El gobierno postergó para principios de la semana que viene el envío de la reforma judicial, el proyecto "emblema" de Alberto Fernández que apunta a diluir el poder de los jueces de Comodoro Py y que la oposición espera leer a contraluz, atento a los procesos judiciales contra la vicepresidenta.

Fernández dijo en una entrevista con Página 12 que enviaría esta semana el proyecto al Congreso. El Presidente tomó la decisión de activar la agenda institucional, pero lo cierto es que faltaba ajustar el formato del anuncio y cerrar detalles de la comisión consultiva que se dedicará a la revisión del Poder Judicial, y finalmente se fijó como nueva fecha el lunes próximo, según coincidieron funcionarios y portavoces que consultó La Nación.

Esta tarde, el Presidente tenía previsto reunirse con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para definir el formato que tendrá la presentación en sociedad del proyecto, con el que pretende marcar un hito de gestión.

Según afirmó ayer un importante ministro a La Nación, el proyecto entraría por el Senado, aunque otro portavoz asentado Olivos todavía dudaba y no lo daba como una decisión cerrada. De entrar por la Cámara alta, la iniciativa pasará a integrar la agenda de Cristina Kirchner, que tiene a un incondicional, el senador neuquino Oscar Parrilli, como titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. En el Senado el oficialismo tiene una mayoría más holgada, pero también es el ámbito donde se registró una mayor hostilidad entre el oficialismo y la oposición, con un proyecto que pretende sumar consenso.

"Justicia pendular"

El corazón del proyecto de ley del Presidente propone la creación de un nuevo fuero federal penal para desconcentrar el poder de los doce jueces de Comodoro Py y distribuirlo en casi medio centenar de juzgados. Contemplará un reordenamiento de la Justicia de la Capital Federal, con fusiones de fueros y el traspaso de competencias a la Ciudad.

Fernández pretende exhibir a la iniciativa como una solución de fondo a la "Justicia pendular", con un proyecto que resucita el espíritu de la reforma que alguna vez redactó Gustavo Béliz ya que busca terminar con la convivencia de tres justicias en la ciudad (la federal, la nacional y la porteña). Un "error original", según el actual secretario de Asuntos Estratégicos, que quiere esta reforma desde 2003.

La iniciativa prevé que pasen a ser 46 los juzgados federales. Se fusionarían los 12 juzgados federales de Comodoro Py existentes, más los 11 juzgados en lo penal económico (que hoy están en el edificio con Avenida de los Inmigrantes) y luego cada uno se desdoblaría en dos.

El nuevo esquema generaría más de una veintena de vacantes. Quiénes serán los nuevos jueces federales y cuántas vacantes quedarán por llenar con el reordenamiento es lo que genera mayor ansiedad en la oposición, que mira con atención los problemas judiciales de la vicepresidenta. En la Casa Rosada insisten en que "el juez natural será respetado".

Mientras que la iniciativa presidencial todavía espera su presentación y tratamiento en el Congreso, el kirchnerismo acelera su hoja de ruta con los tribunales, con una agenda más urgente.

A esa dinámica obedece el proyecto para revisar la designación de jueces federales que fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, una nómina en la que aparecen magistrados que deben decidir sobre causas de Cristina.

El pedido fue elevado por Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, que planteó que hay diez jueces cuyos traslados deberían ser ratificados con un acuerdo del Senado. Aunque aparece como parte de la agenda del kirchnerismo, el Presidente y sus colaboradores concuerdan, desde lo jurídico, con el planteo, que tiene un fuerte rechazo de la oposición. El debate en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura quedó postergado hasta la semana próxima, cuando también el proyecto de reforma judicial estará bajo la lupa de todo el arco político.

Mientras en el gobierno confirman que el proyecto de ley de reforma judicial "ya está cerrado", en paralelo avanza el comité de juristas y notables del Derecho que analizará posibles cambios en otras áreas relevantes del Poder Judicial, como la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura. En la Casa Rosada presentaban a ambas iniciativas como parte de un "paquete" pero lo cierto es que todavía falta cursar invitaciones y confirmar la nómina de expertos que trabajarán ad hoc con el Ministerio de Justicia.

El gobierno pretende exhibir "pluralidad". Nadie en el oficialismo descarta de plano la participación de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner en la mayoría de las causas de corrupción en su contra. El letrado es experto en técnica jurídica y autor de códigos procesales desde 1980 y es bien valorado por Fernández. Entre los nombres que el gobierno tiene sobre la mesa figura también el de Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho y profesor de la UBA, quien fue amicus curiae en el juicio del Grupo Clarín contra el gobierno kirchnerista.En el comité habrá al menos dos mujeres (quizás más) y representantes de las provincias del interior.