Bonafini y la esposa de Boudou exigen definiciones a los legisladores del Frente de Todos

Bonafini junto a la esposa de Amado Boudou

Un día después de difundir una carta dirigida a Alberto Fernández pidiéndole que decida de qué lado está, la dirigente apuntó ahora a los diputados y senadores del Frente de Todos para apurar la liberación de los detenidos.

Tras su apoyo inicial, Hebe de Bonafini de a poco empezó a marcar diferencias con el gobierno encabezado por Alberto Fernández. El primer cuestionamiento de la dirigente estuvo vinculado a la posición del presidente frente a los medios de comunicación y en las últimas horas hizo saber otro, relacionado con la situación de los exfuncionarios kirchneristas que continúan detenidos, haciendo especial hincapié en el caso de Amado Boudou.

Ayer, Bonafini difundió una carta dirigida al presidente en la que le pidió que decida de qué lado está, lo criticó por una frase pronunciada durante un encuentro con organismos de derechos humanos –“No hay presos políticos sino detenidos arbitrarios”– e hizo una férrea defensa de Boudou.

Este jueves, durante la tradicional marcha de los jueves en la Plaza de Mayo, Bonafini redobló la apuesta y les pidió definiciones sobre la cuestión a los legisladores del Frente de Todos. Acompañada por la pareja del exvicepresidente, la exdiputada mexicana Mónica García de la Fuente, y por el abogado de Boudou, Alejandro Rúa, Bonafini exigió “compromiso y memoria” y dijo que olvidaron las promesas de campaña.

“Yo les pido desde aquí, que todos los políticos, todos, también los nuestros, no se vuelvan evangelistas a la hora de comprometerse. Necesitamos compromiso político de los políticos, a los que les hemos puestos el voto, que prometieron la libertad de los presos, que lo gritaban cuando hacían un discurso”, sostuvo al respecto.

Y agregó: “Resulta que cuando consiguieron la banca se olvidaron de lo que dijeron en el discurso. Les pido que revisen sus discursos, cuando pedían la libertad de los presos. ¿La siguen pidiendo? ¿La quieren o no? A ellos también les pido que hablen claro”.

En otro tramo de su alocución, la titular de Madres de Plaza de Mayo pidió que cierren una cancha de fútbol y sancionen a los jugadores que disputaron un partido en el que Cristina Kirchner habría sido insultada y comparada con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, aunque no especificó a que encuentro futbolístico se refería.

Antes del discurso de Bonafini, tomaron la palabra Rúa y García de la Fuente. El abogado agradeció la carta de Madres sobre la situación de su defendido, consideró que Boudou y Milagro Sala son “presos políticos" porque sus detenciones fueron “reclamadas por el poder político, motorizadas por el poder político”.

“Sin esa voluntad política del gobierno anterior, esas detenciones no hubieran sucedido”, sostuvo Rúa, al tiempo que apuntó a una “articulación entre el poder político, el poder judicial y el poder mediático”.

“Sin una sentencia firme y después de un juicio en el que se hayan respetado las garantías, ninguna persona puede dejar de ser tratada como inocente. Este primer reclamo es a la Corte, que es un reclamo directo; la cuestión que sigue es que si la Corte no va a moverse, va a haber que hacerlos mover, no hay otra posibilidad. El actual gobierno, que reconoce las detenciones arbitrarias, va a tener que asumir las responsabilidades si la Corte no lo hace", agregó el letrado.

A su turno, la pareja de Boudou se mostró muy agradecida por el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo y remarcó que no piden “un perdón o un indulto, sino justicia para Amado y para todos los presos que están lejos de sus familias”.

“Espero que pronto Amado pueda estar con su familia y sus hijos. Merece estar afuera, para estar en un proyecto nacional y popular, porque es su vida. Él me ha dicho que su vida es buscar la justicia y la igualdad social”, sostuvo la ex legisladora mexicana, madre de los hijos de Boudou.

El ex vicepresidente está detenido en la cárcel federal de Ezeiza, donde cumple condena por el caso Ciccone. En agosto de 2018 recibió una pena de cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra, a través de una empresa pantalla, de la calcográfica Ciccone. En octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 4 le redujo dos meses y medio la condena al considerar que ya había estado detenido durante ese tiempo por una causa conexa.

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