Denunciaron posibles amenazas coactivas a miembros de un jurado popular en Gualeguaychú

Es en el marco del segundo juicio por jurados que concluyó con la condena al policía Mauricio Gómez, por el crimen de Iván Pérez. El asesinato ocurrió el 9 de octubre de 2019, en Gualeguaychú, tras una persecución. El caso tomó rápida trascendencia mediática y fue calificado como gatillo fácil. Hubo un primer juicio que quedó estancada porque el jurado no pudo arribar a un veredicto de unanimidad, tal como exige la legislación en la provincia.

En las últimas semanas se desarrolló el segundo juicio popular. El jurado, compuesto por 6 mujeres, 6 varones y 4 suplentes, arribó a un veredicto el 6 de diciembre. Al día siguiente, el jueves pasado, un miembro de ese jurado hizo llegar un mensaje de texto al número de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) Gualeguaychú. El mensaje daba cuenta de una supuesta coacción a miembros del jurado, durante la deliberación, lo cual habría torcido la voluntad de algunas personas que terminaron por declarar la culpabilidad de Gómez.    

“Denunciamos el delito de posibles amenazas coactivas de un miembro del jurado a otros que integraron el jurado que decretó culpabilidad de Gómez. Tenemos pruebas que fueron informadas al Tribunal de Juicio. Este Tribunal de Juicio informó a las partes que habría varios miembros del jurado que tenían otro veredicto. Dio a entender que fueron presionados, por lo cual no hubo imparcialidad. Se presentó una denuncia con pruebas documentales que fueron aportadas por OGA y Tribunal de Juicio. Pedimos que se cite a la persona a prestar declaración testimonial”, contó a ANÁLISIS el defensor Alfredo Vitale.

El abogado agregó que en la denuncia solicitaron que intervenga un miembro del Ministerio Público Fiscal de otra jurisdicción y no de Gualeguaychú “por una cuestión de transparencia”.

“Surgió que el veredicto del jurado hubiese sido otro, quizás el veredicto hubiese quedado estancado, o hubiese sido declarado no culpable. Pero a raíz de la información que envió miembro del Jurado al Tribunal de Juicio, hicimos la denuncia para que se investigue. De ser como se denuncia, es un escándalo, vergonzoso que se juzgue a alguien sin garantías. ¿En manos de quienes estamos? A cualquier ciudadano le puede pasar”, manifestó Vitale.

También irán a Casación

Independientemente de esta denuncia, el defensor recalcó que irán a Casación tras la sentencia. “Hubieron muchísimas irregularidades en este segundo juicio que afectaron los derechos de Gómez. Pedimos que se permita a la defensa incorporar como hecho novedoso las filmaciones de las declaraciones de los testigos en el juicio anterior para ejercer un control y evitar que los testigos cambien las versiones y poder repreguntar. Eso se nos prohibió. Y encima sucedió. Todos los testigos cambiaron sus versiones y lo más grave es que cambiaron el perito médico forense y el perito de Gendarmería”, señaló el abogado.

Además, “con las instrucciones finales que se dio al jurado, hay errores que afectan las garantías”. “Las instrucciones finales antes del veredicto fueron mal dadas, confusas, incluso contrarias. Protestamos e hicimos reserva de Casación. Algunas instrucciones fueron contrarias a doctrina de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), somos todos humanos y el juez también se puede equivocar, pero se confundió a la gente”.

 “Vamos a pedir la nulidad del juicio”

Vitale anunció que pedirán la nulidad del segundo juicio fundada en la denuncia por posibles coacciones al jurado, más el recurso de Casación contra la sentencia. “Son cuestiones escandalosas. Un miembro del jurado informó que hubo presiones y posibles amenazas coactivas, es vergonzoso. Esto es para tomar dimensión en la provincia que cuando se hablaba de la panacea del juicio por jurados, no se preparó a la sociedad. Es un cambio cultural muy grande. Todos dicen en la Constitución de 1853 ya estaba descripto el juicio por jurados, pero nunca se hizo y estamos en 2023. El cambio cultural es muy grande y la gente no está acostumbrada a esto, hay que prepararla, educarla. No es cuestión de sentarla a la silla livianamente a decidir si una persona es culpable o no”, opinó el defensor.

Qué decía el mensaje enviado a OGA

Según la denuncia que se presentó ante el MPF, el mensaje del jurado popular decía lo siguiente: “Buen día XXXXX. Soy XXXXX que estuvo como jurado en el juicio de Mauricio Gómez. Quiero manifestar que no estoy a favor de la resolución de ayer. Ya que mi voto era otro, pero me sentí obligada a cambiar mi voto por un miembro del jurado. Yo hablo por mí, pero sé que otros jurados pensaban lo mismo. Sé también que ya está dado el veredicto, pero lo quería decir xq el resultado hubiera sido otro. Hablo por mí, ya que la angustia que me lleve fue muy grande”.

“Dice que miembros tenían otra decisión y un miembro del jurado los obligó a cambiar de decisión. Que escribe porque tiene una angustia muy grande por el resultado”, acotó Vitale. “Queremos que se investigue qué pasó”, subrayó.

El Tribunal de Juicio fue informado de esta situación el jueves 7, el viernes 8 fue feriado. “El lunes 11, cuando teníamos la audiencia de cesura para determinar la pena, el Tribunal nos convocó a las partes una hora antes para tratar esta cuestión. A la defensa nos tomó por sorpresa. Lo primero que dijimos es que es un escándalo, vergonzoso, que no debería suceder. Si decretan la culpabilidad y están todos de acuerdo, bueno. Pero si el Tribunal de Juicio nos dice que un miembro del jurado les dio a entender que fueron presionados, es gravísimo”.

El juez técnico del juicio fue Arturo Dumón. Intervino el fiscal coordinador Lisandro Beherán y como querellante actuó el abogado Paulo Di Lollo.

“En Entre Ríos no hay antecedentes de algo así. Desconozco si hay a nivel país. Pero sé que en otras jurisdicciones se toman los recaudos para evitar este tipo de situaciones”, manifestó el defensor y añadió: “Hay que ver si esta persona podía manifestar en el momento que fueron presa de coacciones. Si la amenaza fue grande y había temor, hay que ver si podían denunciarlo en el momento. Creo que la gravedad de la situación hubiese permitido habilitar el feriado y convocarnos a las partes en el momento que fue denunciada la supuesta coacción. Queremos que se investigue porque es grave. Oscurece y afecta la transparencia de un juicio por jurados, no hay certezas de que los jurados sean imparciales”.

Por último, el defensor contó que “la OGA informó que recibieron ese mensaje el jueves 7 –el viernes fue feriado-, y que el lunes 11 cuando se leyó el mensaje, la persona que lo envió lo borró de su whatsapp”.

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