Desisten de investigar un fraude al Estado y sobreseen a funcionario

La jueza de Garantías N° 5 de Paraná, Paola Firpo, sobreseyó este jueves por la mañana a Lucio Amavet, hoy secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, de una vieja causa por presunta defraudación al Estado por la suma de $95.880.

Se determinó que no estuvo involucrado en una maniobra de falsificación de documentos para el otorgamiento de una línea de financiamiento a productores.

El sobreseimiento fue solicitado y expuesto hoy por el fiscal Ignacio Aramberry, el defensor del funcionario, Lisandro Amavet; y el denunciante del fraude, Julián Aníbal Gracia, de la Fiscalía de Estado.

El expediente penal se inició en 2017, a instancia de la denuncia de Gracia, de la Fiscalía de Estado, del área de Fiscalía Anticorrupción y Ética Pública. El funcionario fue anoticiado por un informe de una fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que en julio de 2014 se habrían sustraído del erario público la suma de $95.880 a través de una maniobra en la que se fraguaron firmas de un expediente para que el Estado otorgue un aporte no reintegrable a una sociedad compuesta por productores de Concordia.

La causa la tramitó el fiscal Ignacio Aramberry, quien este jueves expuso ante la jueza Firpo las razones por las cuales instó el sobreseimiento de Amavet: primero, destacó que nunca fue imputado del delito de defraudación y no se encontró ninguna prueba para hacerlo; y segundo, no se halló a la persona que fraguó las firmas del expediente administrativos para acceder al aporte económico, como tampoco a la persona que cobró el dinero. Se supo de una figura que seguirá siendo una incógnita para la Justicia entrerriana: Vicente Matías Casares, un proveedor cuyo domicilio figura en la localidad de San Salvador, en la provincia de Jujuy. La Fiscalía determinó que fue esta persona quien cobró el dinero, pero nunca lo encontró. Con el paso de los años, dejó de buscarlo.

Al dar cuenta del caso en sus manos, el fiscal reseñó: “Habría existido un perjuicio al Estado a partir del otorgamiento de un aporte no reintegrable por la suma de $95.880, en favor de una sociedad de hecho integrada por Miguel Ángel Afranchino y Daniel Maximiliano Berón. Al ser requerida la respectiva remisión de cuentas, Afranchino compareció ante el Tribunal de Cuentas negando haber recibido un aporte, haber firmado un convenio de financiamiento y haber recibido un tanque estercolero y menos conocer a Vicente Matías Casares, quien fuera el vendedor del tanque. Luego lo ratificó en la causa penal”.

Explicó que, en su momento, el Estado brindaba un aporte económico no reintegrable a los productores que presentaban un plan de negocio para financiar. Una presentación para ello se hizo en el área de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, a cargo de Amavet, y el expediente figuraban las firmas de los solicitantes, Afranchino y Berón. Sin embargo, las rúbricas de ambos fueron falsificadas y nadie lo notó. También las de dos empleados de la Unidad Ejecutora Provincial que analizaban el plan de negocio.

El falso plan de negocio se denominaba “Reutilización de afluentes del tambo en beneficio del bienestar animal y el aumento de producción”. El Estado lo aprobó y giró el dinero directamente a la persona que figuraba como proveedora –se explicó que era común esa operación- de la maquina referida por los productores, en este caso un estercolero.

Cuando el Tribunal de Cuentas pidió rendir cuentas si los fondos se usaron para el plan de negocio referido, la falsificación de firmas salió a la luz. Luego, durante la investigación penal preparatoria, la Fiscalía determinó que el dinero pagado al proveedor Vicente Matías Casares efectivamente fue cobrado, pero a miles de kilómetros: en Jujuy.

A través de un informe bancario, se probó que el 8 de septiembre de 2014 “se realizó una trasferencia del monto del convenio y que en un banco de Jujuy se realizó una extracción por ventanilla de $84.499, operación que fue realizada por el titular de la cuenta”.

“Se investigó a la persona. Se dio intervención a la División de Defraudación y Estafas de Jujuy. Fueron constatados dos domicilios en Jujuy. Los vecinos de un lugar dijeron que se había mudado; y en el otro aseguraron que no conocían a Casares. Así, no se pudo dar con quien supuestamente cobró el dinero girado a esa cuenta”, detalló el fiscal, según registró Entre Ríos Ahora.

También refirió que Amavet hizo una declaración informativa en la causa, donde comentó cómo los productores tramitaban el aporte económico. Subrayó que en este caso se dio una particularidad: “El convenio fue firmado por el productor en la Unidad Ejecutora Nacional, y luego fue girado a la Provincia para que sea firmado por Amavet. Éste explicó que se hizo de ese modo porque el productor se había acercado a la Unidad Nacional”, indicó Aramberry.

—¿La maniobra, entonces, no se hizo en Paraná, se hizo en Buenos Aires? —quiso saber la jueza Firpo.

—Sí, se hizo en Buenos Aires. —respondió Aramberry.

“Amavet finalizó diciendo que en varias ocasiones los productores querían que las transferencias se hagan de manera directa al proveedor, como fue el caso. Se montó un expediente falso para defraudar al Estado. Se fraguó la firma de Afranchino, pasando por la ficha de plan de negocios y por el convenio de financiamiento; concluyendo en la firma obrante en el remito del 11 de septiembre de 2014, que acreditaba la entrega de la maquinaria de parte del vendedor”, especificó el funcionario judicial.

Finalmente, el acusador remarcó que consideró agotada la investigación y que se debía sobreseer al funcionario: “No podemos atribuir la figura de defraudación a Amavet, ni tampoco la de peculado imprudente debido a que se requiere que el funcionario reúna la calidad de administrador o custodio de los fondos públicos. Acá, los pagos entran en el resorte de la Tesorería del Ministerio de la Producción de la Provincia”.

Por su parte, el denunciante Julián Aníbal Gracia, de la Fiscalía de Estado, se mostró sorprendido porque el legajo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) caratuló el caso con el nombre de Amavet, siendo que no fue imputado. Ese dato fue advertido por la magistrada, quien señaló que el expediente de Fiscalía está caratulado como “Gracia Julián Aníbal/su denuncia” y que fue un error de OGA caratularlo de otra manera.

Finalmente, explicó que el Estado entrerriano recuperará el dinero, puesto que Amavet firmó un convenio de pago para que los fondos que se fueron a extrañas manos, vuelvan a las arcas estatales.

Al término de la audiencia, la jueza Firpo sugirió al fiscal que se continúe investigando para dar con el responsable del fraude al Estado, aunque advirtió que no es su competencia instarlo. Acto seguido, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y la defensa, dictando el sobreseimiento de Amavet y remarcando que la causa “no afecta el buen nombre y honor”.

(Entre Ríos Ahora)

 

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