Los demoradísimos concursos para cubrir fiscales auxiliares en la provincia singuen empantanados. ANÁLISIS viene contando esta historia, por ahora sin fin, desde que inició en 2019. En esta oportunidad, se muestra cómo fueron las correcciones de tres exámenes y los desequilibrios en los criterios de evaluación.
Natalia Buiatti
Pocos ponen en duda la degradación institucional que atraviesa esta provincia y, particularmente, al Consejo de la Magistratura. Sólo el canto de algunas sirenas podrá decir que el organismo está funcionando mejor, que la nueva normativa está dando unos resultados ejemplares. Habrá quienes no quieren escuchar y seguirán repitiendo sobre las supuestas bondades del sistema como un mantra, de eso justamente se trata cualquier creencia o religión. Aquí se observan episodios, acontecimientos, versiones que se contrastan con datos de la realidad. Saldrá bien o mal, pero es el ejercicio de meter los pies en el barro, intentar despejar y sacar en limpio.
Para eso se toman como ejemplo algunos exámenes que se dieron en los concursos para cubrir fiscales auxiliares en la provincia. Que, a propósito, se trata de un proceso larguísimo que comenzó en 2019 y hace unos cuatro años está empantanado. Que ahora, las impugnaciones que presentaron algunos postulantes por las correcciones y los puntajes que les asignaron, están para que las resuelva el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), tal como indica el Artículo 26 de la apurada legislación 11.003 del año pasado. Es probable que el cuerpo mandamás del Poder Judicial nunca se pronuncie sobre estos planteos, de ese modo los deniegue, y valide todo lo actuado por el Consejo. Decisiones que le vienen muy bien al Poder Político que gobierna los destinos de esta provincia y también al Poder Judicial. Dos patas del sistema democrático que, últimamente, hacen gala de mostrarse en una ruidosa sintonía fina.
Es preciso también decir que esta lectura pobre de un contexto revuelto en las instituciones y sobre todo aquellas vinculadas a la vida judicial, no quite responsabilidad a sectores políticos que si bien no ejercen las mayores cuotas de poder en esta provincia, se ocupan interesadamente de acarrear agua para su molino, sin que les importen las instituciones niel bien común.
El caso que debieron resolverlos aspirantes a fiscales auxiliares
Los postulantes debieron resolver un hipotético intento de homicidio. Ocurrió en Cerrito contra el supuesto intendente Carlos Raimundo. Ulises Salvatierra, un habitante de la localidad, productor agropecuario, se enemistó públicamente con el intendente después de una discusión en una asamblea vecinal, y profirió amenazas que otros pudieron escuchar.
El 6 de diciembre de 2021 a las 10.30, Salvatierra alquiló la habitación 23 del primer piso hotel Cerros que daba frente a la Plaza San Martín, donde el intendente encabezaba un acto público sobre un palco. Hasta la habitación llegó Salvatierra con un rifle, con mira telescópica y proyectiles. El vecino fue descubierto en flagrancia, en la habitación del hotel por la Policía que, a partir de una denuncia y tareas de inteligencia, logró desbaratar el plan de Salvatierra. Los agentes abrieron la habitación con una copia de la tarjeta que facilitó el dueño del lugar y lo encontraron sentado con el arma y la mira colocada sobre la ventana, apuntando al palco donde estaba el intendente, con un proyectil en la recámara. Aseguraron los policías que Salvatierra estaba tan enfocado en su objetivo que cuando le dieron la voz de alto, sencillamente dejó el rifle.
(Más información en la edición gráfica número 1141 del jueves 15 de junio de 2023)
