“Si el gobierno y sus funcionarios siguen en el marco de otorgar montos que están por fuera de la Constitución, veremos dentro del Frente Gremial si podemos hacer denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos", advirtió Besel.
El secretario General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Andrés Besel, cuestionó la propuesta salarial que hizo el gobierno provincial en el marco de la mesa paritaria y anticipó que, si se concretan pagos en negro, se podría judicializar el tema.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Besel recordó que “a partir del 1 de diciembre, en función de que se terminaba el acuerdo paritario firmado el 6 de marzo del 2025, habíamos solicitado a través de la Secretaría de Trabajo, al Consejo de Educación y al propio Ministerio de Economía, ya comenzar las reuniones porque veíamos que se cerraba el acuerdo y necesitábamos, en función de algunos números que estábamos manejando, comenzar a charlar la paritaria 2026. Lamentablemente eso no ocurrió y recién en el día de ayer se nos convocó por primera vez”.
Al respecto, definió que “la propuesta es totalmente fuera de lugar, porque son montos en negro que van en contra de lo que tenemos por mandato de Congreso que son montos remunerativos y bonificables, es decir que vayan para la obra social –que tiene un montón de problemas en este momento la OSER- para la Caja de Jubilaciones y, por supuesto, para nuestros profesores y maestros que ya están jubilados. Ante eso también habilitamos el rechazo que se dio en el marco de la paritaria en el día de ayer y el jueves a partir de las 9 de la mañana tenemos Congreso Extraordinario de Delegados donde vamos a analizar la situación y veremos los pasos que se determinen en ese marco”.
Ante la insistencia del gobierno provincial de mantener el ofrecimiento de bonos no remunerativos, el dirigente expresó: “Nosotros pretendemos que la ciudadanía entienda que hay una Constitución provincial que en su artículo 82 inciso D habla del salario de los trabajadores, y específicamente de la educación, en donde claramente queda establecido que deben ser remunerativos y bonificables”.
En ese marco, resaltó que “en algunos momentos, hemos aceptado que el FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente) y la conectividad sean remunerativos nada más y no bonificables, porque en un esfuerzo de los compañeros y compañeras en el Congreso se decidió que, al menos, vayan aportes a la obra social, a la Caja de Jubilaciones, y que los jubilados también reciban parte de la recomposición salarial”.
Y definió de manera categórica: “Hasta el momento nunca hubo aumento, siempre fue recomposición en el marco de pérdida de poder adquisitivo. Nosotros le hemos dicho al gobernador y a los funcionarios que, si bien ellos ingresaron en el 2023, todos los trabajadores y todos los argentinos sufrimos una devaluación del 118%, lo que produjo en ese 2024 una pérdida del 23,5% del salario. Eso este año no se ha recuperado y el año pasado en el marco del acuerdo que, si bien nosotros firmamos, también dejamos establecidas algunas diferencias y una de las más claras es que tomando cada trimestre la base del salario y actualizándolo con el INDEC, claramente hay una pérdida que se va dando por acumulación. La inflación es acumulativa mes a mes y nuestra actualización se daba cada trimestre en función del salario que se utilizaba como base. Así que lo vemos difícil, por lo menos hasta el jueves en que el Congreso determine si hay algún tipo de posibilidad de aceptación o no de fondos en negro. Nosotros como conducción no podemos aceptarlo al día de hoy y claramente se lo dijimos ayer a (el presidente de CGE, Carlos) Cuenca y al secretario de Trabajo, que estaba fuera de nuestras atribuciones poder aceptar la discusión. El jueves cuando analicemos con los delegados y delegadas que van a estar en el Congreso y que traen el mandato de sus compañeros de la escuela se podrá modificar o no la situación”.
Besel admitió en este contexto que la oferta del gobierno “está lejos de lo que imaginábamos que iba a ser”. “Se lo dijimos ayer a Cuenca, y creo que está en el acta paritaria, que la verdad nos sorprendió que a la policía se le está dando entre 350.000 y 280.000 de mínimo, y a nosotros 45. Entendemos que los compañeros de la policía están en la calle y toda su situación, pero hay una diferencia impresionante, de entre tres y cuatro veces más. Ellos intentaron explicarlo, pero realmente a nosotros desde AMET nos sorprendió porque no teníamos ningún dato de lo que podía ser la propuesta”, reveló.
“Quedamos muy lejos de los números, porque incluso de la administración central, y específicamente a la policía, se le habían ofrecido cifras muchísimo más importantes; más allá que también eran no remunerativas y no bonificables. Pero quedarnos con 45.000 pesos por persona, por cada DNI, porque ni siquiera se contempla que hay muchos compañeros y compañeras que trabajan doble cargo en la provincia, significa que estamos muy lejos. Nos sorprendió la oferta y nos puso en una situación donde tuvimos que expresarle al presidente del CGE que veíamos, no sé si discriminación, pero sí claramente una desvalorización de la tarea docente, que en el marco de la propuesta quedaba bien explícita”, sentenció.
Consultado por la situación de las escuelas técnicas de la provincia, más allá de la coyuntura salarial, Besel aseguró que “es muy complicada” y explicó: “Teníamos un fondo específico que estaba dado por la ley 26.058, en su artículo 52, y que destinaba el 0,2% del presupuesto anual consolidado de la Nación, y que se derogó a partir el Presupuesto 2026 solamente en el artículo 52, y era todo un proceso económico pero también de modificación del programa de estudio, de actualización para la mejora de la calidad educativa en la educación técnico profesional, que son las escuelas técnicas, las escuelas agrotécnicas, los institutos superiores técnicos y la formación profesional. Eso lamentablemente, también lo transmitimos ayer al presidente Cuenca y en su momento al ministro (de Gobierno y Trabajo, Manuel) Troncoso, que Entre Ríos avaló que se derogara el artículo 52 de la ley”.
Agregó que “el presupuesto que el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) tiene destinado para Entre Ríos para el año 2025 era de 720 millones de pesos y es una promesa que no está avalada por ninguna legislación ni por ninguna normativa, simplemente es una promesa de Ludovico Grillo que es el director ejecutivo del INET de que se va a cumplir ese presupuesto. Por eso lo que estamos haciendo en Entre Ríos es tratando de que esos recursos, que son los mínimos y necesarios, lleguen. Entre Ríos ha tenido topes de 3.000 millones de pesos de inversión en educación técnico-profesional, lo que ha caído a 720, y por todo esto entendemos que el gobierno debe poner las barbas en remojo y exigirle al INET que esos fondos lleguen”.
En ese marco, comentó que “también los compañeros de la Dirección de Educación Técnica están tratando de consensuar algunos proyectos jurisdiccionales para que, a través de AMET Nacional, podamos hacer presión y que las escuelas –y fundamentalmente los alumnos y las alumnas que son los destinatarios de esos fondos- puedan mejorar en la calidad educativa y en la formación de los chicos y chicas. Estamos tratando de que esos fondos mínimos lleguen y que no se corten, pero la situación es complicada”.
Admitió que al gremio “nos defraudó mucho, tanto el gobierno nacional como el provincial al haber quitado estos recursos tan necesarios, mientras se bajaban impuestos a sectores muy acomodados de la sociedad argentina como son bienes personales. Así que estamos muy defraudados en ese sentido, tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional”.
Respecto de una posible judicialización de la paritaria, planteó que “primero, en la Constitución artículo 82 inciso D, está claramente establecido la calidad de cómo se deben pagar los sueldos. En una coyuntura económica complicada, nosotros hemos aceptado que el FOPID y la conectividad sean remunerativos solamente y no bonificables, es decir que va a la obra social y a la Caja de Jubilaciones, pero no se computa para la antigüedad del docente. En este marco hay que remarcar que estamos en un proceso de beligerancia y la ley 9.624 de paritarias establece que, si se determinan acciones gremiales, el gobierno o la Secretaría de Trabajo pueden pedir la conciliación obligatoria, que son 20 días corridos para tratar de encontrar una solución”.
“Y específicamente si el gobierno y sus funcionarios siguen en el marco de otorgar montos que están por fuera de la Constitución, veremos dentro del Frente Gremial si podemos hacer denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Esta es una evaluación de manera teórica, y en el caso de AMET dependerá de lo que se decida el jueves en el Congreso. Si tenemos mandato, lo llevaremos al Frente Gremial docente”, concluyó.
