Falleció el exoficial de la Policía de Entre Ríos, Carlos Balla. Según se confirmó a ANÁLISIS, el deceso se produjo en el Hospital San Martín, donde estaba internado.
Balla cumplió una condena a cadena perpetua por el crimen del escribano y funcionario del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Rubén Calero. Pero además estuvo involucrado al asalto en el exHospital Roballos, actual Hospital Escuela de Salud Mental, en mayo de 1991.
Cuando salió de prisión, puso una FM de bajo alcance en su casa del barrio Gazzano, donde trabajó junto a sus hijos.
Asalto al hospital
El 31 de mayo de 1991, ocurrió un episodio violento en Paraná. Durante la mañana tres hombres armados ingresaron a la administración del exhospital Roballos y tras reducir al personal, tomaron los sueldos de todos los empleados.
Los delincuentes, que actuaron a cara descubierta en el atraco, no tuvieron piedad con el policía que se encontraba de guardia: Vicente Tarnowsky, quien fue sorprendido y asesinado con proyectiles disparados por una escopeta calibre 16.
El hecho quedó impune y si bien hubo nombres que se incorporaron a la investigación, nunca se logró avanzar con las responsabilidades de los acusados, entre los que se encontraba el exoficial de la Policía, Carlos Ramón Balla.
El crimen que conmocionó al poder
Al escribano Calero lo secuestraron y asesinaron en junio de 1991. Tenía 49 años y cuatro hijos. En una nota a su hermano, 15 años después del crimen, ANÁLISIS lo recordó así: “Era jefe de una de las tantas áreas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), un hombre tímido. En su barrio se destacaba porque nunca tenía inconvenientes en anotarse para trabajar cuando lo necesitaban para solucionar algún problema. Y también era conocido por otro aspecto: muchas mujeres le envidiaban a su esposa Nilda los paseos que hacía del brazo con su esposo todos los días después de almorzar. Católico practicante, Calero tenía el estudio notarial en su propio domicilio, en Diamante 247 de Paraná, donde únicamente lo acompañaba una secretaria.
Hay quienes sostienen que el escribano no quiso permanecer impávido cuando se dio cuenta que por su narices transitaban montos siderales, sin control alguno, destinados a la construcción de 5.000 viviendas en Entre Ríos, como parte del plan firmado a mediados de 1989 entre el gobierno provincial, la Subsecretaría de Viviendas de la Nación y la CGT Regional Paraná, encabezada por el dirigente del gremio de trabajadores deportivos Pedro Comas. Los fondos, cercanos a los 100 millones de dólares, eran administrados en la provincia por el IAPV, donde Calero desempeñaba funciones desde fines de 1988.
Había ingresado a la función pública luego de la victoria de Carlos Menem en la interna de ese año. Fue nombrado jefe de la Oficina de Escrituraciones del IAPV. Desde su lugar de militante comprometido apostó a la figura del caudillo riojano y en 1990 se jugó por la fórmula Augusto Alasino-Carlos Vairetti, en la interna provincial del PJ, en la cual resultó triunfante la dupla Mario Moine-Hernán Orduna. Calero mostraba orgulloso la fotografía que se había sacado junto al entonces vicepresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, en oportunidad de un acto partidario desarrollado en Paraná.
De excesivo bajo perfil, el escribano era considerado un hombre honesto y trabajador. Por eso fue que no dudó en trasladarse hasta la Casa de Gobierno cuando observó el manejo que hacía el arquitecto Walter Grand -presidente del organismo- de los fondos nacionales.
Calero fue secuestrado por un grupo en la intersección de las calles 25 de Junio y Mendoza. Eran cerca de las 22 del 5 de junio de 1991. Fue llevado a un predio ubicado detrás de la conocida fábrica de Pórtland y luego siguieron hasta el paredón donde habitualmente se pesca. Allí apareció una lancha en la que cargaron a Calero, lo llevaron río adentro y lo tiraron con un peso al fondo del río. Apareció días después”.
Por el crimen condenaron a prisión perpetua Balla y a Eduardo El Gitano Romero.
La fuga
Acorralado por la situación, Balla se fugó en 1991. Quien lo ayudó en esa fuga fue el fallecido excomisario Héctor Luis Almada, exonerado de la Policía en 1992 y condenado a prisión condicional por esa situación. Ya en tiempos del exgobernador Sergio Urribarri, Almada recibió un indulto. Se trata de quien fuera en vida el padre de Luciana y Alejandro Almada, y abuelo de los hijos de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
Las crónicas policiales de la época recuerdan que Balla y Almada se conocían de la vieja Dirección de Investigaciones de la Policía, ubicada donde actualmente está el Museo de Bellas Artes, sobre calle Buenos Aires de la capital provincial.
“Almada fue exonerado de la Policía de Entre Ríos en 1992 y condenado poco después a prisión condicional, por la fuga de Balla. Al polémico oficial lo conocía de sus tiempos en la Dirección de Investigaciones de la fuerza, cuando se encontraban en calle Buenos Aires 355 y 371 de la capital entrerriana, lo que ya en democracia sería el Museo de Bellas Artes. En plena dictadura estuvieron asignados allí algunos oficiales que luego ocuparían cargos de importancia en instancias constitucionales, como el caso del entonces subcomisario Ernesto Geuna. Siempre considerado ‘un oficial duro, frontal y de acción’, permaneció allí hasta fines de 1976; tuvo un paso por Logística y a fines del ’78 regresó a Investigaciones, donde revistó hasta noviembre de 1979. Al personal de Investigaciones se sumaría luego -tras estar detenido como parte del denominado Comando Paraná- el oficial Carlos Ramón Balla, que venía de ser un “hombre de Inteligencia” en la Policía de Río Negro. Formaban parte de un grupo de tareas -junto a otros uniformados- que se encargaba de llevar adelante las detenciones de dirigentes estudiantiles, gremiales o políticos y realizar la primera tarea de ablande en los violentos interrogatorios, con fuertes golpizas o torturas. Después eran derivados a dependencias del Ejército o de la Policía Federal”.
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