El fiscal coordinador de Victoria, Gamal Taleb, confirmó que el martes próximo está previsto el inicio del juicio contra la ex priora del convento de carmelitas descalzas de Nogoyá, Luisa Toledo, por los abusos cometidos contra dos novicias. La causa se inició tras las revelaciones que realizó una investigación periodística de la revista ANALISIS en agosto de 2016, que tuvo repercusión nacional e internacional.

Vale recordar que el inicio del debate estaba previsto para el 12 de marzo pasado pero se pospuso debido a problemas de salud de la imputada.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Taleb confirmó que “el martes es el día previsto para el inicio del juicio oral y público que se extenderá durante gran parte de junio debido a la gran cantidad de testigos propuestos y las demás pruebas que será necesario practicar durante el desarrollo del debate”. Especificó que el debate “demandará hasta fines de junio, las audiencias están previstas para martes, miércoles y jueves, a fines de mes están previstos los alegatos”.

Informó que “hay un pedido que hizo la defensa de suspensión del juicio porque argumentan que la señora acusada –que era priora del convento- tiene un estado de salud que no le permitiría concurrir al juicio, por lo cual la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Tribunal de Juicios y Apelaciones dispuso que el médico forense de Gualeguay concurra personalmente a Buenos Aires y la examine para saber si está en condiciones de concurrir al juicio o no, medida que se desarrolla en el transcurso de la mañana de este viernes y en las últimas horas de la tarde seguramente se sabrá si se puede hacer el juicio o no”.

Especificó además que “el Ministerio Público Fiscal tiene 28 testigos propuestos y la defensa también tiene un número importante y por eso hay tantos días previstos para el desarrollo del juicio” y planteó que “la defensa tiene varios testigos que son religiosas que formaban parte del convento, algunas que se han ido del lugar y veremos en qué condiciones declaran”.

Consultado por la posibilidad de realizar una inspección en el convento, el fiscal explicó que “es una medida que no ha sido propuesta pero que puede surgir en el transcurso del debate y que se puede llevar a cabo si hay acuerdo de todas las partes”. Consideró que “si las víctimas quieren participar de dicha medida probatoria lo pueden hacer, lo que sería una medida interesante”.

Sobre la posibilidad de que el juicio se desarrolle a puertas cerradas, Taleb informó: “El fin de semana nos vamos a reunir con familiares de las víctimas y allí se decidirá en qué condiciones desean declarar las víctimas. Hay casos muy graves donde desean no declarar en presencia del imputado, otros disponen que sus testimonios no sean públicos o bien directamente que sea durante el juicio se haga una excepción de la publicidad. Queremos escuchar cual es el punto de vista de las victimas al respecto, porque nuestra actitud debe ser escucharlos y evitar cualquier atisbo de revictimización”.

Especificó además que la religiosa Luisa Toledo “está imputada de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real, delito previsto en el artículo 142 inciso 1° del Código Penal, que tiene una escala penal muy amplia con un mínimo de dos y un máximo de 12 años de prisión”.

En cuanto al pedido de pena, señaló que “luego de escuchar a las víctimas y de valorar la extensión del daño causado se decidirá la pena, pero en principio  es un hecho muy grave y seguramente el pedido de pena estará por encima del primer tercio de la escala penal”. “También se evaluará el estado de salud para saber si puede o no cumplir una pena de prisión efectiva, es una medida que surgirá del testimonio del médico forense que la haya examinado y del resto de la prueba médica documental que han acompañado las defensas, y una vez que tengamos todos esos elementos y se produzcan en el juicio, vamos a mensurar qué sanción penal concreta vamos a pedir”, agregó.

“A priori valoramos como un hecho muy grave porque más allá de que dispongan un orden jurídico particular, en cuanto a la constitución de las carmelitas descalzas, entendemos que han ido más allá del régimen estricto en materia disciplinaria y del tratamiento que se les da no como verdaderas personas del derecho, sino que se agregó un plus de sadismo en el trato dispensado a estas dos personas que permanecieron privadas de la libertad durante seis años en un caso, y durante casi dos años en otro caso, que no fue más tiempo porque pudo escaparse”, describió Taleb.

Por último, comentó que “en la causa hay tres argumentos defensivos: el ejercicio de la libertad religiosa; que hay un consentimiento de las víctimas lo que me parece inadmisible porque en estos dos casos estaba expresada la revocación del consentimiento por escrito, y además se plantea que hay una especie de error de prohibición porque se habrían interpretado mal estas constituciones, lo cual es absolutamente inadmisible porque es una norma moral y social elemental saber que cuando una persona no quiere hacer algo que afecte gravemente su dignidad y su libertad se debe respetar esa voluntad”.