De un lado y del otro se acusan mutuamente de curros, connivencia y negociados en un ida y vuelta que no para de escalar. La pelea que domina la agenda desde hace semanas se desarrolla en varios escenarios: los medios, la calle, la Legislatura y los Tribunales. ANÁLISIS revela qué hay detrás de las denuncias cruzadas por la obra social.
L. D.
De la profusión de acusaciones cruzadas que se vienen propalando a través de los medios y las redes sociales en relación al tema Iosper, lo único que hay en Tribunales es un archivo de 21 carillas relacionado con el suministro de prótesis que presentó el Tribunal de Cuentas.
Cuando se consulta a miembros del gobierno acerca de la desproporción entre lo que se dice ante la prensa y lo que efectivamente se lleva a la justicia, la respuesta es que el gobierno no hace denuncias penales, sino que lo que corresponde es que se ocupe el organismo de control que preside el ex diputado y ex intendente peronista Diego Lara.
Más allá del rol del TdC, lo cierto es que cualquier funcionario puede presentar una denuncia. No sólo no están impedidos, sino que la ley los obliga a hacerlo si toman conocimiento de un delito. También podría denunciar un legislador o incluso la justicia actuar de oficio, como ha sucedido en numerosas causas de corrupción investigadas en la provincia.
Son todas decisiones más políticas que judiciales que, en este caso, no se adoptaron. Tampoco se avanzó en ese sentido en otros escándalos recientes, como el video del ex secretario General de la Gobernación y ex senador Edgardo Kueider contando dólares en un despacho oficial o la causa Enersa/Securitas, donde no hay ni siquiera un sumario.
Frigerio ensayó una explicación en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), apelando a la muletilla de la división de poderes. “El gobierno no hace denuncias penales. Yo no soy el Poder Judicial. Soy el Poder Ejecutivo”, contestó ante la consulta.
“Descubrimos hechos anómalos concretos que pueden estar generados en hechos de corrupción. Y a eso lo tiene que probar la Justicia. Yo no me arrogo un derecho que no tengo. Es el Ministerio Público Fiscal el que tiene que investigar si hubo delito o no hubo delito. Yo no soy la Justicia”, remarcó.
No obstante, distinto fue el proceder del gobierno en casos de menor impacto mediático, como el de los presuntos sobornos en el Puerto de Concepción del Uruguay.
Las supuestas coimas pagadas por el ex concesionario José Uriburu a funcionarios de la gestión de Gustavo Bordet fueron denunciadas en una fiscalía por el presidente del Ente Portuario de Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe.
La presentación se hizo con el aval del malogrado ex titular del Instituto Portuario, Juan Ruiz Orrico, imputado por la muerte de cuatro jóvenes a los que embistió con un auto oficial manejando borracho. A la par, se iniciaron sumarios contra los ex funcionarios Carlos Scelzi y Leonardo Cabrera.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1160, del día 29 de mayo de 2025)
