"Por acción o por omisión hay una responsabilidad y quien debe responder es el área específica de seguridad y el área específica de quien está arriba de seguridad, que es el Ministerio de Gobierno", afirmó Leissa.
El abogado, exlegislador y exintendente de Gualeguaychú, Luis Leissa, analizó lo ocurrido con el hallazgo de cámaras de vigilancia en los despachos oficiales de Casa de Gobierno. También se refirió al fallido juicio político contra la vocal del STJ, Susana Medina y la posible futura reforma laboral.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Leissa sostuvo que “lo primero que produce es sorpresa, estupor”. “Todavía quienes por ahí tenemos una presunción de buena fe y de que el grueso de los sectores actúa con limpieza y transparencia frente a este tipo de cosas realmente queda consternado. Realmente el hecho es muy grave, más allá de si las cámaras funcionaban o no funcionaban, si registraban, lo que está claro es que había dispositivos colocados contra la voluntad de quienes están ocupando esos despachos, se trata nada más y nada menos que de espiar o de introducir sin autorización material de registro y que ese hecho haya pasado inadvertido durante tanto tiempo, también convoca a reflexionar si el gobernador, en este caso como máxima autoridad provincial, tiene el cuidado, la protección suficiente por parte de aquellas áreas y sectores específicos. Por eso genera sorpresa, consternación y, por supuesto, el consabido rechazo a este tipo de prácticas que nada tienen que ver con la transparencia en la función pública”, evaluó.
Respecto al hecho de que no fueran advertidas en las inspecciones que se realizan regularmente, consideró que “en esto nadie quiere pegarse un balazo en los pies, y hay que ver hasta qué punto esto no es la consecuencia de un desapego a la función, de una falta de control de las áreas específicas, concretamente del área de gobierno, del área de seguridad”.
“¿Qué puede producir en el vecino común, en aquel ciudadano entrerriano, que si toma nota de que al gobernador lo están espiando, con qué tranquilidad puede confiar en el rigor y el profesionalismo de las fuerzas de seguridad. Porque me imagino para la tranquilidad de un vecino común que transita en la provincia de Entre Ríos, para la tranquilidad de una persona que tiene custodia policial hace muchos años, todos conocemos que acá hay casos de personas que hace muchos a están sometidas por la función que desempeñan o las responsabilidades que ejercen en la sociedad de un control y de un seguimiento y tener custodia. Uno tiene que preguntarse hasta qué punto esto es un hecho inevitable o es consecuencia de la inacción, de la falta de profesionalismo, y el desapego a la función que a veces se tiene en quienes ocupan cargos públicos, la falta de contracción al trabajo y de dedicarle horas al trabajo, en algunos casos puede advertirse y ahí puede quizás empezar a verse la causal y el origen de este problema”, reflexionó.
Consultado sobre la denuncia que efectuó el gobierno, afirmó que “el hecho no se puede ocultar, creo que la responsabilidad del gobierno de la provincia ha sido bien ejercida en este caso en cuanto a divulgar un episodio que realmente es grave. Esta circunstancia no se podía resolver entre bambalinas y no transfiriendo el conocimiento que se tiene de este hecho a la población; eso no significa que se tomen internamente los recaudos para individualizar e identificar a quienes tienen mayor responsabilidad en el cuidado de una función como la del gobernador, que exige tanto cuidado, tanto recato, y que impone necesariamente un ámbito de privacidad, que en este caso ha sido vulnerado. Eso es preocupante. ¿Esto es un episodio aislado que no se podía revertir o muestra un déficit en el sistema de seguridad en el cual está la vida y la propiedad de los enterrianos?. Y yo creo que a veces hay que apuntar ahí, porque uno advierte en determinados casos que el cargo público responde más que a una vocación de servicio, responde a una frivolización de lo que significa esta tarea, sin tomar en cuenta que hoy, por múltiples causas, la función pública exige una contracción y un enorme esfuerzo y dedicación que a veces uno no lo visualiza”.
Sobre el hecho de que Edgardo Kueider hubiera reconocido ante la justicia que había colocado cámaras, Leissa planteó que “lo que está claro es que esas cámaras no deben estar ubicadas ahí, lo que está claro es que el funcionamiento de la Gobernación exige el cuidado y la premura del caso para resolver temas en el ámbito de la mayor discrecionalidad. Esto no significa que uno no responda a la transparencia de la función pública. También es cierto que una nueva administración provincial debió haber tomado los recaudos para hacer un rastrillaje y evitar que este hecho ocurra. No sé si esto habrá aparecido ahora o será consecuencia de las administraciones anteriores, lo que está claro es que esto no debería existir, que el espacio físico en el cual esto se dio –que yo no creo que supere los 100 o 200 metros cuadrados- que no se pueda verificar que hay dispositivos que no deben estar en un espacio tan reducido habla a las claras de una falta de profesionalismo y una falta de conciencia de la responsabilidad con que se debe cuidar al máximo mandatario provincial”.
Respecto de la responsabilidad que le podría caber al Ministerio de Seguridad, opinó que “acá por acción o por omisión hay una responsabilidad y quien debe responder es el área específica de seguridad y el área específica de quien está arriba de seguridad, que es el Ministerio de Gobierno, porque a ellos les compete. Acá no se le va a reclamar explicaciones ni al área de salud ni al área de turismo. En consecuencia, lo que hay que hacer ahí es verificar qué ha pasado, aparece como inexplicable que no se haya hecho un rastrillaje al menos, durante los dos años de esta nueva gestión. Me parece que esto exige una mirada profunda, una revisión y hacer las autocríticas profundas y severas para atender la gravedad de este episodio”.
Juicio político a Susana Medina
Consultado respecto del fallido pedido de juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, opinó que “objetivamente acá hay elementos que demostraban que había fallas e incumplimientos por parte de la vocal Medina”.
“Que alguien tenga en tres años y medio, o cuatro años, 600 inasistencias, yo quiero saber si cualquiera en la función que ejerce, ya sea pública o privada, puede sostenerse en el cargo. Creo que eso objetivamente aparece como injustificable y muestra por lo menos un desapego a la función que ameritaba que el juicio político se promoviera y se llevara adelante. De estos diputados que votaron diciendo que acá no había pasado nada, quiero ver quiénes lo hacen por convicción sincera, profunda, y quiénes lo hacen por mero seguimiento o porque alguien le ordenó que no se acusara”, planteó.
Aunque no pudo asegurar que hubiera injerencia política en lo sucedido, admitió que “llama la atención la falta de profundización en el examen de estas conductas. Acá había, en términos de lo que es la ley de enjuiciamiento, un incumplimiento grave. No creo que nadie faltando al trabajo durante 600 días, mantenga la función y el trabajo que ejerce”.
“En principio no hay argumento que pueda dejar en pie ese dictamen, esa opinión del bloque de diputados para dejar caer el juicio político”, sentenció.
Reforma laboral
Consultado respecto de la reforma laboral que se necesita en Argentina, indicó que “el sistema laboral como está no puede seguir, porque no podemos convivir con esta especie de ficción donde la mitad de la población económicamente activa no está registrada. Y esta situación, lo que no podemos es mantenerla, partamos de esa base. Pero esto que parece tan obvio, para algunos no es tan obvio, y empiezan a discutir, y al amparo del legítimo derecho al disenso, lo que se busca es dejar las cosas como están. Yo creo que no se pueden dejar las cosas como están. Después, todo lo que es la reforma, buscar ese sano equilibrio que hay que tener entre respetar el derecho del trabajador y al mismo tiempo modernizar o bien actualizar los regímenes laborales, es algo que se tiene que dar con una discusión serena, equilibrada, con ponderación”.
“Hay que partir de la base de que el sistema como está, no puede seguir, porque esto es una ficción, pone en quiebre el sistema previsional argentino, y me parece que hay una brecha entre desproteger y no hacer nada. Yo pienso que se puede mantener el respeto a lo que son los derechos de los trabajadores, pero que al mismo tiempo se pueden buscar fórmulas nuevas que no signifiquen locuras, que no signifiquen atropellar derechos que están garantizados desde la Constitución Nacional hasta por convenciones internacionales. Creo que hay un espacio que se puede transitar con adultez, sin que se caiga en un extremo o en otro. Como están, las cosas no se pueden mantener, pero tampoco se puede permitir barrer con todo y creer que los avances que se tuvieron en materia laboral se pueden sacar de un día para otro”, concluyó.
