Por Luis María Serroels (*)

Si algo existe en nuestro país como un verdadero atolladero, una enfermedad terminal, una madeja difícil de desenredar, un verdadero puzzle político, es el sistema jubilatorio. Resulta inconcebible que en la más alta magistratura desempeñada por un catedrático universitario, no se advierta que toda medida que altere las prescripciones constitucionales carece de juridicidad y por ende de legitimidad.

Por estos días el sempiterno problema que afecta a la clase pasiva ha sido puesto en escena, en un clima de alta temperatura –no estacional sino social- generado por medidas anunciadas por el gobierno y que a prima facie desvirtúan las reglas.

Cálculos sui generis se internan en la existencia de los sufrientes ciudadanos de la tercera edad y se rompen cuando algún funcionario pseudo iluminado cree hallar la piedra angular, la clave de la solución tan aguardada del drama que injustamente sobrellevan quienes dejaron gran parte de sus vidas en sus tareas laborales. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, ha rechazado tajantemente la medida del gobierno, recordando que tanto el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional como los tratados internacionales a los que adhirió nuestro país en el inciso 22º con fuerza superior a las leyes, impiden la medida que hoy se busca imponer.

A quienes –al mejor estilo de Robin Hood pero con otras intenciones- optan por la demagógica idea de sacarle a los montos jubilatorios más altos para favorecer (?) a los más bajos, Semino les recuerda que si los que cobran 40.000 pesos ganan más que los que perciben 20.000 es porque aportaron el doble durante su vida activa.

Los argumentos empleados por el Defensor son contundentes ante las fórmulas utilizadas que, además de ridículas e insólitas, caen bajo el martillo de la Ley Suprema, como salidas no desde los despachos de los concienzudos técnicos en la materia, sino de un comentario de circunstancia. ¿No tiene el Poder Ejecutivo asesores capaces para dar la alarma y advertir la lluvia de demandas que sobrevendrán?

Semino anticipó que esta semana se habilitará la adhesión a una “acción colectiva para frenar la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en octubre de 2008 y promulgada por Cristina Fernández”. Aquí viene a la memoria que la ahora vicepresidente en su oportunidad vetó la ley que implantaba el 82% móvil bajo el argumento de que se ponían en peligro las finanzas del Estado (mientras firmaba el respectivo decreto, Alberto Fernández aplaudía).

Cuando el cinto de las administraciones de turno empieza a apretar, es costumbre echar mano a soluciones tan fáciles como arbitrarias: meter mano en las arcas del sistema jubilatorio, mejor expresado, en el bolsillo de la clase pasiva. Que no es otra cosa que lo serán los activos de hoy.

Hagamos un poco de historia no tan lejana: los jubilados que aceptaron la Ley de Reparación Histórica 27.260 que habilitó el 1º de setiembre de 2016 para iniciar el trámite ingresando a la página web de ANSES, fueron centenares de miles que creyeron en este ofrecimiento. Es que Cristina Fernández había ordenado que todos los fallos judiciales en favor de los jubilados deberían ser apelados en cuanta instancia sea hasta arribar a la Corte. Se especulaba con que ello determinaría que muchos queridos viejos mueran antes de que salgan las sentencias, cambiando ahorro por óbito. El ya famoso Caso Badaro (Adolfo Valentín) con fallo a favor en la Corte Suprema el 26 de diciembre de 2007, sacudió los cimientos del poder.

Retomando, a quienes tranzaron resignar una fracción determinada en carácter de quita de sus demandas, optando por cobrar en cuotas actualizadas por la Ley de Movilidad a cambio de desistir de la acción judicial o juicios en el futuro, hoy les suspenden dicha ley tras haberles reconocido la deuda y, además, no podrán –por haberlo aceptado- acudir a la vía judicial. Así estalló el enojo frente a una nueva trampa.

El gobernador Gustavo Bordet, en su mensaje anual a la Legislatura del sábado 15 de este mes, no anduvo con pelos en la lengua al describir la gravísima situación financiera que afecta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Su intención fue alertar a todos los sectores de la vida entrerriana (en especial la oposición) para encarar en conjunto un análisis pormenorizado y descarnado de un problema ya crónico que, con palabras muy crudas, destacó el actual presidente, Daniel Elías.

“La conclusión de esto es que lo que tenemos que pagar crece a mayor velocidad que lo que cobramos y así el déficit comienza a crecer”, explicó el funcionario con un simple sentido didáctico.

Volviendo al ámbito nacional, el presidente de la Federación de Jubilados Mendocinos, Edgardo Civit Evans, recordó que en una ocasión “la presidente nos trató de buitres y caranchos por reclamar lo que nos corresponde. No ve a sus funcionarios procesados que se han enriquecido vorazmente (…) ellos son los verdaderos buitres que padecemos en la Argentina. Con un agravante: cuando juraron prometieron desempeñar los cargos con lealtad, por Dios y por la Patria”.

(*) Especial para ANALISIS