Volvió a reunirse la bicameral que analiza la fórmula de movilidad jubilatoria

Volvió a reunirse la bicameral que analiza la fórmula de movilidad jubilatoria

Volvió a reunirse la bicameral que analiza la fórmula de movilidad jubilatoria.

Dos especialistas expusieron este lunes en una nueva reunión virtual de la comisión bicameral mixta encargada de proponer antes de fin de año una nueva fórmula de movilidad previsional, tras la suspensión del cálculo anterior.

Del encuentro, encabezado por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) participaron el abogado previsional y docente Miguel Ángel Fernández Pastor; y Gabriel De Vedia, fiscal federal de la Seguridad Social y fiscal subrogante de Primera Instancia en el Fuero del Trabajo.

Fernández Pastor, quien trabajó en distintos organismos nacionales e internacionales de seguridad social, se refirió al financiamiento del sistema y explicó que “del ‘93 para acá ocurrió la baja de contribuciones patronales, una decisión política tomada por (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo y nunca reemplazada”.

“Esa disminución implica la pérdida de ingresos para la ANSES de 2,99 puntos del PBI, es decir, con eso solo alcanzaría para que el sistema no fuera deficitario. A eso habría que agregarle que la devolución del IVA por la coparticipación a las provincias implica otro punto y medio. Es decir, si todos los recursos originarios estuvieran a disposición de la ANSES, sería un sistema superavitario, que podría dar mejores prestaciones”, explicó.

Además, sostuvo que la “Ley de Reparación Histórica” sancionada en la gestión anterior “alteró muchísimo el sistema” porque “se le dio otro uso” a los recursos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), consignó Parlamentario.

El especialista advirtió que “la fórmula no será la que vote el Parlamento sino lo que la Justicia interprete que esa fórmula dice”. “La definición final va a ser siempre judicial”, insistió, y puso como ejemplo el fallo Badaro, que fue “a contrapelo de todas las decisiones legales”, ocasionando una pérdida de “15.000 millones de dólares”.

Por esa razón, propuso “una fórmula sencilla y simple que permita la menor cantidad posible de interpretaciones” y “que no motive la intervención judicial”. Además, consideró que el cálculo “debería ser igual para todos”.

En ese sentido, opinó que la fórmula sancionada en 2008, basada en recaudación y salarios, “dio buen resultado”. “Es una buena fórmula porque no pone en riesgo las arcas del Estado”, destacó, aunque aclaró que “habría que agregarle un fondo anticíclico” para “pagar la diferencia cuando los beneficiarios ganan menos que la inflación, y que cuando haya crecimiento económico, una parte del excedente arriba de la inflación sea devuelto por los jubilados para recapitalizar el FGS o ese fondo anticíclico para cuando haya crisis económica, y así sucesivamente”.

Por su parte, De Vedia resaltó que “la sociedad argentina está expectante” en torno a este tema y recordó que en el artículo 55 de la Ley de Solidaridad Social se estableció que la nueva fórmula debe garantizar “una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”, con especial atención en los sectores más bajos.

“La seguridad social se enmarca en los derechos humanos”, afirmó y citó los artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales referidos a la temática. En ese marco, pidió respetar los principios de universalidad, solidaridad, redistribución del ingreso y sustitutividad, entre otros.

“No sería inconstitucional pensar que por un tiempo pueda haber una fórmula diferenciada para los sectores más bajos, pero siempre que no sea en detrimento de las jubilaciones más altas”, señaló De Vedia, y añadió: “Si queremos dar una movilidad diferenciada, el pato no lo tiene que pagar ningún jubilado. Hay que buscar los recursos en otro lado”.

Por último, propuso a los legisladores “ganar tiempo” y realizar un “test de razonabilidad” sobre la fórmula propuesta para verificar si es constitucional y “evitar la litigiosidad”.

 

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