El Gobierno anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la privatización de la Hidrovía -por donde se transporta el 80% del comercio exterior de la Argentina-, en un contrato a 30 años (con posibilidad de prórroga por 30 años más) que convocará el interés de las principales empresas que hacen obras de dragado y balizamiento en ríos y mares.

El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, en las oficinas de la Administración General de Puertos (AGP), en Puerto Madero. Las empresas interesadas tendrán tiempo de mandar sus ofertas hasta el miércoles 29 de enero de 2025.

En manos del Estado, la administración tenía gastos por unos 200 millones de dólares al año. En 2023 y principios de 2024, hasta que hubo un aumento de tarifas, se acumuló un déficit operativo de US$ 90 millones.

Competitividad en exportaciones

Según Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la gestión en manos de un privado podría generar una eficiencia de 10 dólares por tonelada, que captarán los productores y los consumidores.

Esto significa que si pasan unas 80 millones de toneladas de granos por año, el sector agroindustrial podría tener un ahorro de US$ 800 millones; mientras que otras actividades de la economía como industrias y otras materias primas también tomarán esas eficiencias.

La profundidad actual solamente permite cargar los grandes buques graneleros al 75% de su capacidad, por lo que se le exigirá a los privados inversiones que permitan incrementar la carga (que pagarán sus tarifas), con un ahorro en tiempos de viaje como en operaciones de carga y descarga; por ende, en la competitividad de las exportaciones.

La Hidrovía tiene en su red troncal 79 puertos en 7 provincias argentinas (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires).

El contrato de concesión para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal -tal su nombre en los papeles- sobre los ríos Paraguay y Paraná estuvo en manos de la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa hasta mediados de 2021. Después volvió a manos del Estado, que tres años y medio después lo volverá a concesionar a un privado.

Se espera que los interesados vuelvan a ser Jan de Nul, la también belga Deme Dredging, la neerlandesa Boskalis Westminster y la china Shanghai Dredging, de acuerdo a lo que fuentes privadas conversaron con Clarín.

La resolución con el llamado a licitación está firmada por el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, y saldrá publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Allí se aprueban los pliegos para un régimen de concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado de la vía.

El equipo de la Secretaría de Transporte propicia un esquema de concesión privada a riesgo empresario. El Estado nacional ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento, como hasta ahora era mediante la AGP.

"Entre otras medidas, se prevé que se sumarán bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques. Además, se renovará totalmente la señalización, lo que generará una navegación más segura, y se aumentarán las medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo", comunicó el Gobierno. En ese sentido, se incorporarán 13 drones a disposición de las fuerzas de seguridad.

"Los pliegos son el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía, en la que se realizará una profundización a 39 pies -con una primera etapa de unificación de profundidades- en el tramo Timbúes - Océano. Se contemplan métodos dinámicos para establecer nuevas profundidades (+ de 39 pies), así como nuevas zonas de fondeo y sobrepaso, en cualquier momento del contrato", agregaron desde la Jefatura de Gabinete.

El futuro concesionario, que pondrá fin a la estatización provisoria de la Vía Navegable Troncal, deberá cumplir el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de obras prioritarias que se deberán realizar en los primeros cinco años de la concesión.

Junto a Francos participaron también del anuncio Arreseygor; el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Javier Cervio; el propio Zubizarreta; el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Iocco; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.

Aunque el ex presidente Mauricio Macri se expresó muy interesado en colaborar con el armado de la licitación, fuentes de La Libertad Avanza sostienen que no hubo diálogo sobre este tema.