Luis María Serroels

No pocos dolores de cabeza viene sufriendo el gobierno provincial en las últimas semanas, producto de su enfrentamiento con diferentes sectores, llámense los docentes, los agentes de administración central, el área de Salud, la rama de la Dirección General de Rentas y, como si fuera poco, las entidades del campo, a las que no trepidó en agredir con fuertes descalificaciones. Pero existen actitudes que parecen comunes a las respuestas oficiales ante los reclamos: la susceptibilidad y la paranoia instaladas en distintos despachos. Porque cada ataque verbal frente a opiniones que no coinciden con el discurso oficial adquiere forma de maltrato. Este gobierno supuestamente arribó para remediar los males del anterior y no para usarlos como excusa de sus propios yerros.

La hipersensibilidad con que se reacciona ante las críticas -donde no queda exento cierto periodismo que no acepta ser arriado- es una muestra de las dificultades que enfrenta el poder a la hora de encontrar elementos concretos que logren neutralizar las protestas y satisfacer los reclamos.

Uno de los ejemplos de marcada intemperancia se dio luego de que un destacado especialista en criminalística, el licenciado Roberto Locles, invitado a un programa televisivo, cometiera el "desliz" de dar una opinión sobre la muerte de Miguel Lencina que no coincidía con los informes de que se valió el juez de Instrucción Ricardo González a la hora de su resolución final sobre el episodio.

Si bien es cierto que una breve mirada sobre un cadáver dentro de un féretro -con el auxilio de un video- jamás puede brindar elementos claros y suficientes como para emitir un dictamen formal, no debe desestimarse el hecho de que una figura de los quilates de Locles tiene en su historia incontables observaciones que le permiten, como lo hizo por Canal Once, definir situaciones hasta con el mero análisis del gesto cadavérico.

De hecho que ello no comporta subestimar el dictamen pericial que figura en el expediente, seguramente producto de numerosas pruebas y estudios técnico-científicos.

Pero con los trabajos referidos a casos de resonante complejidad que le fueran encomendados y la autoridad que se le reconoce, al menos se podría haber preparado una réplica más prudente que, dejando salvada la rigurosidad del examen aportado a la causa, acepten las expresiones del especialista como lo que fueron, una simple opinión sin pretensión de verdad absoluta.

Qué bueno hubiese resultado -y esto sin menoscabar la reconocida capacidad de los peritos locales- convocar a Locles al momento de la autopsia para que aporte sus conocimientos, no por desconfianza en lo propio sino porque las circunstancias que se dieron ante el hecho trágico del 6 de agosto de 2004 alimentaron razonables suspicacias.

Cuando la prensa reflejó que las palabras del visitante hirieron fuertemente la susceptibilidad de ciertos funcionarios, al punto de poner en riesgo su participación en el Primer Seminario de Criminalística del Este, la sorpresa fue mayúscula.

Es que se supone que la incorporación del profesional al seminario no sólo significó admitir su excelencia intelectual sino también reconocer y aceptar sus valiosos aportes pedagógicos a la hora de arrimar conocimientos a cada asistente.

El haber considerado por TV que Lencina no parecía haberse suicidado usando una tira de frazada -presumiblemente cortada con el filo de una reciente prótesis dentaria- sino que las marcas en su cuello habrían sido provocadas por la presión de un ajuste con alambre y, además, que la mueca de su rostro era típica de quien sufre mucho miedo ante una muerte no autoprovocada, pareció incomodar mucho a jefes policiales quisquillosos.

La presunta posibilidad de apartar a Locles del encuentro desnudó que la diplomacia no figura entre las virtudes de algunos, máxime cuando pocos resultados positivos pueden exhibirse a la hora de resolver graves hechos delictivos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)