El policía acusado de matar a Iván Pérez había sido condenado por "vejaciones"

Operativo

Gendarmería estuvo a cargo de levantar las pericias del lugar.

Mauricio Javier Gómez, el efectivo de la Comisaría Octava al que se le adjudica haber disparado su arma reglamentaria y haber matado a Iván Pérez, fue condenado en octubre de 2016 en un juicio abreviado. Golpeó a un joven de Buenos Aires en el Corsódromo durante una detención. Recibió un año de prisión en suspenso, que se efectivizaría y se unificaría ante una posible nueva condena.

Gómez fue uno de los funcionarios policiales que participó de la búsqueda del cuerpo de Patricio Maximiliano Dolche, en agosto de 2016, cuando ya había sido removido en su función como activo de la Policía.

La madrugada del 9 de febrero de 2016, mientras las distintas comparsas desfilaban por la pasarela del Corsódromo, Mauricio Javier Gómez trabajaba en la seguridad del espectáculo más importante de Gualeguaychú, y en el final del evento, aproximadamente a las 2.30, se originó un problema entre el público, que demandó la intervención policial.

Un joven bonaerense que había llegado a la ciudad a presenciar el espectáculo sacó su celular y comenzó a filmar el proceder de los uniformados ante una aprehensión, pero esto originó la reacción “antirreglamentaria e injustificada” de Gómez, que se acercó por el costado del joven mientras lo filmaba, lo tomó del cuello y le aplicó varios golpes de puño en el rostro y patadas en el cuerpo.

El joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde también se radicó la denuncia en contra de Gómez. Fue el entonces fiscal Sergio Rondoni Caffa, el mismo que actuó en el crimen de Fernando Pastorizzo, el que tomó la investigación e imputó al funcionario policial por el delito de “vejaciones ilegales”.

En octubre de 2016 se realizó un juicio abreviado, que presidió el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Mauricio Derudi. El magistrado consideró que los hechos que se le imputaban a Gómez claramente se encuadraban en la figura del delito de vejaciones, que consiste en "tratamientos humillantes para la dignidad del ser humano y que afectan su decoro como persona” y “los procedimientos pueden consistir en malos tratos de contenido físico o psíquico".

Por esto y otros argumentos, Derudi resolvió condenar a Gómez por “vejaciones ilegales en acto de servicio en concurso ideal con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función o cargo, a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por el término de dos años para ejercer la función policial”.

Según supo ElDía, una vez que esta causa fue elevada a juicio por el fiscal Rondoni Caffa, Gómez no habría sido suspendido en la fuerza, sino que fue removido del área de Operaciones y destinado al cuidado y entrenamiento de los canes de la Policía. Quedó en función como activo-pasivo, es decir: no llevaba arma ni uniforme y no cobró el sueldo durante dos años; y solo entraba en actividad cuando se requería del perro rastreador que tenía a su cargo.

Cuando pasaron los dos años, a fines del 2018, debió haber sido sometido a una pericia psiquiátrica que lo debería haber habilitado para regresar a la función como servidor público.

El jefe de Policía, Cristian Hormachea, dijo que a su arribo a la ciudad, Gómez ya trabajaba en la dependencia de Rincón del Gato y en el container situado en el Acceso Sur. Por lo que se desconoce la realización o no de esta pericia.

Cada vez más complicado

La fiscal Martina Cedrés aún espera por el resultado de los dermotest que Gendarmería Nacional realizó en los dos policías involucrados en el operativo que culminó con la muerte de Iván Pérez, el miércoles por la mañana. Esta fuerza, que actúa en lugar de la Policía por obvias razones, trasladó a Buenos Aires las pruebas y se aguarda que los resultados lleguen en las próximas horas.

El dermotest determinará cuál de los dos funcionarios policiales efectuó el disparo de arma de fuego, pero tras los primeros minutos de transcurrido los hechos, Gómez se habría adjudicado el disparo con su pistola 9 milímetros.

En la autopsia que se realizó en la mañana de este jueves se conoció un dato clave para la investigación que complica aún más la situación de Gómez, que fue quien supuestamente apretó el gatillo: el disparo ingresó por la nuca con orificio de salida por el rostro.

En principio, el médico legista Marcelo Benetti había observado, en la escena del crimen, la posibilidad que el disparo haya sido de frente, pero cambió de parecer en la mesa de examen de la Morgue Judicial, ya con el cuerpo de la víctima limpio. Allí, pudo determinar que el proyectil ingresó por la nuca con orificio de salida por la parte frontal.

Este dato corrobora lo que en un primer momento se estimó que había sucedido: la víctima escapaba de la detención cuando recibió el impacto de bala en su cabeza. Esto compromete aún más la situación de Gómez, que junto al policía Juan Zapata se encuentra detenido, y en la mañana de este viernes serán indagados por la fiscal Cedrés.

También en la autopsia, se confirmó que la distancia del disparo fue de 95 metros, lo cual ya se estimaba en las primeras pericias que realizó Gendarmería.

Marcha en apoyo a “los azules”

“Los azules dan la vida por nosotros, ellos nos necesitan”, dice la convocatoria para el próximo domingo que apareció en las redes sociales. La concentración será a las 17 en Rocamora y 25 de Mayo y marcharán hasta la Fiscalía.

“Gualeguaychú de pie, basta de injusticias, basta de puertas giratorias para crotos y barral para los policías”, menciona la convocatoria anónima que por estas horas recorre los grupos de Whatsapp. “Gualeguaychú dice basta. Libertad y protección para los funcionarios azules. No a la represión para los funcionarios y las familias de los azules que acompañen la marcha!!! ya que la última vez que la policía se puso de pie les dieron 30 días de arresto. Basta de injusticias!!!! azules libres los queremos”, se expresa en la convocatoria que recuerda el levantamiento por mejores salarios que se registró en Entre Ríos en diciembre 2013 que culminó con varios funcionarios policiales procesados.

El homicidio de Iván Pérez abrió una grieta en la opinión pública, entre quienes aducen que hubo un crimen, una extralimitación del policía que disparó, y otros que aseguran que el accionar policial fue debido al operativo por robo que se realizaba.

El jefe de Policía, Cristian Hormachea, contó que Iván Pérez era “un sujeto adicto a los estupefacientes y que tenía reiterados ingresos a las sedes policiales por hechos delictivos, seguramente para solventar sus adicciones”.

“Tuvimos muchísimas intervenciones donde Pérez era denunciado, inclusive hemos tenido reuniones barriales sobre los hechos delictivos de la víctima. Sin embargo, nada de todo esto justifica que su vida haya tenido el desenlace que tuvo”, sentenció el Jefe de la Departamental Gualeguaychú.

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