Un proyecto de ley impulsado por legisladores de Juntos por Entre Ríos comenzará a debatirse este martes en la Comisión de Salud Pública y Drogadicción de la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa busca establecer un procedimiento integral de actuación en situaciones de emergencia para garantizar una atención “adecuada, accesible y humanizada” a personas con desafíos en la comunicación.
La reunión de comisión fue convocada para las 11 y tendrá entre sus ejes el tratamiento de esta propuesta, que apunta a generar herramientas específicas para fuerzas de seguridad, servicios de salud, bomberos y organismos de emergencia que deban intervenir ante situaciones críticas.
La iniciativa comprende a personas con Condición del Espectro Autista (CEA), discapacidad auditiva o sordera, trastornos del habla y del lenguaje, discapacidad cognitiva o del desarrollo, personas que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares (ACV), pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cualquier otra condición que implique dificultades en la comunicación verbal o no verbal.
Registro voluntario y protocolos de actuación
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Único Voluntario de Personas con Desafíos en la Comunicación, de carácter confidencial y no obligatorio. El objetivo será facilitar la intervención de los servicios de emergencia ante situaciones críticas.
Según el texto, el registro podrá incluir datos identificatorios básicos, información sobre la condición o diagnóstico, contactos de familiares o responsables y recomendaciones específicas para mejorar la comunicación y la intervención de los equipos de emergencia.
La autoridad de aplicación sería la Dirección de Defensa Civil provincial —o el organismo que determine el Poder Ejecutivo—, que tendría a su cargo la administración del registro, la elaboración de protocolos de actuación, la coordinación con los servicios de emergencia y la difusión de la normativa.
Kits de primeros auxilios psicológicos
El proyecto también dispone que los móviles y dependencias de los servicios de emergencia cuenten con equipos de primeros auxilios psicológicos destinados a la atención de personas con desafíos en la comunicación.
Entre los elementos previstos aparecen protectores auditivos, gafas de reducción sensorial, mantas de contención, materiales visuales con pictogramas, pizarras o cuadernos para comunicación escrita y juguetes antiestrés, entre otros recursos que podrían incorporarse posteriormente.
La propuesta plantea además una capacitación obligatoria, periódica y continua para el personal de emergencias y agentes públicos involucrados. Esa formación incluiría herramientas de comunicación accesible, abordajes respetuosos y no violentos, primeros auxilios psicológicos y estrategias de atención específicas para personas con dificultades de comunicación.
Identificación voluntaria y articulación institucional
Otro de los aspectos contemplados es la implementación de sistemas de identificación voluntaria, como calcomanías para domicilios o vehículos, fichas informativas, llaveros, tarjetas o códigos QR.
El proyecto también invita a municipios, comunas, instituciones educativas, organismos sanitarios, fuerzas de seguridad y organizaciones civiles a adherir a los protocolos y procedimientos que se establezcan.
Los antecedentes en Villa María y General Ramírez
En los fundamentos, los autores remarcan que la iniciativa toma como antecedentes la Ordenanza Nº 7519 de la ciudad cordobesa de Villa María y la experiencia desarrollada en General Ramírez, donde la Asociación de Bomberos Voluntarios impulsó una propuesta similar mediante la herramienta de Banca Ciudadana del Concejo Deliberante.
Según se detalla, la iniciativa surgió a partir de experiencias concretas de intervenciones de emergencia en las que quedaron expuestas dificultades para asistir adecuadamente a personas con desafíos en la comunicación.
Posteriormente, el Concejo Deliberante de General Ramírez sancionó la Ordenanza Nº 2667, incorporando herramientas como registros voluntarios, kits de primeros auxilios psicológicos y capacitación específica para el personal de emergencias.
“Prevenir situaciones de violencia institucional”
Los fundamentos sostienen que la ausencia de protocolos específicos y capacitación adecuada puede derivar en “intervenciones ineficaces, desproporcionadas o incluso lesivas”, afectando derechos fundamentales como la integridad física, psíquica y la dignidad de las personas.
En ese sentido, el texto señala que la iniciativa se apoya en principios de igualdad, accesibilidad y no discriminación establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, especialmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, plantea que la normativa permitiría “fortalecer la capacidad de respuesta del Estado”, mejorar la coordinación institucional y prevenir situaciones de violencia institucional en contextos de emergencia.
