Jorge Riani
El presidente del bloque de diputados del PJ, Emilio Castrillón, puede transformarse en el nuevo vocal del Superior Tribunal de Justicia. Para muchos, la arriesgada jugada de Jorge Busti -de enviar el pliego al Senado para su pronta aprobación- es la legitimación del desembarco político en el alto cuerpo. Bravucón, desenfadado, irónico, hábil e inteligente operador y orador, el ex referente del menemismo, con todas las mañas de la denominada “vieja política”, está convencido que tiene “todos los atributos” para llegar al STJ. En el ámbito de la Asociación de Magistrados evalúan si hacer público el reparo institucional que merece la determinación del Poder Ejecutivo. El legislador paceño -recordado por ser uno de los firmes defensores de la Ley 8.706, a la que se oponía el bustismo, que despidió a más de 2000 empleados públicos en 1992- ha tenido una controvertida relación con funcionarios judiciales. Acusado de usurpar una isla en el límite de Entre Ríos y Santa Fe, el aún diputado se erigió en acusador y logró apartar así a dos jueces y un fiscal que resolvieron la devolución de las tierras. Al fiscal lo hizo excusar al hacer constar en el expediente cuestiones íntimas de su vida ciudadana. Entre sus últimos proyectos se destacó el que permitiría que los hombres de la Justicia cuenten con licencias especiales para actuar en política y acceder a cargos electivos. Radiografía de la actuación pública de un referente de perfil alto y polémico, resistido por el poder kirchnerista pero con gran ascendencia sobre las decisiones del gobernador Busti.
Es la carta fuerte del bustismo en la Legislatura desde hace una década y un lustro. Creyó que era tiempo de dar un salto y apostó todas sus fichas políticas para ingresar en la Cámara de Diputados de la Nación. Méritos no le faltaban: vehemencia, conocimiento de la mecánica legislativa, oratoria mordaz y precisa, altísimo perfil, lealtad al poder corporativo oficialista. Pero el kirchnerismo puro y duro le puso una bola negra, y debió conformarse con repetir su cuarto período como legislador provincial. Tampoco logró su anhelado sueño de ser compañero de Jorge Busti en la fórmula para la actual gestión, porque en su lugar el Presidente Néstor Kirchner ubicó a su amigo Pedro Guillermo Guastavino.
Así, Emilio Aroldo Castrillón va en busca de concretar otro de sus anhelos: ser integrante del máximo tribunal del Poder Judicial entrerriano. Las frustraciones de no poder incursionar en el Congreso de la Nación ni de ver colgado en el salón de los retratos de la Cámara Alta su foto, son los pilares reales sobre los que se asienta la formal presentación que hizo el gobernador Jorge Busti al Senado para que Castrillón sea nombrado vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Hay quienes también recuerdan que la decisión de Busti es el pago de un viejo favor que alguna vez no cumplió: que el paceño sea su compañero de fórmula, tal como pretendía en 2003 y la presión de Néstor Kirchner lo hizo cambiar de opinión, para ubicarlo allí al delfín K entrerriano, Pedro Guillermo Guastavino.
Dueño de un irrefrenable carácter, la presencia de Castrillón no puede pasar inadvertida en ninguna sesión. Esto fue determinante para que se haya convertido en el titular de la bancada justicialista, una vez que perdió la pulseada interna por ser el presidente de la cámara. Una especie de premio consuelo que siempre sintió como insuficiente frente a los años de servir al bustismo en la Legislatura. Quienes conocen las razones que anidan en las decisiones políticas, aseguran que en el gobierno nacional ven en el líder del bloque peronista de la Cámara Baja entrerriana, a un menemista que nunca terminó de redimirse de esa imagen, aun durante los tiempos del reinado patagónico. Esto delimitó su poder, pero le dio fuerza al momento de reclamar espacios ante el gobernador Busti.
La remisión del pliego de Castrillón dejó en evidencia -una vez más- la ausencia de debate institucional referido a la injerencia del poder político en los lugares clave de la Justicia. Se trata de la tercera designación en el STJ que realiza el actual gobernador, pero esta vez con el ingrediente especial que significa la figura de un dirigente político de referencia. Los pliegos anteriores correspondieron a Leonor Pañeda y Susana Medina de Rizzo, ajenas a la vida política y que ya se desempeñaban en el ámbito de la Justicia entrerriana.
Según pudo averiguar ANALISIS, el posible desembarco del diputado oriundo de la ciudad de La Paz generó algunas consultas y opiniones cruzadas en el ámbito de la Justicia entrerriana. Cuando este ejemplar esté en la calle, la Asociación de Magistrados de Entre Ríos debatirá el tema a puertas cerradas para determinar si hace un pronunciamiento público. Un sondeo informal y veloz entre referentes de las magistraturas permitió establecer que hay un “disconformismo”, aunque muy pocos han querido hacer pública su opinión. “Si no hay un planteo institucional se dificulta la crítica, porque hay que pensar que si uno apuesta a los cuestionamientos y Castrillón llega al STJ, los dolores de cabeza pueden ser bravos”, observó un funcionario judicial ante una pregunta.
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