En la Cámara de Diputados de la Nación se realizó este martes una convocatoria en la que participaron rectores, estudiantes, docentes y organizaciones sindicales de más de 20 Universidades públicas. Allí se ratificó la necesidad imperiosa del cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y de la recomposición del salario docente, que se encuentra vigente.
Frente al intento del Poder Ejecutivo de modificar dicha ley, agravando el desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, quedó expuesto que desde 2023, con la asunción de Javier Milei, el presupuesto cayó un 28,9% y el salario docente y no docente perdió un 31% de su poder adquisitivo.
Diputados y diputadas de distintos bloques que convocaron al encuentro, entre ellos la entrerriana Blanca Osuna (PJ), coincidieron en ratificar la urgencia de defender el sistema educativo argentino y, en consecuencia, a las universidades que forman parte de él, reafirmando el compromiso legislativo con una ley votada por el Congreso y cuyo veto fue rechazado.
Al inicio de la reunión se dio lectura a un mensaje del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rector Oscar Alpa, quien expresó: “Una vez más, exigimos el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y la urgente convocatoria a paritaria docente y no docente para recomponer la pérdida salarial que se está sufriendo en 2026”.
El rector de la UTN, Rubén Soro, manifestó: “Como rector de una universidad creada para dar una oportunidad a los trabajadores, debo decir que esto duele mucho; es nefasto y persigue un solo objetivo, que es la destrucción total de la universidad pública”.
Durante el encuentro, referentes del sistema universitario fueron contundentes en sus expresiones. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, sostuvo: “Estamos acá para decirle al Gobierno que no todo vale en un país como Argentina, un país que desde hace más de 50 años decidió que las instituciones valen y deben respetarse. Venimos de dos años de mucha lucha; si esta ley no se cumple, el sistema universitario tiene serio riesgo, y acá estaremos en defensa de la Universidad pública”.
La secretaria general de SADOP, Luz Marina Jaureguiberry, planteó la “necesidad de un tratamiento integral que mire educación, financiamiento y paritarias en conjunto”. Además, advirtió: “A la reforma laboral hay que sumarle la reforma educativa que quiere el Gobierno. Luchamos por el FONID, por las condiciones y el medioambiente de trabajo y contra la declaración de la educación como servicio esencial, que cercena el derecho a huelga. Luchar en unidad, pensar en unidad y construir el futuro en unidad”.
En la misma línea, Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, señaló que “los países que se desarrollan destinan entre el 4,5% y el 6% del PBI a educación. Hoy tenemos un presupuesto educativo que es el más bajo de la historia”.
Finalmente, Ana Clara Chevallier, secretaria de CONADU, remarcó: “El proyecto de reforma ataca la ley de financiamiento universitario tal cual la conquistamos. Los salarios son la columna vertebral del sistema y la reforma que plantea el Poder Ejecutivo corre el eje de ese punto. Tenemos que defender el sistema universitario completo, con presencia en todo el territorio nacional. Tenemos que defender el futuro en común que el Gobierno quiere atacar”.
Con un auditorio colmado y una amplia representación, el encuentro dejó en claro que hay una posición firme y transversal en defensa de la Universidad pública, su financiamiento y el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795. La unidad expresada en esta convocatoria marca el camino para sostener, en el ámbito del Congreso, en el debate público y en las movilizaciones, la defensa de la educación como política de Estado.
