La rapiña acecha Santa Elena

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Liquidadores del Frigorífico Regional Santa Elena, en la mira de la Fiscalía de Estado

C.R.
(Especial para ANÁLISIS)

El Frigorífico Regional Santa Elena es una caja de pandora que no deja de dar sorpresas. Hace más de dos décadas que la fórmula peronista-neoliberal cerró sus puertas, convirtió a la ciudad del departamento La Paz en un desierto laboral y sin embargo su cadáver ha seguido alimentando la voracidad de algunos.

Durante la primera semana del reinado kirchnerista, el gobierno nacional entregó la planta a Sergio Taselli y puso en acción una nueva esperanza de reactivación, con su posterior cosecha de frustración y desazón. El discurso oficial ya hacía ola discursiva con eso de las empresas recuperadas, y Santa Elena concentraba iniciativas participativas. Sin embargo cuando llegó el momento, el gobierno de Néstor Kirchner se inclinó por Taselli, un exponente de la patria contratista, antes que de los pastajeros o la cooperativa de trabajadores del ex frigorífico.

Por estas horas, en la Fiscalía de Estado se encuentran estudiando una denuncia contra los ex liquidadores del frigorífico, en casos ya tratados por ANÁLISIS hace un par de años y otros nuevos que se suman al mundo de los negocios paralelos y residuales en torno a la cadavérica planta cárnica.

Carroñeros

La Fiscalía de Estado provincial tiene entre manos un caso que compromete a los liquidadores del Frigorífico Regional Santa Elena, concretamente en el pago de honorarios a un abogado que, si bien cobró en su derecho el dinero por representar al organismo residual, no deja de ser reprochable el modo en que los liquidadores Erika Kramer y Guillermo Chervo.

Sin bien la primera no ocupa más el cargo de liquidadora, en la Fiscalía de Estado apuntan a su responsabilidad sobre la caída de un embargo contra cinco propiedades de un establecimiento asentado en la provincia de Santa Fe, que hubiese permitido al Estado provincial recuperar el pago de unos 600.000 pesos que realizó precisamente porque la firma no afrontaba ese pago.

Sintéticamente, la historia es esta: la Estancia Las Mulas Sociedad Anónima, con asiento en la provincia de Santa Fe y el Frigorífico Regional Santa Elena van a juicio por una operación comercial. Y paralelamente a la cuestión de fondo, se desprenden otros juicios secundarios como por ejemplo una rescisión de procedimiento e incompetencias del juez. Lo cierto es que se van generando costas a favor del abogado que, como si tratara de la novela de absurdo, se llama Julio Carnicero.

A pesar de que en el juicio entre la firma y el frigorífico las costas correspondían ser pagadas por la primera, Carnicero interpone juicio de apremio contra la provincia de Entre Ríos y el Frigorífico Regional Santa Elena Sociedad Anónima, consistente en la ejecución de honorarios profesionales que fueron regulados en el proceso interpuesto por la Estancia Las Mulas contra el organismo en liquidación. Eso fue así, vale insistir, a pesar de que las costas debían ser pagadas por las Mulas. De cualquier modo, la fuente consultada por este semanario, admite que Carnicero estaba en su derecho de ir contra el Frigorífico, su ex representado, y la Provincia en caso de que no pague Las Mulas.

Carnicero intenta cobrarle a Las Mulas y hace un convenio. La firma lo incumple. Hay un segundo intento y la firma vuelve a incumplir. Cansado, Carnicero va a lo seguro y busca cobrarle a la Provincia, su representada, no sin antes haber dejado embargada cinco propiedades de Las Mulas.
Una fuente vinculada a la investigación sostiene que los liquidadores quedaron en la mira de la Fiscalía de Estado porque, teniendo la provincia derecho a recuperar lo que pagó y correspondía pagar a Las Mulas, no sólo no hizo nada, sino que dejó caer los embargos de propiedades.

(Más información en la edición gráfica de ANALIS de esta semana)

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes admitió que los síndicos de ENERSA no vieron las irregularidades que está investigando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

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