La Policía de Entre Ríos reconoció oficialmente la semana pasada, que desde la llegada del nuevo jefe, comisario general Héctor Massuh, se dispuso la cesantía, exoneración o baja de un total de 24 uniformados, por diversos hechos delictivos. No obstante, esa lista nunca fue revelada públicamente. ANALISIS accedió a la nómina de cada uno de los expulsados y las causas por las cuales no pertenecen más a la institución. En total, son 17 suboficiales y siete oficiales. La mayoría de ellos tiene causas iniciadas por hechos producidos durante la gestión montielista. Mientras, hay otros 93 funcionarios policiales en situación de pasivos, por diferentes causas judiciales o administrativas, que podrían tener el mismo destino. En ámbitos internos se entiende que la medida de Massuh no hubiera existido si hubiese estado el ahora ex jefe Ernesto Geuna, quien siempre trató de no despedir a los policías cuestionados.
La decisión del jefe de Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, de limpiar a un total de 24 uniformados relacionados con diversos hechos delictivos o sumarios administrativos, producidos en los últimos años en la provincia, tuvo lecturas diferenciadas. “El buen policía lo receptó bien: sabe que es la única forma de sacarse a los malandras, pero también son conscientes de que ahora hay que cuidarse más, porque un pequeño error podría determinar un corte de cabeza, quizás no siempre justo”, indicó un oficial.
Pero también se sabe que hay un sector que ruega por la “pronta salida” de Massuh y la vuelta de algún “mano blanda” a la conducción policial, tal como ocurría con el ex jefe Ernesto Geuna, “que siempre hacía lo imposible” para que los cuestionados no se fueran expulsados como ahora ocurrió. “Geuna siempre fue más político para estas cosas”, acotan otros. En el gobierno, por ahora están tranquilos con la forma de conducir del alto oficial. “Vino sin equipo y por ende no tenía necesidad de cazarse con nadie. Apuntó a la transparencia y a la profesionalización”, se manifestó desde un ala oficial. Claro que no todos opinan lo mismo, porque mientras tanto siguen los casos de la quiniela clandestina, el negocio del narcotráfico, el abigeato y, aunque en menor medida, los piratas del asfalto -denunciados históricamente por este semanario-, donde sectores policiales miran para otro lado, porque de otra manera no existirían. A su vez, sonados casos, como el de Fernanda Aguirre, la familia Gill o el contador Amado Abib, entre otros, siguen sin resolución alguna, pese al paso del tiempo.
Lo cierto es que la decisión de Massuh, previo informe de Asuntos Internos (que con esta gestión marcó una firme línea de trabajo y transparencia, ya que antes quedaba a criterio de Geuna) provocó un fuerte cimbronazo interno, por lo cual, si bien desde el gobierno se hizo informar públicamente de la determinación de cesantear, dar de baja y exonerar a personal policial a partir de la actual conducción, nunca se quiso revelar quiénes eran los que integraban esa larga lista, en la que varios de los expulsados se encuentran acusados de graves delitos, como crímenes o torturas a detenidos.
ANALISIS pudo acceder al listado y a cada una de las imputaciones por las cuales se adoptaron las respectivas medidas.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
