Ricardo Luciano
El silencio de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente provincial, de la Subsecretaría de Ambiente municipal, las autoridades de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), los que administran la planta de tratamientos de efluentes líquidos del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), con respecto al correcto -o no- funcionamiento de la planta de tratamientos de efluentes industriales del PIG, sin duda, demuestra que no nos quieren informar si todo está bien y no debemos preocuparnos.
¿Porque callan? O lo que es peor: no tienen “nada” para informar. Ergo, la planta sigue sin funcionar. Pero, nos deben la información de lo que viene sucediendo desde febrero de 2025, al día que todo se normalizó si así sucedió, o hasta el día que se normalice, qué sucede o sucedió durante ese tiempo, qué productos químicos y otros derivaron sin tratamiento alguno a nuestro río Gualeguaychú. ¿Al día de hoy la planta sigue sin funcionar, funciona deficientemente o funciona correctamente? Nada nos explican al respecto.
El último refugio que tenemos en defensa de nuestros Derechos como ciudadanos que vivimos en una República es, sin duda, recurrir a los señores jueces y fiscales para que pongan las cosas en su lugar y así está sucediendo.
La planta no funciona correctamente -reitero -, por lo que se sabe, desde febrero de 2025 que motivó la apertura de un expediente Penal por parte de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú; luego la denuncia del Foro Ambiental que, tomando la misma presente, sólo, por decisión propia, denuncia penal por la posible comisión del delito de contaminación en julio de 2025.
El Juzgado Federal de Gualeguaychú y la Fiscalía Federal no se hicieron los distraídos, como sí lo hicieron nuestras autoridades políticas. Dos allanamientos e innumerables medidas de prueba, ordenadas por el Juzgado Federal, lo corroboran.
Los responsables son muchos: las empresas del PIG; la CODEGU; la comisión de industriales que administran la planta de efluentes del PIG; funcionarios políticos desde el gobernador Rogelio Frigerio (no porque se me ocurra, lo determina el Acuerdo de Anchorena, firmado por Argentina y Uruguay en el 2012); hasta la Subsecretaría de Ambiente de Gualeguaychú que es la que tiene el poder de policía de control de la misma. Demostrativo de esto, es que cuando todo se hizo público salieron presurosos a aplicar una multa. Y antes qué hicieron, si es su responsabilidad el control del funcionamiento de la mentada planta, o no controlaron, o si lo hicieron no les importó que estuviera sucediendo lo que ahora sabemos.
Tal es así, demostrativo de que son responsables todos los nombrados supra que, el 26 de noviembre de 2025, hicieron una convocatoria en la sede de la CODEGU (con excepción del Sr. Gobernador), a los primeros damnificados de lo que ocurre con la planta de efluentes líquidos del PIG: los vecinos del Barrio Don Pedro, representantes industriales, la Subsecretaría de Ambiente Municipal y el asesor legal de la Secretaría de Ambiente provincial, el mismísimo Asesor Legal de la Secretaría de Ambiente, el abogado Osvaldo Fernández. Al terminar la misma informó a la prensa, “sin ponerse colorado”, que como era un expediente abierto “no podía dar información”. A esto digo “falsea la verdad”, cometiendo el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las acciones administrativas “son públicas”, el “secreto de sumario” lo determina un Juez, no un funcionario político de tercer orden.
Ese ocultismo en manos de nuestras autoridades responsables, sin duda, llevan al desconocimiento de la población de lo que sucede con la planta de efluentes líquidos del PIG y, si lo que vuelcan al río Gualeguaychú es contaminante o no.
Ocultan información sensible y, si la ocultan nada bueno debe ser lo que no quieren informar, sino ¿qué problema hay en decirlo?
Lo incomprensible (o sí) es que las autoridades responsables no nos brindan ninguna información al respecto o, sin eufemismos, digo: “Nos ocultan información”.
Temerario accionar de nuestras autoridades. El agua que consumimos a diario, hoy, sin duda, no sabemos en qué condiciones está. De este tema “ni una palabra”. Eso genera incertidumbre y un posible daño a nuestra salud.
Hay análisis realizados que no fueron comunicados debidamente a la sociedad. Ese ocultismo -reitero- es inconstitucional. Vivimos en una República,. Las decisiones, las acciones de los funcionarios “son públicas”. Rotundamente digo: en este tema no es así.
¿Podemos estar tranquilos al bañarnos en nuestro río? Se sabe que uno al sumergirse en el mismo puede tomar agua, el agua puede entrar en nuestros oídos, moja nuestra piel, consumimos lo que se pesca del mismo… el consumir el agua que sale de nuestras canillas… ¿es seguro? Con el silencio de nuestras autoridades que tenemos desde (mínimo) febrero de 2025 me lleva a la duda.
(*) Ricardo José Luciano es abogado y defensor del ambiente.
