La Cámara Federal confirmó el procesamiento de 14 funcionarios provinciales y un representante técnico por el rol que tuvo cada uno de ellos en el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, hechos juzgados en el tramo principal de la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Kirchner cumple en su casa una pena de prisión a 6 años.
Esta parte del caso se centró en aquellos funcionarios de la Administración General de Vialidad (AGV) santacruceña, quienes ejecutaron a nivel regional la maniobra de corrupción planificada desde el Poder Ejecutivo, según juzgó la Justicia.
Se trata de Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, que fueron procesados como coautores del delito de fraude al estado; y José Carlos Pistán, que, en tanto representante técnico de varias de las firmas del grupo Báez, fue procesado como partícipe necesario del mismo delito.
De acuerdo con el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini, confirmado ahora por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala II de la Cámara, cada uno de los funcionarios incumplió de forma sistemática con sus deberes, omitiendo “ejercer adecuadamente deberes de control, verificación y resguardo del interés público, lo que resultó fundamental para lograr el resultado criminal deseado y oportunamente probado en las actuaciones principales”.
Así, de acuerdo al procesamiento, conformaron un engranaje clave en el direccionamiento de la obra pública hacia las empresas de Báez, una maniobra que incluyó un amplio abanico de irregularidades, como doble concurrencia de las firmas del empresario en licitaciones, adjudicaciones veloces y muy por encima de la capacidad técnica de esas empresas, pagos preferenciales y extensiones injustificadas en los plazos de “entrega”.
“El hecho de que las mismas prácticas se reiteraran a lo largo del tiempo y en múltiples procedimientos (sin intervención correctiva alguna por parte de las autoridades de la AGVP) refuerza la hipótesis de que no fueron hechos ocasionales ni errores administrativos, sino elementos funcionales de una estructura sostenida durante más de una década orientada al favorecimiento sistemático de un grupo empresario determinado”.
“Tenemos por acreditado -sigue el fallo-, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, que los acusados permitieron implementar y articular la maquinaria de corrupción, en tanto sus funciones, dentro de sus respectivas competencias en materia de obras públicas viales”.
Los magistrados consideraron que las conductas atribuidas a los exfuncionarios de Vialidad provinciales “revisten menor capacidad de daño” que las de los funcionarios nacionales. Por eso, desacoplaron el embargo de la cifra que fijó en su momento el Tribunal Oral 2 contra Cristina Kirchner y el resto de los condenados, actualizada luego a más de 600 mil millones de dólares.
De ese modo, sobre el conjunto de los funcionarios provinciales, la Cámara dictó un embargo actualizado de 8000 millones de pesos.
(Fuente: La Nación)
