El tema reaparece en los medios de comunicación –en coincidencia con alguna denuncia- y se reinstala en la agenda pública, pero no alcanza una resolución. La necesaria normativa que regule la actividad de institutos geriátricos y gerontológicos sigue así demorándose. Desde hace tiempo, nadie les puede garantizar a las personas mayores que el lugar donde muchas veces deben ser atendidas esté sometido al control de algún ente, comisión o autoridad que no sea la fuerza pública luego de que un juez tome la decisión de librar una orden al respecto. Ni la Secretaría de Salud ni el municipio tienen el poder de policía para efectuar dichas inspecciones. De ese modo, cada tanto aparece una denuncia por malos tratos, desnutrición o condiciones de insalubridad a que son sometidos nuestros viejos, aunque no se aplican sanciones a los responsables de estas instituciones y del deterioro en la salud psíquica y física de los mayores.

Sandra Miguez

A partir del aumento en la expectativa de vida, la atención de los viejos es un tema que ha pasado a ser prioritario. Sin embargo, los legisladores y funcionarios -en su mayoría- parecen no considerarlo un tema mayor y demoran la sanción de una ley que permita establecer pautas para los establecimientos geriátricos y gerontológicos. Es que los abuelos no tienen obligación de votar y por lo tanto no son un segmento al que realizar promesas de campaña política y resolver cuestiones con la celeridad que el asunto está requiriendo. Pero a pesar de estas desavenencias, la presión social que hoy están ejerciendo las familias que en algún momento requerirán de profesionales que atiendan a sus padres o abuelos está llevando lentamente a que el tema se reinstale una y otra vez.

Así se postergan decisiones en torno al sector, donde se debiera incluir una reglamentación para el funcionamiento de los geriátricos, que en los últimos tiempos han sido noticia por incumplimiento a normas básicas en la atención.

La Resolución 705, que data de octubre de 1985, establece los requisitos mínimos que deben cumplir los institutos que atienden a adultos mayores para la habilitación de hogares de ancianos. Pero ni siquiera se puede garantizar el cumplimiento de esas exiguas exigencias debido a que la provincia no tiene poder para ejercer el control de policía, como tampoco lo tienen los municipios, que apenas otorgan una habilitación del mismo modo que autorizan el funcionamiento a cualquier otro negocio. En estos casos se solicita la habilitación ante Bomberos para que tengan matafuegos y detectores de humo, así como los planos del lugar y la supervisión de conexiones eléctricas y de gas, y las rampas de acceso para discapacitados. No mucho más. Justamente este trámite ante el municipio es el que permite que muchas entidades que no están contabilizadas en el registro provincial se presenten como una oferta de servicio, sin tener más que la habilitación municipal.

“La provincia no tiene poder de policía, o sea que no puede entrar a inspeccionar una casa que funciona como geriátrico”, explica un destacado gerontólogo de nuestro medio que conoce la problemática. Sin embargo, aclara que lo que sí se puede hacer es - ante una denuncia formulada por un familiar- pedir una orden judicial y recién ahí los médicos de la Secretaría de Salud pueden ingresar a un domicilio a verificar la situación. Esto da un margen de tiempo que le permite a quien está sometiendo a los viejitos a condiciones muchas veces infrahumanas, pueda organizarse para evacuarlos hacia otro sitio, algo que también ha sido denunciado.

Hace dos años pasó exactamente eso con un geriátrico que funcionaba en calle Belgrano de Paraná -coincidentemente del mismo propietario de la entidad que fue denunciada hace pocos días-. En aquella oportunidad, la médica Sandra Roland, en representación de la Secretaría de Salud, no pudo acceder al instituto, donde además se le negó rotundamente que allí funcionara un geriátrico. Entonces debió solicitar la orden de un juez para realizar el control pertinente, algo que demoró dos días, tiempo de sobra que fue aprovechado para evacuar el edificio.

“Nadie te deja entrar en un geriátrico, nadie”, afirma con vehemencia un profesional del medio y cuenta que muchas veces los inspectores deben simular ser familiares en busca de un sitio donde internar a un pariente para constatar en qué condiciones funcionan los establecimientos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)