El fiscal federal Marcelo Colombo apeló el sobreseimiento que se dictó en favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los acusados en la causa del Memorándum con Irán y pidió que la Cámara Federal de Casación avance hacia el juicio oral. “La decisión que se recurre privó arbitrariamente a las partes acusadoras, pero también a la sociedad en su conjunto -dado el tan público como innegable interés que este caso generó desde su comienzo- de que las evidencias que lo sustentaron durante la instrucción y las que posiblemente podrían haberse generado en cualquier sentido posible en el espacio propio de un debate oral, fueran públicamente ponderadas de cara a la sociedad”, sostuvo la fiscalía en el escrito al que accedió Infobae.

Puntualmente, el Ministerio Público sostuvo que ahora se resolvió que el Memorándum no había constituido delito sin que hubiera existido prueba nueva y cuando el juicio oral ya estaba en marcha con testigos ya seleccionados. Si no había delito, “para qué llamarnos a una audiencia preparatoria para la realización del debate”, se preguntó el fiscal.

Si bien ya lo habían hecho las querellas de la DAIA y los familiares de las víctimas, la presentación del Ministerio Público se suma a los cuestionamientos sobre la resolución tomada por el Tribunal Oral Federal 7, en el marco de una serie de audiencias para pedir nulidades por las reuniones de dos jueces de Casación con el ex presidente Mauricio Macri y derivaron en la conclusión de que no podía avanzarse hacia el juicio oral porque el Memorándum con Irán no había constituido delito. Así los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado dictaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

“La resolución indicada resulta arbitraria porque clausura el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público. También porque para así resolver tomó en cuenta una regla procesal -la del artículo 361 del CPPN- que no autoriza a actuar como Vuestras Excelencias lo hicieron, en tanto la prueba que se valoró no puede ser calificada como prueba nueva, desde que había sido ya agregada a las constancias de la instrucción judicial”, sostuvo el fiscal Colombo.

Ese, dijo, “el núcleo central del planteo que lleva implícito como consecuencia de arrastre una violación a las reglas del debido proceso penal, que dejó a las partes acusadoras sin la posibilidad de producir, controlar y valorar las pruebas ofrecidas y aceptadas por el tribunal, para su desarrollo en el marco de un juicio oral y público”.

Y añadió: “luego de sustanciar durante tres años y seis meses la etapa preparatoria para el debate oral y público, y dictar una sucesión de actos procesales dirigidos a celebrarlo, el tribunal en pleno, sin ningún elemento de prueba nuevo y habiéndose ya superado la instancia de control que impone el art. 354 del CPPN, resolvió que el Memorándum no era un instrumento idóneo o apto para producir una ayuda a la situación procesal de los imputados. En otras palabras, que la conducta desplegada no era objetivamente típica del delito de encubrimiento ni de estorbo a la función pública, ni de ninguna otra figura penal”.

Que la apelación del fiscal Colombo llegue a ser analizada por Casación dependerá del fiscal de Casación Javier De Luca, quien en 2015 también había sostenido que el Memorándum no constituyó delito. Es que De Luca interviene ante la Sala I de Casación que ahora volvió a tener en sus manos la causa por el Memorándum. Allí serán los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroeteveña los que estudien las apelaciones. Son los mismos jueces que ya intervinieron en la causa “Cuadernos” y “Dólar futuro”, que también involucran a la vicepresidenta.