Gildo Insfrán lleva 25 años como gobernador, y otros dos períodos anteriores como vicegobernador del peronista Vicente Joga. Con 70 años cumplidos el 19 de enero pasado, pasó la mitad de su vida en la cima del poder de Formosa. Es uno de los tres mandatarios que todavía puede ser reelecto en forma ilimitada al frente de una las provincias más pobres del país. Su capital, la ciudad de Formosa, tiene un 42,4 por ciento de personas por debajo de la línea de pobreza y casi un 9 por ciento de indigentes, según la última medición del INDEC del primer semestre de 2020.

Sin embargo, en estos 34 años en el poder, los formoseños nunca pudieron conocer su patrimonio ni su sueldo. Gildo -no tiene segundo nombre - fue uno de los 12 gobernadores que se negaron a difundir sus bienes cuando se lo solicitó Infobae, y uno de los cuatro que no accedieron a decir cuánto ganan por mes como funcionarios públicos, destacó un informe de la periodista Mariel Fitz Patrick y publicado en el portal de Infobae.

De profesión veterinario -se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste- se dedica a la cría de ganado bovino, según surge de la base datos comerciales Nosis. Sin embargo, no figura como directivo ni accionista de ninguna sociedad del rubro.

En noviembre pasado, para ese informe especial sobre los bienes de los gobernadores, Infobae llamó al celular personal, al menos media docena de veces, del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, quien se ocupa diariamente de oficiar de vocero del gobierno para informar sobre la situación sanitaria en la provincia. González es quien, tras la represión del viernes a manifestantes que reclamaban contra la vuelta a la fase 1 de la cuarentena, desafió: “Acá no se rinde nadie”. El poderoso ministro formoseño nunca respondió la consulta de este medio. No atiende a los periodistas ni responde preguntas, más allá de sus partes informativos.

Infobae también intentó comunicarse en forma reiterada, al celular de su ministro de Economía y mano derecha, Jorge Ibáñez, y al de su jefe de Gabinete, Antonio Emérito Ferreira. En todos los casos, los funcionarios formoseños no respondieron ni los mensajes, ni los llamados para poder acceder a la DDJJ de Insfrán. También fueron infructuosos los intentos con su secretario privado, de nombre Alberto Fernández, llamando al teléfono de la Gobernación. Finalmente, Infobae llamó y mandó mensaje al propio celular del mandatario, sin éxito.

El reino de Insfrán

Insfrán -quien obtuvo su séptimo mandato consecutivo en 2019 con el 70 por ciento de los votos- maneja el distrito como un feudo. Se vale de una política clientelar y de sumisión, con un 70 por ciento de formoseños que dependen del empleo público. El estado policíaco que se impuso con el miedo pareció sufrir un quiebre con el reclamo público de ciudadanos que protestaron contra la vuelta a la fase 1 de la cuarentena, luego de que se conociera que hubo menos de una veintena de nuevos contagios de coronavirus en la provincia. La represión posterior dejó expuesta que la fuerza parece ser la única vía para acallar las protestas de aquellos que piden trabajar y volver a sus actividades. A nivel nacional, el accionar de la Policía ya se había hecho visible en la detención de dos concejalas que habían denunciado a Insfrán por las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento por el Covid-19. No fueron las únicas imágenes que pusieron a Insfrán en el ojo de la escena pública y en aprietos al Gobierno de Alberto Fernández, así como al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que cuestionó a los “medios hegemónicos” en un tímido repudio a la represión del viernes.

Ya se habían conocido imágenes de los operativos en que los efectivos provinciales se llevaban por la fuerza a formoseños que habían dado positivo, o habían estado en contacto con un caso de coronavirus. Escenas de particular brutalidad y falta de respeto a sus derechos se vieron con integrantes de las comunidades originarias.

Sin información ni transparencia

En Formosa, la Constitución provincial prevé desde el año 1991 -ratificada por la reforma del 2003- la creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero la norma para ponerla en funcionamiento nunca fue sancionada.

La Constitución también contempla, en su artículo 151, la Acción de Transparencia como mecanismo de acceso de cualquier ciudadano a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, legisladores y magistrados provinciales que deben presentarlas al asumir su cargo.

“Nunca les interesó sancionar la ley de creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, prefieren la oscuridad, y el ocultamiento de información al pueblo. El enriquecimiento de funcionarios tiene mucho que ver con esto, con la dificultad de acceder a la información sobre el patrimonio de quienes gobiernan, y también de una Justicia cómplice que completa el círculo de impunidad”, le dijo a Infobae, Martín Hernández, presidente de la Unión Cívica Radical provincial, rsaltó el portal de Infobae.

En la provincia tampoco hay ley de Ética en el ejercicio de la función pública, ni transparencia sobre el uso de los recursos provinciales. Es una de las cuatro provincias - junto con Tucumán, La Rioja, San Juan y La Pampa - donde aún no hay Ley de Acceso a la Información Pública.

“Está claro que es un modelo que se siente cómodo obrando sin transparencia. Todos los proyectos presentados en ese sentido, pierden estado parlamentario. No les interesa, y el oficialismo tiene la mayoría para evitar su tratamiento”, agrega Hernández, ex diputado nacional de Cambiemos por Formosa.

Peronista y oficialista

Insfrán logró perpetuarse en el poder, aliado de los distintos oficialismos peronistas en el Gobierno nacional. Fue menemista, duhaldista, apoyó a Adolfo Rodríguez Saá en su breve semana presidencial, y luego fue fervorosamente kirchnerista. Hoy es uno de los gobernadores elogiados por Alberto Fernández.

“Yo lo he visto a Gildo en todos estos años, lo he visto preocuparse por Formosa. Su mayor obsesión es que sus co-provincianos vivan cada día mejor. Y eso no habla de un buen político, que lo es, por eso lo eligen. Eso habla también de su condición humana. Gildo, siempre que pide, pide para Formosa”, dijo el jefe de Estado en mayo del año pasado, en su visita a la provincia ya como presidente, con Insfrán mirándolo a su lado.

Denuncias en su contra

Insfrán acumula denuncias judiciales en su contra. Tanto por sospechas sobre su patrimonio, como presunto lavado de dinero y corrupción en la obra pública. Sin embargo, en la Justicia formoseña, ninguna de estas causas avanzó.

La UCR provincial le pidió a la Justicia local que investigue la presunta compra de 25 mil hectáreas en Posadas, a nombre de un testaferro. También fue denunciado por presunto espionaje ilegal a miembros de la oposición, líderes de la comunidad wichí, e incluso periodistas.

La Justicia Federal también tiene que resolver su situación en el caso del pago millonario de Formosa a la firma The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou, en una maniobra vinculada al caso Ciccone.

Por su rígida política sanitaria de impedirle el retorno a los varados en la frontera de Formosa durante meses, abogados independientes y sectores de la oposición presentaron amparos ante la Corte Suprema. El Máximo Tribunal le ordenó que les permitiera el ingreso y dispusiera un sistema no discrecional para entrar a la provincia. Por este mismo motivo, fue denunciado por violaciones a los derechos humanos debido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A fines de febrero último, la Corte Suprema emplazó nuevamente al gobierno de Insfrán a llevar la política anticontagios “con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos” y volvió a advertir sobre una posible violación de derechos humanos en los centros de aislamiento dispuestos por su gobierno.

Insfrán perdura. Los reclamos crecen.