Silvio Méndez

En una sigilosa maniobra para dilatar un mandato oficial, la multinacional agroforestal Iberpapel SA se presentó ante la Justicia para interponer un recurso de apelación a una orden que la obliga a derribar un terraplén y reparar el daño sobre una zona natural protegida donde efectúa siembra de soja y eucaliptos.
La medida trascendió a principios de mes a raíz de una solicitud de información de un grupo de ambientalistas que veían pasar los días y que no se cumplía con la disposición efectuada en septiembre de 2010.

La firma española construyó una enorme endicado de aproximadamente 8 kilómetros de longitud dentro de una propiedad de unas 7.000 hectáreas conocida como estancia La Pellegrini. Se trata de un murallón que se extiende sobre la vera del arroyo Caraballo y el río Uruguay, en la jurisdicción de Pueblo Liebig, departamento Colón. La obra civil también altera las pendientes del arroyo Juan Asencio, que atraviesa el humedal denominado 2 de Agosto o Bajos del Caraballo.

Por ser especialmente sensibles para la conservación de la biodiversidad, los humedales son protegidos incluso por la Constitución provincial de 2008. Pero el hecho es que si bien la intervención fue impugnada por la provincia, el muro sigue en pie.

Eucaliptos, desmonte y esclavos

Para entender cómo se ha llegado a este punto, se puede relatar que la historia del terraplén de Iberpapel tiene su comienzo en 2002, cuando ambientalistas de Colón constataron la alteración de esta zona protegida. Desde entonces los activistas comenzaron a señalar el impacto negativo del laboreo para la producción intensiva agrícola, ya que se efectuaba mediante la deforestación del monte nativo y el movimiento de suelo. Según registraron en su momento, fueron desalojados “de su hábitat natural más de 40 especies de mamíferos, casi 400 especies de aves, miles de insectos, plantas y árboles autóctonos”.

Del mismo modo, dieron la señal de alerta sobre la probable contaminación del agua potable con los pesticidas que requiere el laboreo, especialmente el de soja.

Ante el avance de las obras, los ambientalistas realizaron pedidos de informes a la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable de la provincia y el Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Aguas (Corufa), organismo que regula el uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en el territorio entrerriano.
Luego, en mayo de 2009, en oportunidad de que el titular del Ambiente de la provincia, Fernando Raffo, realizara un vuelo de reconocimiento por la zona con el entonces secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se observó el impacto del terraplén, lo que derivó en la instrucción de un sumario administrativo. A partir de este expediente se conoció que Recursos Naturales de la provincia había concedido beneficios impositivos. A cambio de efectuar un supuesto programa de mejora y sistematización de suelos, Iberpapel pedía una excepción del 50 por ciento en el Impuesto Inmobiliario. En este plan, se encontraba previsto el terraplenado, pero tras inspecciones sobre la construcción, en septiembre de 2009 se revocaron subvenciones impositivas.