“Como Estado no podemos estar ajenos de ninguna manera a estos flagelos que atacan a nuestra sociedad, como la trata, el abuso, la violencia doméstica, la violencia de género, y tenemos la obligación de trabajar articuladamente, no sólo dentro del Poder Ejecutivo”, dijo la secretaria General de la Gobernación y Relaciones Institucionales, Sigrid Kunath.

Acciones

La posibilidad de realizar denuncias anónimas abrirá una instancia de participación social que hoy parece no ser posible. La convocatoria es amplia e incluye al poder judicial y legislativo, además de las organizaciones civiles.

En forma simultánea a la elaboración de un protocolo que organice y ordene la forma de actuar ante una denuncia y el posterior seguimiento de los casos, el Estado pondrá en marcha una campaña informativa con los elementos para que la persona que sea testigo o víctima de un hecho de violencia pueda denunciarlo y tenga la respuesta adecuada. Además, se avanzará en un mensaje de responsabilidad que involucre a la sociedad en esta cruzada.

Los organismos que intervienen profundizarán también su intervención en el territorio recorriendo los sectores más vulnerables con propuestas de contención.

“El tema de la violencia no debe sectorizarse ni asociarse a la pobreza. Si bien las condiciones de necesidades extremas ofrecen un medio propicio para hechos violentos, el fenómeno es mucho más complejo y atraviesa todos los sectores sociales”, expresó el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

“Estamos abocados a fortalecer la presencia del Estado con profesionales y metodología para afrontar este fenómeno, y al diseño de campañas que sensibilicen a la opinión pública”, dijo Báez.

El Ministerio de Cultura y Comunicación organizará con las direcciones de Cultura de distintos municipios, diferentes eventos para instalar la problemática.

La Justicia y el poder legislativo están siendo convocados para trabajar de la misma manera, al igual que los municipios y todas las organizaciones civiles que pueden realizar aportes. Es en este marco, que los ministerios de Desarrollo Social, Cultura y Comunicación, Trabajo, de Gobierno y de Salud, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia y la Policía vienen avanzando en un protocolo de asistencia integral de la violencia, en todos sus aspectos, es decir, para las víctimas y para los violentos.