Por Nahuel Maciel

Arsenio Francisco Mendoza nació en Gualeguaychú el 28 de marzo de 1948. Es el segundo de tres hermanos. La primaria la realizó en la Escuela Rawson, la secundaria en el Colegio Nacional Luis Clavarino y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“El ingreso en la universidad lo hice en 1966, cuando hacía sólo un año. No recuerdo bien si estaba acompañado por Emilio Martínez Garbino o con Julio Majul, que cuando nos fuimos a inscribir en 1965 ya estaban a los tiros en la escalinata de la Facultad de Derecho: eran dos facciones nacionalistas rivales. Y la carrera la realicé de manera regular”, recordará en el diálogo que mantuvo con la Revista ANÁLISIS.

“La vocación por el Derecho la tengo de muy pequeño. Recuerdo que desde niño ya percibía el sentimiento de rebeldía cuando estaba ante una situación que me parecía injusta. Nunca supe por qué sentía eso, pero sospecho de una situación puntual: a los cinco años de edad mi madre se fue de casa y quedamos al cuidado de nuestro padre. Y me parece que esa fue la primera experiencia que me rebeló de algún modo. Y luego uno descubre otros caminos que nos llevan a la vocación, a través de la sensibilidad por determinados temas, la solidaridad y distintas razones. 

Lo otro que recuerdo vinculado con la vocación es que cuando estaba a mediados del secundario, tuve una charla bastante larga y clara con el profesor José María Bértora, quien además era abogado. Y ese diálogo me colmó el plato de la balanza para inclinarlo para ese lado”, sostendrá para dar cuenta de su vocación por el prójimo.

Como Defensor General de Entre Ríos tuvo decisiones de avanzada que marcaron una época. Que alcance con señalar que fue el fundador del primer Teléfono el Niño (102) a nivel nacional; que impulsó amparos para satisfacer las necesidades alimentarias de menores con riesgo de vida por su desnutrición; que acompañó (cuando nadie se atrevía) para que una madre de siete hijos y en situación de pobreza pudiera acceder a una ligadura de trompa. En ambos casos, el escándalo ocultaba las razones de fondo. Para algunos erosionaba la propiedad privada (tema alimentos); para otros desconocía determinados criterios religiosos, éticos o morales (la ligadura de trompa); para él era exigir la aplicación del derecho para que no se quede en meras formalidades o enunciados. Lo mismo se puede decir cuando pidió un seguimiento sanitario a los niños, adolescentes y adultos de Gualeguaychú para detectar la contaminación de la pastera Botnia (hoy UPM).

Mendoza sigue siendo esa voz clara en medio de la confusión y ofrece una perspectiva cimentada y construida a través de la experiencia que implicó el ejercicio de la defensoría para los que menos tienen y más sufren las injusticias y las desigualdades sociales, económicas, culturales y educativas.

-Una cosa es la vocación por la abogacía y otra muy distinta es la vocación por la judicatura. ¿La vocación por la Justicia cómo le llega?
-Además de compartir estudio de abogacía con Héctor Maya, compartíamos militancia peronista. Y cuando se inicia el gobierno de Mario Moine me ofrecen un cargo que había quedado vacante en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay (época donde no existía el Consejo de la Magistratura ni concursos para el ingreso al Poder Judicial). La conversación la tengo con Darío Quiroga, que era un colega amigo que estaba ocupando el cargo de ministro de Gobierno. Le dije con absoluta sinceridad que no me veía como juez porque no le podía garantizar imparcialidad, y es lo que la sociedad espera de un magistrado. Yo puedo ser un abogado defensor o litigante. Nos despedimos con mucha amabilidad. Y al poco tiempo me ofrece el cargo de Defensor que en esos años se llamaba Defensor General ante el Superior Tribunal de Justicia y que en la actualidad sería el Ministerio Público de la Defensa. Me alcanzó en fotocopia la Ley Orgánica y la parte pertinente de la Constitución, así analizaba el ofrecimiento. Había viajado con mi señora a Paraná y de regreso le pedí que me leyera esas fotocopias sobre la formalidad del cargo y la responsabilidad institucional. Y a medida que me leía, le iba diciendo que ese cargo era ideal para mí. Ahí nomás paré en la ruta, busqué un locutorio (que no era fácil las comunicaciones, no existían los celulares) y cuando me comuniqué le manifesté mi acuerdo para ocupar ese cargo.

-Se acuerda en qué año fue.
-Me nombran en diciembre de 1993 y asumo el 4 de febrero de 1994. Al cargo lo dejo por razones de jubilación el 2 de noviembre de 2008. Y eso tiene también una explicación: generalmente los cargos se dejan el último día hábil del mes; pero pedí por lo menos estar un día bajo la nueva Constitución Provincial y de ese modo introducir una serie de resoluciones que le permitiera abrir camino a quien me iría a suceder. Así se hizo y así salió.

-Obviamente, usted tuvo muchas decisiones como Defensor General. Muchas de ellas fueron de vanguardia en su época.
-También hubo algunos que no trascendieron tanto, pero vale la pena traer al presente. Era fines de marzo o principio de abril de 1994 en Paraná, se pelean dos adolescentes de 16 años por “unos porros de marihuana”. Uno de ellos tenía un revólver calibre 22 y le dispara, y le roza el ojo que casi se lo vació. Cuando me consultan periodísticamente les expresé que recién había llegado de Gualeguaychú y estaba espantado con la situación de violencia. Y ya decía que era un escándalo cómo la droga se enseñoreaba por las calles. Y grafique: salgo de Tribunales y a la cuadra tengo la Jefatura de la Policía de la Provincia, a la otra cuadra la Policía Federal, a pocos metros más la Gendarmería Nacional y en el medio un jolgorio de drogas que se vende hasta en los kioscos, a la vista de todo el mundo. Esa declaración por sí misma ya fue un escándalo. Y muchos comenzaron a tener más presente que había un defensor general dispuesto a marcar las falencias y los vacíos frente a los menores y adolescentes. Y tenga usted presente que en ese año -1994- los argentinos “estrenaríamos” la nueva Constitución Nacional. Eso implicó luego la incorporación de todos los Derechos, Tratados y Convenios Internacionales con rango Constitucional.
 

(Más información en la nota de la edición gráfica número 1125 de la revista ANALISIS del jueves 14 de octubre de 2021)