La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Carlos Cruz, se metió en una causa en la que el kirchnerismo siempre estuvo interesado: será parte querellante en la causa por extorsión y espionaje ilegal en la cual están procesados el falso abogado Marcelo D´Alessio, el fiscal federal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, y que se sigue en el Juzgado Federal de Dolores a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla.

La UIF intervendrá en la investigación "con el fin de colaborar y profundizar en el estudio de las presuntas maniobras fraudulentas y de lavado de activos cometidas por el denominado Grupo Buenos Aires”, según un comunicado del organismo. La decisión levantó polémica sobre todo entre los opositores. La causa que lleva adelante Ramos Padilla tiene en la mira a varios "enemigos" del kirchnerismo, incluidos periodistas del Grupo Clarín.

En ese sentido, la UIF aclaró que en la causa "entre los ilícitos precedentes al lavado de dinero se encuentran los de asociación ilícita y extorsión, que constituyen una parte sustancial de la maraña delictiva que involucra a agentes de inteligencia, medios de comunicación, legisladores, ex funcionarios y peritos".

Asimismo, la unidad especificó que tomó esta decisión a partir de tomar conocimiento de las investigaciones realizadas por el juez Ramos Padilla sobre las actividades que realizaban "personajes como Pablo Leonardo Bloise, Marcelo Sebastián D´Alessio y el ex AFI Ricardo Oscar Bogoliuk". D'Alessio: "Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo"

Además, agrega que los mencionados "resultaron imputados al ser considerados miembros de una asociación criminal que, de forma habitual, organizada y con división de roles específicos, se dedicaba a efectuar transferencias financieras de fondos ilícitos a los que procuraba otorgar apariencia de legalidad de modo de poder ponerlos en circulación en el mercado". La UIF considera que "dicha organización se dedicaba a realizar tareas de inteligencia e investigación prohibidas por la legislación argentina".

En esa línea, remarcó que ese grupo "se ocupaba de obtener información y almacenar datos de personas referidos a sus creencias, opinión política, pertenencia partidaria, actividad profesional, para llevar adelante actividades de inteligencia extorsiva".