Silvio Méndez
Con la reciente aprobación del Marco Regulatorio del Transporte Urbano de Pasajeros, el Honorable Concejo Deliberante de Paraná retomó la potestad de reglar sobre el servicio de colectivos en la ciudad. Esta facultad retornó a manos de los concejales, luego de que fuera cediéndose paulatinamente al Ejecutivo y que tuviera su punto más bajo en 2006, cuando se delegó en el intendente la fijación de las tarifas de los boletos, a través de la Ordenanza N°8.570. Ahora, la ordenanza sancionada el 12 de septiembre aspira a ser la base sobre la cual se tendrá que elaborar el pliego de condiciones para un nuevo período de concesión de la prestación a partir del 11 de noviembre.
Pero este marco normativo, que demandó un fatigoso trabajo parlamentario, se vio inesperadamente opacado por algunos aspectos sensibles que los ediles mayoritariamente decidieron omitir. Estos son la participación de los vecinos en el órgano de seguimiento y control creado con este fin, la gratuidad o tarifa diferencial de los boletos para los estudiantes, y la obligación de radicación de las unidades de colectivos en Entre Ríos para que tributen en la provincia.
Estas diferencias quedaron en evidencia en la jornada de debate final de la sesión especial convocada a tal efecto. Y lo llamativo de esta controversia fue también que la propia titular del cuerpo, Josefina Etienot, reclamó por la omisión de estos puntos a los ediles del oficialismo, que se negaron a una incorporación explícita en la normativa. Llegó incluso la instancia en que la viceintendenta bajó a una banca para reclamarle al jefe del bloque de Cambiemos, Carlos Bernardo González (UCR), para que comprometa su palabra de que estos aspectos serán incluidos en la base de condiciones que elabore el Ejecutivo y que luego deberá someter al Concejo. Incluso el vicepresidente primero del HCD, Emanuel Gainza (PRO), ante el reproche de que el Órgano de Control y Monitoreo carecía de la participación ciudadana, incluyó un artículo (el 103°) por el que se habilita a que este organismo pueda consultar, así como recepcionar recomendaciones o reclamos de entidades vecinales y estudiantiles.
Lo cierto es que la inclusión de la ciudadanía en este ente quedó afuera o pendiente de un hipotético ajuste con otra legislación complementaria.
Lo mismo sucedió con el pedido que realizó la oposición para que los vehículos (o un porcentaje de la flota que se ponga en servicio) sean radicados en la provincia. Esta definición se tornaba relevante por sus consecuencias fiscales, ya que donde residan los coches es donde tributarán.
Finalmente este punto quedó eludido en un artículo engañoso, el 63°, que solo menciona que “los vehículos deberán ser registrados ante la Municipalidad”, a fin de satisfacer las normativas nacionales de Tránsito.
(La nota completa en la edición número 1047 del jueves 22 de septiembre de 2016 de la revista ANALISIS)
