Daniel Enz
Juan Pablo Aguilera no deja de sonreir y disfrutar de su buen pasar económico y de proyección de negocios. Poco le importa la realidad del país o la provincia y menos le preocupa que la justicia entrerriana lo tenga en la mira por causas de corrupción o que desde el Poder Judicial Federal se lo investigue por lavado de dinero, junto a su sobrino, el ex ministro Mauro Urribarri. Aguilera es sinónimo de impunidad y no está dispuesto a cambiar a esta altura de su vida. Menos aún si su cuñado, Sergio Urribarri, está dispuesto a ser nuevamente candidato a gobernador de esta provincia –acompañando al partido de Cristina Fernández-, pese a tener una imagen negativa que ronda el 70 por ciento, estar denunciado por seis causas de corrupción, embargado y con pedidos de desafuero en Diputados.
El actual secretario del bloque del Frente para la Victoria hace más de un año que no pisa el Senado entrerriano y tiene allí un sueldo de 80 mil pesos mensuales. Su sobrino, Sergio Damián Urribarri, también es planta permanente del Senado, en la categoría 2. Junto con Mauro Urribarri es socio en la polémica empresa Kriptax creada por la familia Urribarri, para el negocio de la soja en Formosa y con sede en Capital Federal. Fue comprada por los Urribarri en el 2008 a dos humildes prestanombres del conurbano bonaerense, que cobraban planes sociales y aparecen en por lo menos 15 sociedades fantasmas con sede en diferentes lugares del país. Algunas de ellas están vinculadas al kirchnerismo. Además, la empresa Kriptax Inc Sociedad Anónima recién comenzó a operar en el 2013 e iniciaron las actividades con un crédito del Banco de Formosa.
O sea, los Aguilera-Urribarri siguen cobrando del Estado entrerriano, ninguno presta funciones y en el horario en que deberían estar trabajando, desarrollan actividades comerciales o sociales como si no pasara nada. Mientras tanto, el ex gobernador Urribarri no deja de despotricar contra las políticas liberales de ajuste del macrismo.
Negocios y más negocios
Aunque nunca lo quiso reconocer, Juan Pablo Aguilera se pasa buena parte del día en las oficinas de su imprenta Tep, en calle Racedo 415, donde manejó el dinero de la última campaña proselitista de su cuñado soñador. Desde allí también manejaba la librería Alfa, que operaba a través del sello Next SRL, donde aparecía un amigo personal de Aguilera, como Maximiliano Romero Sena y Alejandro Almada, un oficial de la Policía de Entre Ríos que fue custodio de Urribarri. La librería no existe más; ahora, en ese lugar, se desarrolla la franquicia de la empresa Pampero, regenteada por una amiga de los Urribarri, beneficiada con cifras millonarias de publicidad oficial en las dos gestiones del ex gobernador, aunque nunca fue investigada.
Aguilera es el cuñado de Almada, ya que está casado con su hermana, Luciana María Belén Almada. Alfa, en rigor, estaba a nombre de la esposa de Aguilera desde 2009 y figura como socia de la empresa Tep SRL, que funciona bajo el nombre de Formato Urbano en los galpones y oficinas ubicados en calle Racedo 415. El otro socio es el diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi, también amigo personal de Aguilera. Ni Sena ni Giacopuzzi son gente con algún capital ni bien mueble.
Todo el dinero salió del Estado para armar empresas que lucraron con el gobierno entrerriano, O sea: Aguilera, con sus aliados en las reparticiones del Estado, siempre hicieron esos negocios de los dos lados del mostrador, imponiendo su poder y los números más convenientes.
(Más información en la edición gráfica número 1082 de la revista ANALISIS del jueves 26 de julio de 2018)
