La diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Salud Mental hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa busca garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 26.657 mediante la creación de un Plan Nacional de Acción que articule y fortalezca equipos profesionales interdisciplinarios; infraestructura comunitaria; campañas de información y sensibilización; formación de agentes sanitarios; y capacitación obligatoria de trabajadores de la salud, de educación y de las fuerzas de seguridad en todo el país.

El proyecto crea dos fondos: uno para fortalecer equipos interdisciplinarios y otro para impulsar la inversión en infraestructura y obra pública destinada a construir casas de medio camino y dispositivos de internaciones breves. A tal fin, se disponen asignaciones presupuestarias específicas y la creación de un fondo federal solidario, coparticipable con las provincias, que será financiado con el 30% de las retenciones a la soja. Los fondos serán girados a las provincias y estas a todos los municipios del país. Estos recursos permitirán construir casas de medio camino, adecuar hospitales generales, desplegar equipos móviles y fortalecer dispositivos comunitarios, con criterios de equidad territorial y sostenibilidad fiscal.

Además, según se informó a través de un parte de prensa, se propone restablecer la provisión plena y federal del Plan Remediar, en su componente salud mental, garantizando el acceso gratuito a medicamentos esenciales —entre ellos psicofármacos— en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Esta medida busca asegurar que los tratamientos en salud mental no dependan de la capacidad económica de las personas ni de la provincia en la que vivan.

La propuesta parte de un diagnóstico alarmante: el 70% de los profesionales en salud mental están concentrados en el AMBA; el presupuesto actual representa solo el 1,8% del total en salud, muy por debajo del 10% que exige la ley; y el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. A esto se suma el impacto de la pandemia, el crecimiento del consumo problemático y el uso compulsivo de tecnologías digitales.

Por otro lado, el proyecto contempla la creación de un programa nacional de acompañamiento y orientación para familiares y personas cercanas a quienes atraviesan padecimientos psíquicos, con el objetivo de brindar contención, información accesible y herramientas concretas para el acompañamiento cotidiano. Este dispositivo será clave para fortalecer las redes de cuidado desde una perspectiva comunitaria, humana y con enfoque en derechos.

“No alcanza con reconocer derechos si no se garantizan. Declarar la emergencia es el primer paso para construir un sistema federal, accesible y humano, que cuide de verdad. Esta ley es una respuesta ética, jurídica y política frente a una deuda histórica del Estado con millones de personas”, afirmó Gaillard.

El proyecto ya cuenta con el respaldo de más de veinte diputadas y diputados de diferentes bloques políticos, lo que refleja el amplio consenso que genera la problemática. Entre quienes acompañan la iniciativa se destacan Daniel Gollan, Pablo Yedlin y Cecilia Moreau (Unión por la Patria); Marcela Campagnoli (Coalición Cívica); y Mónica Fein, Esteban Paulón y Nicolás Massot (Encuentro Federal).