El nuevo servicio de transporte público de pasajeros de Paraná comenzó sin inconvenientes, luego del acampe que montaron trabajadores de la UTA frente al predio de donde saldrían los primeros colectivos a la medianoche, el cual fue levantado en horas de la madrugada. La Municipalidad había presentado un pedido en la Justicia que derivó en una medida autosatisfactiva de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná que ordena al sindicato evitar acciones que pongan en riesgo el cumplimiento del servicio desde este domingo 7 de diciembre.
El reclamo de la UTA se realizó en forma pacífica frente al predio de la empresa San José, que ganó la licitación y desde este domingo brinda el servicio público a los paranaenses, ubicado en Jorge Newbery y Salellas, encabezados por el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, y el secretario gremial, Gustavo Rupp.
En tanto, teniendo en cuenta el contexto de conflicto de las últimas semanas y falta de acuerdo entre el sindicato y la empresa oriunda de Misiones para la incorporación de personal de ERSA, el secretario Legal de la Municipalidad, Pablo Testa, junto al abogado Adrián Albornoz, pidieron a la Justicia que se dicte una medida que garantice que los manifestantes no interrumpan el cumplimiento del servicio.
Este mismo sábado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná, integrada por los vocales Marcelo Baridón, Aranzazú Quiroga y el vocal subrogante Edgardo Cossy, dictó la sentencia donde resolvió hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Municipalidad, ordenando a la Unión Tranviarios Automotor abstenerse de acciones que impidan el inicio de la nueva concesión del servicio público de transporte.
Los abogados que acudieron en representación de la Municipalidad de Paraná solicitaron el dictado de dicha medida con carácter urgente, excepcional e independiente de una acción posterior. El objetivo principal era asegurar que el nuevo servicio público de transporte, a cargo de la empresa San José, pudiera iniciar y ser realizado con la continuidad necesaria a partir del 7 de diciembre, sin verse impedido.
La acción fue dirigida contra la UTA y cualquier otra persona que intentara obstaculizar las actividades de prestación del servicio. Específicamente, solicitaron que se impida el armado de carpas y acampe por parte de personas ajenas a San José, en el predio o inmediaciones de la nueva concesionaria, argumentando que esto tenía el fin de amedrentar y atemorizar al personal (incluyendo mujeres), y alteraría la paz social, impidiendo la prestación del servicio público.
La Municipalidad denunció que la continuidad del servicio peligraba debido a medidas de acción directa que la UTA estaba dispuesta a adoptar, en el marco de un conflicto con la anterior operadora, “Buses Paraná- Agrupación”. Los letrados afirmaron que cualquier inconveniente laboral entre los empleados de la anterior empresa era ajeno a la nueva concesionaria San José, ya que el contrato de concesión anterior se encontraba vencido.
Derecho a huelga y uso de la fuerza pública
En la sentencia firmada por Quiroga y Baridón (Cozzy se abstuvo) se destacó que la dimensión del servicio y su impacto en la vida comunitaria confirman su contribución al interés público.
Se refirieron al carácter esencial del servicio público, que cuenta con “la supremacía del interés general sobre los intereses particulares”, por lo que las medidas de acción directa se encuentran seriamente limitadas, o incluso prohibidas, en este ámbito. En este sentido, citaron la Ley provincial 10.774 que rige en Entre Ríos y clasifica el transporte público de pasajeros como un servicio esencial. La norma obliga a garantizar la prestación y evitar la interrupción del servicio en casos de conflictos laborales.
A su vez, plantearon los “límites al derecho de huelga”: aunque “el ejercicio de acciones directas no puede ser objeto de prohibiciones preventivas” (para no violar la libertad sindical), la medida autosatisfactiva prospera porque estas acciones sí pueden ser limitadas efectivamente para permitir la continuidad del servicio público afectado, afirmaron los vocales
Por último, los camaristas se refirieron al uso de la fuerza pública. En este aspecto recordaron que las decisiones de la administración municipal (como la concesión del servicio) gozan de ejecutoriedad. Es decir, “el uso preventivo, mesurado, prudente y mínimamente indispensable de la fuerza pública, destinado a garantizar la continuidad del servicio, integra las competencias municipales, sin perjuicio de la necesidad de requerir intervención judicial para cualquier injerencia sobre el domicilio o libertad individual”.
Por esto, la Cámara ordenó a la UTA y a cualquier otra persona “abstenerse de organizar y concretar medidas de acción directa en las inmediaciones de la sede de la empresa San José que impidan u obstaculicen la continuidad del servicio o que signifiquen amenaza o intimidación a la libertad de trabajo del personal”. Y se notificó de esta medida también al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, para garantizar la prestación del servicio público.
Pasada la medianoche, el gremio desarmó la carpa y los manifestantes se retiraron en su totalidad. Gustavo Rupp manifestó que durante la mañana se van a reunir en la sede del camping de la UTA, ya que los choferes de san José se pueden ver intimidados y no salir a la hora estipulada, lo cual consideraron que no le sirve a nadie.
