Durante tres años, los ocho jóvenes acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa mantuvieron una alianza, un pacto de silencio entre amigos, inquebrantable. El código alcanza, incluso, a los dos sobreseídos el año pasado, cuando la fiscal Verónica Zamboni consideró que había pruebas suficientes para fijar la fecha de juicio. Ningún imputado señaló a otro, como si rigiera un “fuimos todos; no fue ninguno”.  En un debate que arranca hoy, en plena feria judicial, intentarán demostrar los diferentes grados de responsabilidad de los rugbiers para perpetrar el homicidio del chico de 18 años que había ido a veranear a Villa Gesell y que el 18 de enero de 2020 terminó muerto a golpes.

Máximo Thomsen, Blas Cinalli; los hermanos Luciano y Ciro Pertossi; el primo de ambos, Lucas Pertossi; Ayton Viollaz, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron trasladados ayer desde el Penal de Melchor Romero, donde permanecen detenidos, hasta la Unidad 6 de Dolores, ciudad donde se llevará a cabo el juicio. Todos son oriundos de Zárate, localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, y compañeros en un club de rugby. Tienen entre 20 y 22 años. De no haber sido asesinado, Báez Sosa habría cumplido 21 años en marzo. Hoy, en la primera jornada del juicio, estarán presentes en la sala. Cada uno ingresará con dos custodios policiales. Solo dos familiares por cada imputado tienen permitido el ingreso.

Para Zamboni, fiscal que investigó el caso y confeccionó la elevación a juicio, uno de los más complicados entre los imputados es Thomsen, Machu, dado que fue, según la pericia, el que dio la patada mortal. En el lado izquierdo del rostro de Báez Sosa quedó la marca de una zapatilla que resultó ser suya. En las filmaciones de las cámaras de seguridad y de acuerdo a la declaración de los testigos, es posible identificarlo a él, a Ciro Pertossi, Comelli, Benicelli y Cinalli como los golpeadores. Viollaz, y Lucas y Luciano Pertossi rodearon a los amigos de Fernando, que intentaban defenderlo. Luego de  la golpiza, todos huyeron. Cinco horas después fueron detenidos en la casa que alquilaban. Pero esa fue la reconstrucción que hizo la Justicia. Los rugbiers nunca se inculparon entre sí.

¿Quién arengó al grupo para interceptar y golpear hasta matar a Báez Sosa? ¿Cómo se distribuyeron los roles? ¿Por qué durante tres años ninguno se quebró? ¿Qué hace que, incluso, quienes fueron sobreseídos por falta de mérito no hayan distinguido a quién hizo de quién no? Los ocho rugbiers comparten un área de la cárcel, separada del resto de la comunidad. No asisten a ninguna de las actividades que propone el servicio penitenciario.

Para Enrique Stola, médico psiquiatra y psicólogo clínico, especialista en Género, violencias y masculinidades, el encierro y las características de este encierro en particular fortalece los códigos de lealtad entre varones. Pero, advierte Stola, el juicio puede desarmar la alianza: “Esa conducta típicamente machista, soberbia, blanca y racista, puede romperse a medida que avance el debate, porque los imputados estarán expuestos a pruebas, filmaciones y contradicciones de las que deberán recortarse, individualizarse”, apunta.

La escritora María del Mar Ramón publicó hace dos años su primera novela, La manada. Es una ficción, inspirada en el caso Báez Sosa y contada desde el punto de vista de uno de sus victimarios. Para Ramón, las alianzas entre varones no sólo implican un “pacto de silencio” sino que es una narrativa armada entre todos para validarse. “La grupalidad es importante porque no sólo valida y da sentido de pertenencia sino que construye un mundo. Pensarlo solo en un pacto de silencio no termina de explicar el hermetismo con el que se recrean a sí mismos. Es un pacto de ficción, con la lógica de que las personas que los rodean generan unas condiciones en las que no son tan malos, lo que han hecho no es tan grave… Un grupo es un mundo, pero el de los varones usa esa narrativa para pasar por encima de otras identidades y legitimar la violencia”, dice.

A los jóvenes les imputaron el delito de “homicidio agravado por alevosía y premeditación de dos o más personas”, por el que podrían recibir una condena a prisión perpetua. De ser condenados, pueden pedir la libertad condicional cuando hayan transcurrido 35 años de encierro. También serán juzgados por “lesiones leves”, por haber lastimado a los amigos de la víctima que al momento del ataque intentaron defenderlo.

(elDiarioAR)