún problema cuando combatieron de forma descuidada a la corrupción”. “No voy a fijar posición sobre algunas cosas, pero acá no hay dudas que para algunos el presidente Alan García fue una figura señera. ¿Quién ganó? ¿Un fiscal trasnochado? ¿Qué pasó con la democracia en Perú ¿Alguien se hace cargo del renacimiento de la derecha en Perú? Júzgueme. Condéneme. Pero manténgame en la dignidad porque me voy a pegar un tiro”, deslizó.

Agregó que en las causas ventiladas desde el 27 de septiembre pasado, los “informes telefónicos” y de empleados del MPF con “pseudo títulos” les “amargaron la vida durante varios años”.

“Todo fue prensa interesada”

“¿No se lo pudo perseguir a Urribarri, Báez y los integrantes de su gobierno de una forma menos humillante? No hay una sola fisura de racionalidad contra figura de Urribarri. Todo fue prensa interesada desde punto de vista vengativo, de algunos lectores que impulsaban persecución ilegal”, dijo más adelante.

Refirió en ese sentido al trabajo periodístico: “Urribarri en su patrimonio tenía pisos en Punta del Este; casas en Concordia; imposiciones en dinero extranjero en bancos argentinos; dinero fuera del país; emprendimientos comerciales en países limítrofes. Todo falso”.

Arremetió después contra los legisladores que “no le dieron a los demócratas entrerrianos herramientas, le dieron disposiciones procesales que están filiadas en una rancia tradición inquisitiva. Uno encuentra en el martillo de las brujas situaciones casi gemelas, en términos de potencia procesal”, señaló y parafraseó de ese modo al abogado Miguel Cullen, que defiende a varios imputados y comparó los procesos judiciales ventilados en los tribunales locales con una caza de brujas.

“No puede pasarnos esto otra vez”

Más adelante se quejó de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Urribarri y varios integrantes de su grupo familiar, aunque no forma parte de los cinco legajos acumulados que se enjuician actualmente. “La investigación penal preparatoria lleva seis años sin que se produzca indagatoria de imputado. Es el delito más grave de corrupción. Es inexplicable e indefendible, pero no es esto lo que ocurrió acá. Ocurrió todo lo contrario. Hay que investigar a Urribarri y ser tolerante con la prensa como fue Urribarri, tolerante con quienes nos denuncian”, apuntó.

Añadió después que “queremos un país y un gobierno sin corruptos, pero también sin nazis en el Ministerio del Interior, sin neoliberales en el Ministerio de Economía. No queremos esto. Queremos perseguir corrupción, pero también evaluar qué significan nuestros procedimientos, qué nos traen cuando terminemos de sacar el dorado. Los que tenemos memoria sabemos de estos momentos, como la revolución del ’55. Nos retiraron a los jueces, limpiaron el STJ, limpiaron la Justicia y lo mismo hicieron en el 76”, alertó y ahondó: “No puede pasarnos esto otra vez. Uno ve los nubarrones. Lo que nos puede permitir juzgar corrupción y que sea con resultados positivos son dos o tres normas, las más graves, son normas comunes: al funcionario que se lleva la valija con dólares le aplicamos negociaciones, no forzamos para agarrarlo por hurto. Hagamos las normas que necesitamos pero no estiremos tratando de abarcar, porque el daño es más grande”.

“Le pidieron 12 años porque no gustó lo que pasó en el Jurado de Enjuiciamiento”

Otro de los ejes defensivos expuestos refirió a que el Estado cuenta con organismos de control constitucional, que ajustan los procesos y actos de gobierno al derecho administrativo y que, una vez atravesados esos estamentos, los actos de gobierno no pueden ser revisados desde la óptica penal porque son legales.

“El problema de corrupción tiene que ver con que todos trabajamos para castigarla, pero no para evitarla. No combatamos la corrupción que pasó. Seis años después ¿dónde vamos a encontrar el dinero que Urribarri se llevó a Europa? Lo digo en broma. Pero hay algo que quiero decir con humildad: no saben nada de derecho administrativo, no saben nada ni preguntan nada”, atacó.

“La primera limitación o herramienta para luchar contra la corrupción es el derecho administrativo”, subrayó. Remarcó que los órganos de control “son autónomos y definen su presupuesto y personal”. “Cuando se da el poder, se ejerce. Pueden observar la realización de contrataciones importantes. Este es un dispositivo vigente. La Contaduría General, el Tribunal de Cuentas. Eso nos permite poner las cosas en su lugar, más allá de las arbitrariedades, tienen un principio de corrección”. Contrastó esas instancias de control gubernamental con las investigaciones penales: “Están acostumbrados a interrumpir, llevar a la gente a los empujones, amenazar. Y hablamos de funcionarios que ni siquiera tienen estabilidad en el cargo”.

Afirmó después que a Urribarri le pidieron inicialmente 8 años de prisión, pedido de pena que aumentó a 12 años tras el proceso de jury a la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que fue suspendida en el cargo. “No tienen un elemento”, dijo en referencia al pedido fiscal.  “Probablemente no gustó lo que pasó en el Jurado de Enjuiciamiento y nos adjudicaron alguna participación a los abogados de Urribarri. Por eso le pusieron 12 años y no 8”, acusó.

“Esto no es democracia, hay desborde y descontrol por parte de MPF”, dijo después. Recordó los institutos de Constitución Provincial reformada. “Esta Constitución contenía un nuevo MPF, poniendo al frente hombres sabios, probos, equilibrados, que vayan a distinguir la República con sus aportes. En casos de corrupción, habrá un fiscal anticorrupción designado de la misma forma que el resto, designado con un acuerdo del Senado y aprobación del gobernador”, reclamó y arremetió: “Un fiscal con competencia en temas de corrupción, que se especialice. Este es el fiscal anticorrupción que esperamos que nos acusara, no una fiscal que está presa, presa de algunas limitaciones que no sabe superar. Hay que encontrar la fuerza moral para no hacer lo que está mal”.

Por último, reiteró la paciencia con “la prensa que se ensañaba”, aunque “la figura central es el legislador porque le dejan en su despacho las cuentas generales del Ejercicio. Acá pensaron que este hombre era hijo de un empleado ferroviario y ahora tiene bienes. Tampoco es así, son pensamientos discriminatorios”.

Denuncian “lawfare”

Candelario Pérez, codefensor de Urribarri, ocupó casi dos horas en exponer su parte del alegato. Recordó que en la denuncia inicial que presentaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, ofrecieron herramientas de organismos nacionales para la investigación. Acotó que en los allanamientos de 1 de agosto de 2016, la fiscal Patricia Yedro convocó a la policía federal para llevarlos a cabo. “Nos damos cuenta que a las fuerzas nacionales las mandaron las autoridades nacionales que gobernaban el país, y mandaron la fabricación de cualquier cantidad de prueba”, aseguró. De modo que los allanamientos “son todos nulos”.

“Esta justicia retrocedió muchos años y atentaron contra el proceso vigente, nos engañaron que había igualdad de armas, que era equilibrado, pero los fiscales crearon un laboratorio y de ahí sacan los peritos. Respeto al bioingeniero Guillermo Fritz pero debe dedicarse a otras tareas. Invadieron la intimidad, involucraron gente que no tiene que ver, humillaron y no sé si pueden reparar la dignidad personal”, subrayó.

Dijo que las contrataciones de publicidad “están exceptuadas” de llamados a licitación o compulsas de precios “y viene así de hace 40 años, no lo hizo Urribarri”. “Se jugó en contra del principio de debido proceso, en contra de defensa en juicio, no hemos sido notificados”, mencionó, entre otros cuestionamientos. 

Se quejó de los informes de Fiscalía, tanto los que contienen datos telefónicos como los contables. “La correspondencia epistolar es inviolable en nuestra Constitución” dijo para comparar la miles de correos electrónicos que constituyen prueba fundamental para los fiscales, muchos de los cuales fueron exhibidos en la audiencia de debate.

Habló de violación a garantías constitucionales. “Enrique es un irresponsable y encima profesor de la facultad. No tiene rigorismo contable, no supo decir cómo modificaba los números, una cosa horrible. Por vía de la interpretación involucró a un grupo de empresas que recibían facturación. Enrique habla por su cuenta en forma discrecional”, criticó sobre el contador del MPF.

Frases finales

Barrandeguy retomó la palabra después del cuarto intermedio. A continuación se transcriben algunas frases del cierre de su alegato:

• “Se violó el principio de juez natural. La intervención de fuerzas federales es ilegítima, una cosa oscura que la democracia no admite. Tropas federales con vehículos, fuerzas de tarea armadas con personas de Concordia, Reconquista, Paraná y Santa Fe batieron la zona y nos regalaron el disco externo. Todo lo secuestrado ahí estuvo un día sin cadena de custodia”.
• “Los aportes de funcionarios como el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; el exjefe de Gabinete Hugo Ballay; el senador nacional Edgardo Kueider entre otros, no fueron tenidos en cuenta para nada”.
• “Estamos en esta situación peligrosa si no se admiten las nulidades. No es lo mismo un informe que una pericia”.  
• “Un caso patético es el del doctor Eduardo Ruhl -juez de Garantías- que concede actos procesales con los mismos argumentos por los cuales se abrió la investigación”.
• “Las operaciones de extracción de datos -de dispositivos electrónicos secuestrados- son absolutamente deficientes”.
• “El teléfono desde donde supuestamente Urribarri se contactaba con Gerardo Caruso, no es de Urribarri, es un teléfono de contacto”.
• “La solicitada es una cuestión de gobierno”.
• “Los hermanos Berger donaron los spots publicitarios que se pasaron en el marco de la Cumbre del Mercosur a la provincia de Entre Ríos”.
• “El informante del contador Héctor Enrique sostiene opiniones que deben ser descartadas de plano”.
• “No se puede decir que las sociedades son de Juan Pablo Aguilera y las usaba para recuperar dinero para campañas o promociones de Urribarri”.
• “En un Estado de Derecho no se condena por indicio y sentido común”.

Por último, el abogado refirió al “sufrimiento” que este proceso le trajo a su defendido y los consortes de causa. “Concedió que lo investigara la UFI y no encontró nada. Mi íntimo deseo es que terminen los padecimientos de este ser humano, que la vida lo puso en la responsabilidad de conducir su provincia en dos turnos. Pido que se haga justicia y pueda volver a su hogar, con su familia y sus nietos a disfrutar del tiempo que le queda por delante. Pido la absolución y me adhiero a los reclamos de nulidad hechos por mis colegas”, cerró.