Luego de varios meses de recursos, apelaciones y planteos defensivos, este martes 26 de mayo se reanudarán las audiencias de elevación a juicio en la denominada causa Contratos de la Legislatura, una de las investigaciones por corrupción más relevantes de la provincia, que analiza presuntas maniobras fraudulentas cometidas entre 2008 y 2018 con un perjuicio económico estimado en 53 millones de dólares.
Las audiencias de remisión a juicio oral y público habían comenzado el 21 de abril del año pasado, pero quedaron interrumpidas en junio tras una serie de recursos impulsados por las defensas de los imputados. Entre los planteos se incluyeron pedidos de sobreseimiento, nulidades, cambio de calificación legal, prescripción de la acción penal y exclusión de pruebas.
Las discusiones atravesaron distintas instancias judiciales, pasando por la jueza Marina Barbagelata, la vocal del Tribunal de Juicio Carolina Castagno y la Cámara de Casación Penal, que tuvo su última intervención en diciembre de 2025. Actualmente, algunas apelaciones permanecen pendientes de resolución ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
En ese marco, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial fijó el reinicio de las audiencias desde este martes 26 de mayo, a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº1, supo ANÁLISIS.
Según se dispuso, las jornadas se desarrollarán de martes a viernes hasta el 10 de julio. Los martes y viernes las audiencias serán de 9 a 13, mientras que miércoles y jueves también continuarán en horario vespertino, de 16 a 19.
La decisión se adoptó luego de que la Sala I de la Cámara de Casación Penal rechazara, el 23 de diciembre de 2025, las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas contra la sentencia dictada el 27 de noviembre.
La causa comenzó con 32 imputados, aunque con el paso del proceso 12 de ellos accedieron a probation, una persona reconoció los hechos mediante un juicio abreviado y un contador resultó sobreseído.
La investigación apunta a una presunta estructura montada para desviar fondos públicos mediante “contratos truchos” en la Legislatura entrerriana. Según la hipótesis fiscal, participaron funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, estudios contables y particulares encargados de captar prestanombres, falsificar firmas y endosar cheques, entre otras maniobras.
Los fiscales sostienen que el dinero sustraído de las arcas públicas habría sido canalizado posteriormente hacia inversiones privadas, principalmente inmobiliarias y agropecuarias.
18 imputados, cerca del juicio
Los imputados que quedaron en el requerimiento de elevación a juicio, son 18: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
12 probation, un abreviado y un sobreseimiento
En abril del año pasado, 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
En tanto, Esteban Scialocomo fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión condicional, el pago de $6 millones y una multa de $90 mil. Mientras que hubo un solo sobreseimiento, el del contador Gustavo Flaco.
