El fiscal de Concordia, José Emiliano Arias, realizó como postulante impugnaciones al concurso para la Fiscalía Anticorrupción y en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) sostuvo que solicitó se declare la “nulidad” de la constitución de los jurados técnicos que deberán evaluar el concurso.

Se trata del concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción convocado por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, función vacante desde que se destituyera -en mayo de 2022-, a la fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.

El planteo formulado por Arias, que revista en la Unidad Fiscal de Concordia y es uno de los 10 postulantes que se presentaron para cubrir ese cargo, desnuda la trama de la componenda política con el Superior Tribunal para digitar la designación de los postulantes para dicho cargo.

En su presentación, el fiscal Arias sostiene que se “digitaron” los jurados técnicos, y que “a tenor del Jurado constituido, el presidente del Consejo de la Magistratura no realizó ningún sorteo”. Además, “no se cumplimentó con la exigencia de publicidad que impone” la ley del Consejo de la Magistratura y el Reglamento General, “por cuanto no se llevó a cabo ningún acto de publicidad y/o notificación, en forma previa, a tal significativo acto, vaciándose la garantía de transparencia propia del acto”.

También Arias reprochó que los jurados técnicos propuestos y aceptados por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos no cumplen con la exigencia de especialidad en Derecho Penal, y cita el caso del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Germán Coronel, con especialidad en Derecho Administrativo; o el caso de Ladislao Uzin Olleros, con especialidad en Derecho Civil y Comercial; también el caso de Miguel Ángel Federik, que ha tenido participación en distintos concursos, ninguno para elegir operadores judiciales del fuero penal.

En otros estamentos, como académicos y magistrados, en la designación de jurados técnicos, sostiene el fiscal Arias, no se ha respetado la especialidad, como el caso del ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Carlín; o los jueces Federico José Lacava y María Fernanda Erramuspe, vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay.

La situación, dice en su presentación, “genera un peligro inminente a los postulantes de estos Concursos con sólo tener en cuenta que las correcciones que realicen estos ´jurados técnicos no especializados´ del examen de oposición podría ser confirmada por vía del silencio (administrativa y judicial). Se fulmina el derecho de los concursantes a ser examinado y evaluado responsablemente por un jurado idóneo y especializado”.

En el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) Arias advirtió también que por la Ley que creó la Fiscalía Anticorrupción se le da una potestad al Superior Tribunal de Justicia que es inconstitucional; además que el Consejo de la Magistratura que debería asesorar al gobernador en la designación de cargos, le ocultará información para decidir principalmente sobre la base de la idoneidad. Y fue más allá al deslizar como teoría que todo este andamiaje es para “facilitarle” la tarea al gobernador para que elija de acuerdo a sus preferencias y no por idoneidad. “Esto es absolutamente preparado para facilitar esta cuestión”, aseveró.

-Cada vez que usted hace un movimiento, en el oficialismo se genera molestias por su conducta que es muy crítica de la Justicia. Y en ese contexto, hay quienes lo califican que usted forma parte la oposición. ¿Usted es parte de la oposición o tiene alguna relación al respecto?

-No tengo ninguna vinculación política; jamás milité en algún partido.

- ¿Y en su historia familiar?

-Bueno, la rama de mi padre siempre fue con afinidad peronista. Mi padre fue precandidato a intendente por el peronismo en 1983 y perdió la interna con Jorge Pedro Busti para la Municipalidad de Concordia. Soy nacido en Neuquén, porque vivíamos allá y un hermano de mi padre era diputado provincial fue secuestrado por la dictadura (cívico) militar. Y mi abuelo era juez Federal en ese entonces, que también era peronista y antes había ejercido funciones en la Municipalidad de Concordia como comisionado en los años ´48-´50.

-Se puede decir que de chiquito lo hacían cantar la marcha peronista.

-No, porque del lado de mi madre también teníamos la otra campana. Nos criamos siempre con discusiones políticas, pero siempre con las dos campanas y muy sanamente. Mis hermanos tampoco militan en algún partido.

-No deja de ser una sorpresa su historia familiar con el peronismo, porque fundamentalmente pasa por ese vínculo.

-Sí. Por eso que me tilden o me quieran calificar como que estoy en contra del peronismo, la verdad es que no lo siento así. Simplemente trato de cumplir una función. Hoy estoy en el Poder Judicial cumpliendo una función, un rol. Estoy preocupado por el andamiaje de la Justicia y trato de incentivar de que otros también se preocupen y acompañen en las acciones que hago.

Los cuestionamientos al Consejo de la Magistratura

-Por qué decisión anotarse en el concurso para la Fiscalía Anticorrupción y a la vez impugnar ese concurso.

-Tiene que ver con un proceso a raíz del cargo que ejerzo en la Fiscalía de Concordia, donde me interesan los actos de corrupción. Creo que es fundamental en política criminal y debe ser una política criminal para el Ministerio Público Fiscal. Los actos de corrupción afectan o constituyen afrentas al sistema democrático; nos afectan en gran medida en la vida cotidiana y aunque no lo podamos percibir, nos afectan en la economía, en la libre competencia de las empresas e impiden el desarrollo de las personas. Por eso afectan a los derechos humanos.

- ¿Usted entiende que no se hicieron bien las cosas al momento de disponer el concurso para cubrir el cargo de fiscal Anticorrupción?

-Absolutamente. Acá hay un proceso desde la destitución de la Procuradora Adjunta (Cecilia) Goyeneche; y la formación de una Ley de Fiscalía Anticorrupción, donde el único objetivo que tiene es lograr la designación de la persona que va a estar a cargo de esa Fiscalía. ¿Por qué? Porque es el único cargo judicial que impide un nombramiento interino o de vacancia. Es decir, la misma Ley impide el funcionamiento de la Fiscalía. Si se está promoviendo la Fiscalía o la están “vendiendo” al público como que es algo que va a servir para luchar contra la corrupción, ya tendría que estar en funcionamiento. Y acá el poder político lo que intenta es, primero designar a esa persona que va a ejercer esa función.

-En un escenario donde también estará el Procurador General, el Procurador Adjunto.

-Sí, también esa ley tiene muchos problemas de constitucionalidad. Por eso al mismo momento que se forma esa ley, que se sanciona esa ley; se hace la nueva ley del Consejo de la Magistratura. Y ahí se advierte claramente dónde se bajan los niveles de exigencias, se aumenta la discrecionalidad en todo el proceso concursal. Nos alejamos enormemente de lo que era el sistema antiguo, donde había serios exámenes a los concursantes, eran exámenes rigurosos. Y ahora se ha cambiado eso y se le ha dado intervención al Superior Tribunal de Justicia que es contrario a la Constitución Provincial.

- ¿Por qué entiende que se le dio tanto poder al Superior Tribunal de Justicia?

-Cuando se discutió la incorporación del Consejo de la Magistratura en la Constitución, se habló si pertenecía al Poder Ejecutivo, si pertenecía al Poder Judicial o si era un órgano autónomo. Y los constituyentes decidieron y esto está votado y están en todas las discusiones, que se debe enmarcar en la esfera del Poder Ejecutivo. Y que el Poder Judicial, llámese el Superior Tribunal de Justicia, no puede tener ninguna intervención. Y acá la ley, lo primero que hace es señalarle una serie de atribuciones. Entonces, cuando empieza a señalarse atribuciones al Superior Tribunal, ya estamos reconociéndole la incorporación al Superior Tribunal al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Miren lo que hace la ley: le da intervención en una primera etapa del concurso que es designando jurados y conformar el banco de casos. Es decir, el objeto del examen y quiénes van a tomar el examen. En una segunda etapa, cuando ya le colocaron la calificación al postulante, hay un único recurso que envía directo al Superior Tribunal… alguien podrá decir que el Superior Tribunal podrá resolver, ir a fondo, analizará… bueno… en la misma ley establece que si en 30 días el Superior Tribunal no dicta una sentencia se considera denegado el recurso. Es decir, que va a ser el único caso en la historia -y realmente no comprendo cómo los legisladores votaron esto- que se dicte una sentencia mediante silencio. Que se equipare el silencio a una sentencia. Es una aberración jurídica, que no puede resistir, porque hay un derecho a la tutela judicial efectiva; hay un derecho a que los jueces se pronuncien fundadamente sobre las cuestiones que se le plantean. Y acá se va a utilizar el silencio para denegar y hacer el control judicial suficiente. Y, como si esto fuese poco, interviene en una tercera etapa: antes de las entrevistas de los concursantes, el Consejo de la Magistratura le va a pedir al Superior Tribunal un informe sobre el desempeño del postulante. Para eso no le da ningún criterio objetivo, es decir, no le dice –por ejemplo- infórmeme si tiene sanción; les dan amplia y todas las facultades. ¿Y sabe qué? El Superior Tribunal de Justicia va a poder contestar o no contestar ese pedido de informes. Y eso no va a tener ningún reparo en la continuidad del concurso. Lo que significa que el informe es superfluo, salvo que le interese al Superior Tribunal de Justicia. Entonces, es un arma que se va a usar internamente para adoctrinar a todos los que tienen pensado que la carrera judicial debe continuar pasando por el Consejo de la Magistratura.

-Es decir, afecta la independencia judicial.

-Afecta la independencia judicial de manera interna; porque las personas van a estar dependiendo de ese informe del Superior Tribunal. Y le digo más: la ley también tiene reparos de constitucionalidad porque se ha bajado enormemente el nivel de exigencia de idoneidad de los postulantes. Antes, uno iba al examen… había tres instancias de evaluación: un examen oral, que fue suprimido hace unos años atrás, realmente no sé por qué razón. Era un examen oral donde el postulante debía responder rápidamente las preguntas que le estaban haciendo en el momento. El examen escrito que es un examen arduo, que dura 7 horas aproximadamente y luego las entrevistas con los consejeros, donde podían interrogar sobre la totalidad de lo que quisiesen. Hoy se va a hacer un solo examen escrito sobre un banco de 100 casos, es decir, en vez de tomar la universalidad de la ciencia específica que comprende el cargo, le van a dar al postulante 100 casos que los va a conocer de antemano. Entonces, un buen memorioso podría preparar los resultados de esos bancos de casos. Realmente están posibilitando que personas no idóneas o los no idóneos igualen a los mejores. Y, además, en la entrevista final la ley prevé la prohibición de que los consejeros hagan preguntas que pudieran haber sido tomadas en el examen. Es decir, preguntas de conceptos de formación jurídica. Pero, esto no es poco. La ley suprime el orden de mérito que debe informársele al gobernador. Es decir, el Consejo de la Magistratura una vez que conforme la terna le va a decir al gobernador estos son los tres ternados y el gobernador se va a hacer el distraído y podrá elegir al de menor puntaje; porque supuestamente el gobernador no va a estar informado. Y acá es donde también se rompe el sistema porque el Consejo de la Magistratura tiene por principal función ser el asesor permanente; con esas palabras lo dice la Constitución. Entonces, el asesor no asesora. El asesor le esconde información objetiva al gobernador que tiene que decidir principalmente sobre la base de la idoneidad. Y para que no se lo cuestione porque elige al número 10 en vez de al número 1; le hicieron esta cláusula para “facilitarle” esa tarea al gobernador. Y así, él tendrá el reparo de argumentar que no le informaron quién ganó el concurso. Pero, esto es absolutamente preparado para facilitar esta cuestión.

- ¿Y usted que hizo al respecto?

-Inicié una acción judicial de inconstitucionalidad ante la Cámara Contenciosa Administrativa de la ciudad de Concepción del Uruguay; ya tengo asignada la carátula y el número y en estos días se estará presentando la demanda. Por otro lado, en atención a las graves irregularidades en el Consejo de la Magistratura en los trámites de estos concursos de la Fiscalía Anticorrupción, presenté un pedido de nulidad. Y eso tiene que ver con todo lo que dije anteriormente. Todos esos indicios de que el poder político quiere colocar alguien conveniente a sus intereses en el cargo, se manifiesta también con esas… yo le digo no son violaciones a la regla… son directamente trampas a las reglas del concurso, cómo se constituye un jurado para este concurso.

La persecución a los fiscales

-Cuánto considera que la salida que se le hizo a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche o la embestida que tuvo Ignacio Aramberry y que finalmente fue desestimada afecta a los fiscales cada vez que tiene que decidir algo en causas vinculadas con la corrupción.

-Considero que cada fiscal lo lleva internamente a su libertad y convicción. Son mensajes que emitió el poder investigado cuando destituyó a Goyeneche y, por supuesto, tienen eco. A mí me hubiese gustado que se inscribieran (en estos concursos) mucho más fiscales y de más lugares. Creo que la Fiscalía Anticorrupción es una oportunidad muy grande para quien resulte designado; porque los funcionarios más allá de la legitimidad de origen, es decir, luego de haber pasado por el concurso necesitan legitimidad en el ejercicio del cargo… eso que se da en el día a día y es el poder llevar a las personas para que tengan confianza y los motive también para denunciar. En los casos de corrupción es difícil recibir denuncias porque, en primer lugar, la gente tiene miedo. Si la gente ve el mensaje que se recibió desde la Justicia y el poder político contra Goyeneche, también desde su lugar puede manifestar que puede tener temor.

-Nos pasó como periodista porque en muchos casos después de lo de Goyeneche nos dijeron: “para qué vamos a denunciar”.

-Por eso, la Fiscalía ahí tiene la oportunidad de crecer e ir convenciendo, día a día, que se puede realizar, que las cosas que se denuncian las va a tratar y las va a llevar adelante como pasó anteriormente (con Goyeneche). Entonces, me parece que es un desafío y hay que dejarlo correr.

-Cuán difícil es para los fiscales de Concordia trabajar temas de corrupción en una ciudad donde se concentra buena parte del poder político y judicial.

-Podemos tener las complicaciones que tienen el resto, en el sentido de que no llega la denuncia. En los actos de gobierno intervienen órganos de control que previenen algún acto corrupto y que se manifiestan en dictámenes previos a que ocurra el acto administrativo y también hay organismos que actúan con posteridad al control sobre ese acto administrativo. Muchas veces estos controles no informan a la Fiscalía y tampoco lo hacen los particulares. Y los particulares que muchas veces tienen información, son los propios beneficiarios de estos actos corruptos y que se pudieron haber sentido tentados en algún momento; luego arrepentidos; pero que tampoco quieren denunciar porque temen por sus consecuencias.

- ¿Y usted sintió la presión del poder en Concordia?

-De manera general siento que nos puede afectar a todos como organismo como responsable de investigar; pero, a nivel personal no lo siento porque uno está tranquilo; sabe las convicciones y trabaja y trata de cumplir.