La parálisis de la urbanización de los barrios populares deteriora aún más la relación de Milei con la Iglesia

Las diferencias de la Iglesia católica con el presidente Javier Milei se siguen acumulando. Primero los obispos manifestaron su oposición a la baja de la edad de imputabilidad penal porque consideran que hace falta un abordaje integral y financiamiento para la reinserción de los menores. Luego expresaron su oposición a la reforma a la Ley de Glaciares porque creen que afectará el ecosistema. En la última semana sumaron un enérgico pedido por la virtual paralización de las obras de urbanización en los barrios populares de todo el país.

En los medios eclesiales se acepta que el combate a la delincuencia juvenil y la explotación de los recursos naturales son temas muy polémicos. La baja de la edad de imputabilidad hace décadas que se discutía en el país y, según las encuestas, son una gran mayoría los que están a favor, como de todo lo que signifique más represión del delito, sin reparar en las causas. A su vez, la explotación minera suscitó protestas en varias provincias no sólo de grupos ecologistas, sino también de habitantes.

Pero les resulta difícil de entender que se detengan las obras de urbanización de los barrios populares -y el consiguiente desmantelamiento de la subsecretaría de Integración Socio Urbana- porque destacan que fue producto de una ley sancionada casi por unanimidad en el Congreso en 2018. Y que declara de interés público la regularización de los barrios populares y la integración socio-urbana, a la vez que promueve obras de infraestructura y servicios básicos como cloacas y red eléctrica.

La ley toma en consideración la existencia de más de 6400 barrios populares relevados en 2016 en el marco del primer Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) dispuesto por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri. Todo era parte de una estrategia para garantizar el “derecho al hábitat” -que incluía la expropiación de tierras y la suspensión de desalojos- promovida por la misma Iglesia católica, organizaciones sociales y habitantes de los barrios urbanos.

Financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que recibía un porcentaje del impuesto PAÍS, las obras durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández abarcaron con diversas envergadura al 80% de los barrios populares, con más de 1200 proyectos, servicios en 24.000 lotes y 250.000 mejoras habitacionales a través del programa Mi Pieza, dijo esta semana en un coloquio la ex subsecretaría de Gestión de Tierras, Fernanda García Monticelli.

El presidente Javier Milei degradó a la secretaría de Integración Socio Urbana -en un comienzo estaba al frente su alfil en Provincia, Sebastián Pareja- en subsecretaría. Y desfinanció al FISU -tras eliminar el impuesto PAÍS no lo orientó a otro gravamen, ni lo puso en el presupuesto- por considerar que venía siendo manejado con fines partidarios por Juan Grabois a través de quien encabezaba en el gobierno anterior la secretaría, Fernanda Miño, e inferir que había corrupción.

Tanto en la Iglesia como en las organizaciones sociales y ONG vinculadas a la vivienda popular dicen que el programa fue auditado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sindicatura General de la Nación y la Universidad Católica Argentina, que certificaron su transparencia y eficiencia. Señalan que, si hay manejos partidarios y corruptos, lo que corresponde es despolitizarlo y sanearlo, pero no suprimirlo porque el Estado no puede desentenderse de su rol social.

“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el presidente de Cáritas, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, al hablar también en el coloquio que fue organizado por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, en el que intervinieron, además, el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, y la referente del Barrio Obrero de Cipolletti, Liliana Calderón.

Consciente de que una parte de la sociedad no se muestra sensible a las necesidades de quienes viven en los barrios populares -acaso los consideran responsables de su propia pobreza y no a los gobiernos-, Carrara se preguntó “qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero sí otros no comen no hay problema’”. Además, alertó que donde no hay urbanización hay más marginalidad y mejor se expande el narcotráfico, afectando a toda la sociedad.

En la Iglesia reconocen que hubo un aumento tanto de beneficiarios como del poder de compra de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar, beneficiando a seis millones de personas a finales de 2025. Pero consideran que el abordaje de la pobreza no debe ser sólo por ingreso, sino multidimensional promoviendo el acceso a la educación, la salud, la vivienda, los servicios básicos, el trabajo, la seguridad social y a la tecnología.

Precisamente, este enfoque multidimensional lo viene reclamando hace tiempo el Observatorio de la Deuda Social Argentina (OSDA) de la UCA que esta semana, en un análisis del periodo 2023-2025 titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”, sumó la necesidad de “políticas industriales, tecnológicas y de crédito inclusivo” porque “existe el riesgo de profundizar desigualdades territoriales y ocupacionales”.

Tras reconocer que el Gobierno “logró estabilizar variables críticas, recomponer el superávit fiscal y desacelerar la inflación”, advierte que “persisten desequilibrios estructurales que condicionan la sostenibilidad del crecimiento”. A la vez que destaca que “la economía continúa transitando una etapa frágil, con costos sociales asociados al proceso de ajuste”, más allá de “una caída de la pobreza y la indigencia medida por ingresos”, un indicador, dice, con limitaciones.

El OSDA afirma que “el perfil agro-minero-exportador y tecnológico hacia el que se orienta la economía genera excedentes significativos, pero presenta baja demanda de empleo”. Señala que “sin una estrategia explícita de inversión destinada a expandir el entramado pyme, formalizar actividades informales y fortalecer el capital humano, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más fragmentada y con menor movilidad social ascendente”.

En otras palabras el Observatorio le está pidiendo al gobierno políticas de aliento a la producción ante un modelo que “promueve la primacía del mercado, la apertura comercial y la atracción de inversiones en sectores con ventajas comparativas”. Pero que “supone una profunda reconversión productiva, con efectos sociales de alta volatilidad, heterogeneidad y dispersión”.

Claro que Javier Milei no cree en políticas productivistas -ni tampoco en la obra pública-, sino en que la baja de la inflación, la apertura y el libre mercado darán paso a las mejoras. Habrá que ver si los actores más débiles del quehacer económico y los pobres pueden aguantar el ajuste y una transformación de la economía que por ahora tiene un final abierto.

(*): publicado en TN.