Los abogados querellantes José Iparraguirre y Lucía Tejera, quienes representan a la familia de la víctima, presentaron este lunes el pedido de revisión del archivo de la causa por el homicidio de Gabriel Gusmán, lo cual fue decidido el miércoles de la semana pasada por los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. La resolución de la Fiscalía fue dictada en simultáneo con la negativa al pedido de declaración de imputados de los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina.

Se trata del asesinato del joven que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná. Gusmán murió por un balazo en la parte posterior de la cabeza, disparado por uno de los policías. Sin embargo, para la Fiscalía los uniformados actuaron en cumplimiento del deber, al intervenir en un enfrentamiento entre grupos del barrio y ser presuntamente agredidos por disparos de arma de fuego por parte de quien perdió la vida.

Iparraguirre y Tejera, en el escrito al que accedió UNO, consideraron que lo dispuesto por los fiscales "incurre en un análisis arbitrario sobre la abultada prueba producida en el presente legajo". En ese sentido, cuestionaron la clasificación de los testigos que efectuó el Ministerio Público, de acuerdo a quienes tendrían mayor o menor grado de imparcialidad para referirse a lo que ocurrió aquel día en Capibá. Y criticaron la conclusión según la cual el joven habría estado efectuando disparos al momento de ser asesinado.

Los abogados cuestionaron que los testigos que fueron tomados como objetivos en sus testimonios, no pudieron asegurar "si al momento de que Gabriel Gusmán recibe el disparo se encontraba parado, con las manos en alto y sin realizar disparos contra los funcionarios policiales", algo que sí relatan muchos testigos que por su ubicación pudieron ver el momento exacto en que matan a Gusmán, pero que fueron descartados por los fiscales por considerarlos parciales y que intentaban beneficiar la situación de quien se encuentra fallecido.

"No pudo reconstruir la fiscalía con este análisis parcial de los testimonios si la víctima, Gabriel Nicolás Gusman, habría disparado a los funcionarios policiales en el momento previo a su deceso", dicen los querellantes. Agregan también que se descartaron los testimonios de quienes, por su ubicación, vieron el momento preciso en que el joven cayó muerto.

"Es de una clara arbitrariedad que se desestime sin más estos testimonios, que eran las personas que se encontraban más cerca de Gabriel Gusmán al momento de ser herido de muerte. Los mismos tenían una perspectiva distinta a la del resto de los testigos en los que confía la fiscalía, que se encontraban a más de 100 metros, lo que no les permitió ver fehacientemente el momento exacto en que uno de los funcionarios policiales dispara a la cabeza de Gabriel Gusmán, quien se encontraba de espaldas, parado y con las manos arriba en señal de entrega, circunstancias en la que coinciden todos estos testimonios descartados", sostuvieron.

"Vemos también con preocupación las irregularidades que se cometieron por personal de la Policía de Entre Ríos durante el resguardo de la escena, el levantamiento de pruebas y la cadena de custodia de lo cual los representantes del Ministerio Público Fiscal nada dicen", escribieron en otro párrafo.

Finalmente destacaron el deber del Estado de investigar este tipo de hechos que ocurren en un contexto de violencia institucional: "El Estado no sólo incurre en responsabilidad internacional por violar el derecho a la vida cuando sus agentes actúan por fuera de los estándares permitidos, sino también cuando no efectúa una investigación seria y exhaustiva al producirse uno de estos hechos en manos de sus agentes. Cuando hay funcionarios estatales implicados en un hecho violento de estas características, el Poder Judicial debe ser especialmente diligente en la conducción de la investigación".

Fuente: Uno