El reconocido abogado Diego Dedeu advierte que el caso de Susana Medina revela un déficit institucional “mucho más serio” que las ausencias.
El pedido de juicio político y remoción presentado contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Susana Medina, abrió un debate que excede el caso individual. Así lo planteó el abogado Diego Dedeu, quien advirtió que el conflicto expone una debilidad estructural del Poder Judicial provincial: la inexistencia de un código de ética judicial específico para magistrados del máximo tribunal.
Dedeu —abogado egresado de la UBA, Master en Derecho por Georgetown University, especialista en asuntos públicos, ética profesional y derecho del consumo, ex presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y actual coordinador de la Comisión de Juicio Político de esa entidad— en diálogo con ANÁLISIS sostuvo que esta ausencia normativa “favorece situaciones confusas y sin control”, al no existir reglas claras que delimiten conductas, incompatibilidades y sanciones.
Consultado sobre el caso Medina, Dedeu señaló que “esto es producto justamente de la ausencia de un código de ética judicial a nivel provincia”. Destacó que sí existen marcos normativos estrictos para otras funciones vinculadas a la Justicia, como el código de ética profesional del Colegio de Abogados de Entre Ríos, o los estándares éticos aplicados a conciliadores y mediadores dependientes del propio Poder Judicial.
“Lo cual parece incoherente —advirtió—: lo tienen para personal que no es de planta permanente del Poder Judicial y no lo tienen para los vocales del Superior Tribunal”.
Para el abogado, este vacío regulatorio genera que las denuncias públicas se interpreten como disputas personales o discusiones morales, cuando deberían tramitarse bajo parámetros normativos específicos. “La gente empieza a confundirlas con una cuestión personal de moral, cuando esto debiera ser una cuestión regulatoria. Cuando uno viola la ley no está violando solamente una cuestión moral, sino justamente la normativa; y por ende hay una sanción”, sostuvo.
El pedido de juicio político a Susana Medina
La denuncia presentada en Diputados imputa a Medina más de 660 días hábiles de ausencia, presunto uso indebido de bienes del Estado, viáticos y vehículos oficiales sin justificación documental, y supuesta “desviación de poder” al utilizar recursos públicos en actividades no vinculadas a sus funciones jurisdiccionales.
Si bien Dedeu aclaró que no puede afirmar que los hechos imputados estén comprobados, sí consideró relevante la investigación periodística de ANÁLISIS que dio origen al pedido. “Es una investigación muy seria del periodista”, indicó.
Más allá del detalle de los días de ausencia, Dedeu señaló que, a su criterio, “mucho peor es el manejo de fondos sin la correspondiente justificación y sin las autorizaciones normales que debieron haberse presentado”.
Con trayectoria académica en derecho crediticio y ética profesional (UBA), coautoría en proyectos normativos y experiencia en órganos disciplinarios del CPACF, Dedeu remarcó que el caso Medina demuestra la necesidad de avanzar en reglas claras de integridad judicial.
“Ese marco faltante genera este tipo de situaciones”, sintetizó, al tiempo que insistió en que los comportamientos de los miembros del STJ no pueden quedar librados a interpretaciones morales o a criterios difusos de responsabilidad”.
