El presidente Mauricio Macri tiene previsto firmar este miércoles un decreto que traspasa el programa de testigos protegidos y el de los arrepentidos a la órbita de la justicia, una medida que despierta controversia.

Según publicaron Clarín y La Nación, el jefe de Estado trasladará a la Cámara Federal de Casación Penal el programa de testigos protegidos y el de los arrepentidos. Pero la medida es cuestionada porque quienes brindan los operativos de seguridad para ello son las fuerzas que seguirán dependiendo del Gobierno.

El presidente electo Alberto Fernández dijo que no está de acuerdo y que no fue consultado para la firma de este decreto, pese a una primera versión que indicaba que sus asesores habían sido tanteados sobre la norma.

“Difícilmente puedo estar de acuerdo si no me consultaron”, explicó Fernández en su cuenta de Twitter.

La decisión de trasladar los programas es para evitar -dijeron desde la Casa Rosada- que el carácter reservado y la seguridad de los testigos protegidos y de los arrepentidos no quede en manos de un eventual gobierno kirchnerista “porque algunos de sus miembros están involucrados en esas causas judiciales”.

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Entonces, las versiones sostienen que el decreto busca hacer lugar a un reclamo de los propios arrepentidos y de testigos que declararon en causas vinculadas a la gestión de Cristina Kirchner, quien ahora será vicepresidenta. Sin embargo, la versión no fue apoyada con ninguna declaración oficial.

Desde el Ministerio de Justicia le dijeron a Clarín que se debe resguardar la identidad de los testigos protegidos, cuyo programa tiene 225 personas y familiares de personas involucradas en causas de delitos federales.

El Gobierno sostiene que antes de tomar la decisión hubo consultas con el Poder Judicial y con miembros de la Corte Suprema de la Nación.