N.B. de ANÁLISIS

Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Patricia Yedro, refutaron los planteos defensivos en el marco de la condena al exgobernador Sergio Urribarri, empresarios, exfuncionarios de sus administraciones y familiares, por delitos contra de corrupción.

La audiencia de Casación comenzó la semana pasada y ya alegaron todos los abogados defensores. Expusieron Marcos Rodríguez Allende (abogado de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada); Juan Antonio Méndez (abogado de Gustavo Tamay); Ignacio Díaz (abogado del exministro Pedro Báez; José Velázquez (codefensor con Díaz de Báez y abogado de Germán Buffa); Emilio Fouces (abogado del empresario Gerardo Caruso); Miguel Cullen (abogado de Corina Cargnel y Emiliano Giacopuzzi); Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy (codefensores de Urribarri). Todos atacaron las condenas, retomaron cuestionamientos sobre aspectos procesales de las investigaciones; pidieron nulidades y absoluciones.

Este miércoles contestaron a esos planteos dos representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de las cinco investigaciones acumuladas que dieron por probada la hipótesis acusatoria: el direccionamiento, a través de distintos mecanismos, de dinero público para fines personales, por ejemplo el posicionamiento político del exgobernador Sergio Urribarri a nivel nacional, en el marco de la campaña presidencial de 2015.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará este jueves a las 9, oportunidad en la que el fiscal Gonzalo Badano concluirá las dúplicas de los fiscales.

El fiscal Francisco Ramírez Montrull refutó los cuestionamientos de los defensores en el marco de la sentencia en la causa Parador de Mar del Plata, a partir de la cual se condenó al exgobernador Sergio Urribarri; el empresario Gerardo Caruso; el extitular de la Casa de Entre Ríos, Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri); y la contadora Corina Cargnel.

El representante del MPF, retomó los informes telefónicos que constituyen una de las pruebas fundamentales. La investigación abonó la hipótesis de una licitación simulada, el direccionamiento en la contratación del Gobierno provincial a la empresa El Juego en que andamos (cuyo titular es Caruso), y el retorno de parte del dinero que pagó la administración pública por esa contratación al empresario, a manos de Aguilera.

Ramírez Montrull rebatió los cuestionamientos de los defensores. Los abogados aseguraron que con los informes telefónicos se violaron derechos a la intimidad de los investigados. “No hay injerencia abusiva y arbitraria, se cumplió con los recaudos legales. El listado de llamadas se hizo cuando el proceso judicial estaba abierto, las partes estaban informadas y los abogados tenían acceso y estaban notificados de las medidas”, afirmó.

“Se intervinieron las líneas telefónicas cuando la sospecha era importante y la medida fue proporcional a la gravedad de los hechos investigados. Al menor grado de protección lo tienen los funcionarios públicos cuando se investigan delitos en la función pública. No se afectaron derechos constitucionales. Incluso la ley de telecomunicaciones autoriza a los jueces y los ministerios públicos a este tipo de intervenciones”, subrayó.

Más adelante señaló que “algunos abogados hablaron de las pericias que hicieron los técnicos y otros hablaron de los informes técnicos. Pero en realidad estamos ante informes técnicos, lo que se solicitó a integrantes del Gabinete de Informática del Ministerio Fiscal fue extracción de información y puesta en resguardo. A diferencia de una pericia, ese trabajo no tiene valoraciones sobre la información que se extrajo y resguardó. Pero además, fue autorizado por  jueces de Garantías. Los jueces no fueron engañados como aseguraron los abogados cuando dijeron que pedimos una pericia y se hizo un informe técnico”, contestó.

En el mismo sentido, añadió que “se notificó de todo a las partes, qué se iba a hacer, el día y la hora en que se haría”. “Está garantizado el derecho de defensa en cuanto a este procedimiento. Y no reúne la calidad de pericia”, acotó.

Ramírez Montrull también respondió a las críticas por las incumbencias profesionales de los técnicos a cargo de los informes periciales. “La defensa planteó que la calidad o alcance del título de bioingeniero no tiene incumbencia para realizar estos informes. Pero el tribunal aseguró que las incumbencias están definidas por las universidades. Las actividades reservadas a los profesionales son un subconjunto limitado por las universidades, están reservadas a los ingenieros”, dijo.

Contestó también los cuestionamientos que recibió de parte de los defensores, en relación a la precandidatura de Urribarri para la Presidencia o posicionamiento político. “Yo mismo alegué sobre el posicionamiento del exgobernador. Está en la transmisión del día 39 del juicio, en el canal del área de Prensa y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de YouTube, en el minuto 7 de mi alegato”, puntualizó el fiscal.

Reiteró después que en 2014 hubo comunicaciones entre los funcionarios políticos de Entre Ríos y el empresario Caruso. “Los defensores aseguraron que el contacto se debió a que el hijo de Urribarri (Bruno) jugaba al fútbol y Caruso estaba a cargo de Fútbol para Todos. Pero las comunicaciones fueron en la implementación del Parador de Mar del Plata. Hay un sinnúmero de mensajes y llamadas con Aguilera, con Raúl Galarza que trabajaba en la Secretaría Privada del exgobernador, con Franco Urribarri. Innumerables llamadas y mensajes. Además, días antes del llamado a licitación hubo un viaje de Aguilera, Franco Urribarri y Caruso a Mar del Plata, el 11 de noviembre de 2014, en el mismo vuelo, en el mismo avión. A los pasajes los pagó Diego Armando Cardona Herreros, un empresario paraguayo y contratista del Estado provincial mientras Urriabrri fue gobernador”, recordó.

Dijo que después, cuando el parador se puso en funcionamiento, Urribarri y su familia se alojaron en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata. “A la estadía la pagó Jorge Daniel Nigro, titular de la empresa Punto Art Comunicación, contratado para la difusión de los spots publicitarios en la causa Cumbre del Mercosur”, marcó el fiscal. A Nigro lo subcontrató Jorge Corcho Rodríguez a través de su empresa Nelly Entretaiment para que paute con los medios de Buenos Aires y difundan los cuatro spots. “El direccionamiento está probado”, recalcó.

Recordó más tarde los renders analizados en el marco de la investigación, es decir prototipos virtuales de lo que finalmente fue el Parador en Mar del Plata. “En los renders que aparecieron estaban los sellos de Urribarri 2015. No son los renders que estaban en la vía legal, los expedientes de contratación de la administración pública”, manifestó. Añadió que además encontraron un mail entre (el diseñador gráfico, Emiliano) Giacopuzzi y Caruso donde estaba el nuevo modelo del logo de Entre Ríos”.  

“El fallo -subrayó Ramírez Montrull- aborda el real objeto de la instalación del parador, atento a que Fiscalía considera que era el posicionamiento de Urribarri como precandidato a presidente. Hay un mail de Giacopuzzi donde se habla de la imagen de Urribarri que se usó en toda la cartelería de precandidato, esto data de septiembre de 2014”.

Remarcó que además de considerar probado el direccionamiento a la empresa de Caruso, la Fiscalía entiende probado el retorno de dinero. “En el disco rígido hay una comunicación entre Caruso y Aguilera que contiene un esquema de devolución, vinculado a la licitación pública que adjudicó el parador a El juego en que andamos. Si bien ambos la desconocieron esa comunicación, el esquema de devolución fue extraído de un archivo en el disco externo secuestrado, que también contenía información de carácter personal de la contadora Corina Cargnel a partir de lo cual se estableció que lo usaba ella para estas operaciones”.

“Insisten con planteos que ya fueron tratados y resueltos”

Patricia Yedro, par de Ramírez Montrull en el MPF, a cargo de lo que se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”, se ocupó de rebatir los cuestionamientos a la investigación por la intervención de la Policía Federal en los allanamientos. En efecto, los defensores criticaron este aspecto durante todo el debate oral.

“El juez sentenciante entendió que la Policía federal actuó a modo de policía judicial. Es insólito el cuestionamiento porque la policía no tiene funciones de juzgamiento, es una pretensión inadmisible. Además es un cuestionamiento que se hace sólo sobre el allanamiento que se hizo en calle Racedo 415 y el secuestro del disco rígido en una casa lindera, pese a que ese día se hicieron ocho allanamientos en esta investigación. Siguen apuntando a la exclusión de esta prueba cuando y este planteo ya fue tratado y resuelto”, dijo la fiscal.

“No quiero ofender a nuestra Policía provincial que tanto colabora con nosotros. En ese momento nos encontrábamos ante un caso no común y algunos de los imputados estaban vinculados familiarmente con personas de la Policía. Los procedimientos se hicieron sin inconvenientes, algunos colegas que hoy están aquí participaron y durante la investigación nadie lo cuestionó. Cuando se hizo la audiencia de remisión a juicio tampoco fue cuestionado. En el juicio nos vimos sorprendidos cuando las convenciones probatorias se desconocieron. El tribunal de juicio fue amplio y respetuoso del derecho de defensa. Los jueces, pese a que estaba resuelto, permitió el debate y el planteo y resolvió”, manifestó Yedro y recordó: “Incluso habló de la necesidad de crear una policía judicial”.

“Sostienen y reiteran que hubo una intervención del Poder ejecutivo Nacional para perseguir a opositores políticos, no hay nada más alejado de la realidad. ¿De qué se habla? ¿Qué prueba tienen para decir eso? Justamente con esto, entendemos que tomamos la decisión correcta. Es muy peligroso hacer estas afirmaciones, nunca desde la IPP se hicieron afirmaciones de tamaña gravedad. Tuvieron tiempo para hacer planteos que nunca hicieron, encima la documentación se ingresó por convención probatoria”, recordó.

“Cuando dicen que nos quedamos a mitad de camino, que no trajimos todos los testigos que había que traer, eso no es verdad. Creo que agotamos la investigación. La causa inició en 2016, la audiencia de remisión se hizo en 2018. Ahí hubo una convención probatoria. El debate iba a hacerse en 2019 y la suspendieron varias veces. La fijaron para abril de 2020. Ahí se dispuso la acumulación de las otras causas a la causa madre que es la ‘causa imprentas’. La evidencia que ofreció Fiscalía siempre fue la misma”, recalcó.

Yedro recordó que muchos testigos que ahora reclaman los defensores, se desistieron en el marco de las convenciones probatorias. “No podíamos traer a debate testigos que habían sido desistidos a instancias de las convenciones probatorias”, apuntó.

Recalcó que los defensores dijeron ante Casación cosas que no ocurrieron. “Acá le hicieron decir a los testigos cosas que no dijeron en debate, encima es fácilmente comprobable”, advirtió la fiscal. “Quieren hacer creer que esta investigación fue armada, invalidar los secuestros”, acotó.

La fiscal recordó el rol que desempeñó la contadora Corina Cargnel, su conocimiento e involucramiento en todos los negocios de Juan Pablo Aguilera. “La contadora Cargnel no fue quien recibió a la Policía como dijeron los defensores, fue otra empleada que, mientras la buscó a Cargnel aquella mañana, cerró la puerta y los dejó esperando afuera hasta que bajó la contadora. Sin dudas en ese ínterin, Cargnel tuvo tiempo para deshacerse del disco rígido y así lo hizo”, asentó.

Dijo que a Fernando Montañana no pudo juzgárselo en su momento por cuestiones de salud, se separó su situación, pidieron fecha en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) en octubre del año pasado pero todavía no tienen novedades. Añadió cómo fue el acuerdo de juicio abreviado con el publicista Bustamante que, junto a Montañana y las empresas Tep y Next que adjudicaron a Aguilera, funcionaron como sistema de cartelización de la publicidad estatal en la vía pública.   

Describió el papel de Luciana Almada en las empresas de Aguilera. “Aguilera creó las empresas con sus allegados a la cabeza porque le resultaba sencillo. A su vez el exgobernador tenía un rédito personal porque un porcentaje de lo que fue en publicidad, sirvió para posicionar su figura. Además, el exministro Pedro Báez tenía la decisión sobre qué se publicaba y a quién se contrataba. Báez definía las campañas, era responsable del plan de medios, seleccionaba al medio y con su firma y la del gobernador autorizaba el pago de la publicidad”, narró.

Por último, rebatió los cuestionamientos defensivos sobre la causa por fraude a la administración pública en la “causa Buffa”. “Mostramos la vinculación cercana entre esta persona Germán Buffa y el exministro Báez, vimos que participó de cenas en la casa del ministro, que hubo un registro de conducir, que fue contratado por el Estado. Esa relación perduró en los años porque en el marco de otra investigación aparecieron mensajes de tinte personal que dan cuenta de que, incluso a la fecha, existe ese vínculo. Toda la prueba que presentamos fue receptada por el tribunal que dictó la sentencia”, recalcó la fiscal.

“Todos los controles que debió hacer el Estado fueron laxos o no existieron. Además, esos controles no dieron un baño de pureza o santidad a las maniobras”, completó, en referencia a la línea defensiva que sostiene que, como los actos de administración atravesaron organismos como Tribunal de Cuentas, Contaduría General y Fiscalía de Estado, no son pasibles de ser evaluados bajo el Código Penal. “Siempre se afirmó que esto era una investigación armada. Tienen derecho a creerme o no, estimo a los colegas y seguimos trabajando a diario, pero seamos cuidadosos con el lenguaje. Todos tenemos distintos modos de expresión, no es posible que bajo la excusa de enfatizar, usemos términos de este tipo”, cerró.