Con el acompañamiento del voto de ocho concejales del oficialismo, se aprobó la Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de Gualeguaychú a incorporar a los bienes del Estado, el predio de 23 hectáreas de Puerta del Sol, por un monto de 360 mil dólares a pagar en pesos en 26 cuotas.

Tras un año de demora, el intendente Esteban Martín Piaggio finalmente cumplió su promesa de adquirir las 23 hectáreas de Puerta del Sol, para ampliar la Costanera y convertirlo en un centro recreativo y de playas que impactará de manera positiva en el sector turístico en cada temporada.

Tras una crítica de la oposición, el debate en el HCD se prolongó durante dos horas, hasta que finalmente se logró la autorización con el voto de ocho concejales: Martín Ayala, Susana Villamonte, Pablo Fernández, Andrea Noguera, Selva Chesini, Ignacio Farfán, Exequiel Quinteros y Juan Boari.

La única edil del oficialismo que votó en contra fue Sofía Ghiglione Bocalandro, quien manifestó estar de acuerdo con el proyecto y valorar al espacio público, pero ante la realidad social en la que vive Gualeguaychú agravado por la pandemia del Covid-19 prefirió no acompañarlo, publicó el diario El Argentino.

“El año pasado el Ejecutivo consideró frente a la pandemia que no era el momento de votar esta Ordenanza por la situación que se estaba viviendo. Este año desde el Legislativo algunas voces consideramos que la pandemia no terminó y la incertidumbre es muy clara, por eso considero que no es el momento de darle tratamiento al proyecto”, explicó Ghiglione Bocalandro.

El convenio de compra

De acuerdo al convenio de compra celebrado entre el Ejecutivo y los propietarios de Parque del Sol, la primera cuota de la compra del predio se pagará dentro de unos tres meses una vez que esté terminado el trámite de la escritura. Desde ese momento comenzará a regir el plan de pago de 26 cuotas en pesos cuyo valor será fijado por el precio del dólar oficial de ese mes.

Sin embargo, los concejales de Junto por el Cambio cuestionaron que dentro del proyecto de Ordenanza no se especifica si ese dólar oficial es con el impuesto al 30 por ciento o no. Si fuera al valor del dólar solidario, el precio del predio será mucho mayor a 40 millones de pesos y el plan de pago lo terminará de cancelar el intendente que asuma en diciembre de 2023.

En tanto, el concejal Luis Castillo –cuya banca representa al vecinalismo- se refirió a que la ciudad “cuenta con un predio de más de 90 hectáreas en Plaza de Aguas, con más de 1.500 metros de playa que está totalmente abandonado y hay asentamientos con más de cien familias y nadie les resuelve el problema”.

También criticó el hecho que se tenga que votar una Ordenanza que hable de la compra de un predio que se convertirá en un parque, “pero ese proyecto no está, no lo conocemos”.

Castillo criticó el hecho de que, “los concejales del oficialismo hablan con vehemencia el ampliar derechos, creemos que ampliar derecho es que la gente tenga una vivienda digna, cloacas, agua potable, salud, cosas que se han hecho y la hemos apoyado desde nuestro bloque todas las ordenanzas que se han realizado en ese sentido”.  

El concejal del Frente de Todos, Martín Ayala se preguntó si realmente se ampliaron derechos para nuestros vecinos durante la actual administración municipal. “Sí se generaron oportunidades de trabajo, sí se profundizó una política de Estado y creo que esto nos avala en los distintos espacios públicos que hemos construido y el respaldo de la gente con el 65 por ciento de los votos en la última elección”, remarcó Ayala.

Y agregó: “Creemos que hemos dado el debate necesario, con la participación de distintos profesionales que hicieron un análisis exhaustivo para realizar la compra de este predio, y además los recursos financieros están y la compra de este predio no afectará el normal desarrollo de las distintas áreas de la Municipalidad o el funcionamiento de Desarrollo Social y los fondos que se necesitan para la compra de alimentos con el fin de asistir a 3.200 personas. Tampoco se verán afectados los recursos para sostener el sistema de salud”, especificó.

A su vez destacó que: “En cuatro años de gestión hemos pasado de tener un Banco de Tierras Municipal de 7 hectáreas a tener casi 100 hectáreas”.

La concejala Alejandra Leissa de (JxC) le salió al cruce, y le cuestionó la falta de información que hubo para poder tratar el proyecto en la cual no le fue fácil a los ediles opositores conseguir toda la documentación pública en tiempo y forma para poder analizar la viabilidad del proyecto.

“Esto se desarrolla en un mal momento debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país”, agregó Leissa. En la misma línea coincidieron sus compañeros de bloque Pablo Echandi y Juan Ignacio Olano, al tiempo que se preocuparon por los costos de mantenimiento que tendrá ese predio y las reparaciones que se deberán hacer tras cada inundación.

En tanto coincidieron que muchos vecinos atraviesan tiempos de zozobra e inestabilidad. “El circuito empresarial, comercial y laboral está al borde del precipicio y el Estado podría ser una rueda de auxilio con esos fondos”, propusieron.