Ernesto Sábato entrega formalmente el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que será un documento clave para consolidar los Derechos Humanos.
Bernardo Salduna
No deja de llamar la atención a quienes fuimos testigos y, en mayor o menor medida, protagonistas de aquellos tiempos difíciles, lo que impresiona como una falta de comprensión, por parte de las nuevas generaciones, acerca del rol histórico de superlativa importancia que cumplió el gobierno de Raúl Alfonsín en materia de Derechos Humanos.
En un aspecto en que el primer gobierno de la democracia-1983- puede ser admirado y defendido, con orgullo y sin fisuras.
A diferencia de otros, las libertades públicas no eran, para los Radicales, simplemente un escudo a levantar para defenderse del adversario, y desconocerlas después, al disponer de una cuota, más o menos importante de poder.
O de reclamarlos airadamente y con fuerza contra las dictaduras de derecha, y mirar para otro lado, desconocer, disculpar y hasta negar su existencia en el caso de regímenes que nos simpatizaran como ocurría con muchos, respecto al stalinismo soviético o las atrocidades ocurridas en China, o Laos y aún los fusilamientos y el ahogamiento de libertades en Cuba bajo Fidel Castro o Venezuela, bajo Chávez o Maduro.
Lo cierto es que en cuanto a antecedentes no faltaba autoridad moral a los Radicales, para hablar del tema: abogados radicales fueron , en muchos casos los que, en las épocas duras, presentaban “hábeas corpus” en Tribunales, recorrían comisarías y cuarteles en defensa, a veces, de gente que en muchas ocasiones estaba políticamente en las antípodas de su pensamiento político, que no creía en los Derechos Humanos como un valor absoluto, más aún, posiblemente, de triunfar hasta podían llevar al paredón y fusilar por “contrarrevolucionario” a su esforzado defensor.
Actitudes, hay que decirlo, mucho más valiosas desde que quienes la ejercían arriesgaban su reputación profesional, su trabajo, consideración social en ciertos ámbitos, e incluso su libertad y hasta su vida.
No hay más que recordar los casos emblemáticos de los asesinados Sergio Karakachof, Mario Abel Amaya, Ángel Pisarello, Agustín Rodríguez Araya.
De Hipólito Solari Yrigoyen, desaparecido y torturado, exiliado forzosamente durante años.
En la Provincia de Entre Ríos, los ejemplos de Rodolfo Parente en Diamante y Ricardo Lafferriere en Nogoyá, secuestrados y desaparecidos temporales, sometidos a vejámenes en su cautiverio.
Bien, con tales antecedentes es que, al recuperar la democracia en 1983, se debía enfrentar el grave desafío de lo ocurrido en los terribles años que nos precedieron.
En el último tramo de la dictadura, tras la derrota de Malvinas, retirados del gobierno la Armada y Fuerza Aérea, asumiendo la responsabilidad exclusiva el Ejército, fue designado presidente el general Reynaldo Bignone, con el único cometido de liquidar el “Proceso Militar”, y lograr el retiro más o menos decoroso y menos traumático a las Fuerzas Armadas del poder.
En esa dirección, se dictó una “ley” (en realidad un decretazo), de “olvido” y “perdón”, una amplia amnistía, que, equiparándolos, con apariencia de “generosidad” perdonaba los crímenes, tanto de los grupos guerrilleros violentos, como de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad.
Borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada…
Producida la apertura política, y lanzada de lleno la campaña electoral, debían las fuerzas políticas pronunciarse.
Sobre todo, quienes tuvieran posibilidad de llegar al poder.
Pues bien, el candidato del Partido Justicialista Ítalo Luder, jurista reconocido y versado en Derecho Constitucional declaró que él estaba en contra de esa “ley”, y llegado al gobierno la haría dejar sin efecto por el Congreso.
Pero esa derogación, como toda norma, habría de tener validez para adelante, en el futuro: en los actos anteriores, ya cumplidos, la ley no podía ser retroactiva.
Esto es: todos quienes fueren culpables de crímenes o hechos violentos, durante la dictadura o antes, se beneficiaban con sus alcances, no había posibilidad de juzgar, investigar ni condenar a nadie.
Es interesante tener esto en cuenta para entender que, de haber triunfado el Justicialismo en las elecciones de 1983, ningún represor hubiera podido sentarse en el banquillo de los acusados.
Y que los varios millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron tal propuesta –cerca de un 40% del padrón- en definitiva, convalidaban tal generosa “amnistía”
Raúl Alfonsín en cambio, fue claro y contundente al respecto: recordó los nefastos antecedentes de anteriores amnistías, en especial la de Cámpora en mayo de 1973.
No, en esta oportunidad no se podía actuar con espíritu de revancha, pero tampoco mirar a otro lado, cada uno debía hacerse responsable de lo que había hecho.
A su juicio la “autoamnistía” era nula, de nulidad absoluta.
No sólo había que “derogarla” como decía Luder sino declarar su nulidad, es decir, como si nunca hubiera existido ni producido efecto alguno.
Y así lo pediría al Congreso en caso de resultar electo presidente.
Y, a fe que lo cumplió. A rajatabla.
No habían pasado más de dos o tres días desde que asumió la presidencia y dictó Alfonsín decretos de enorme trascendencia: por uno de ellos se creaba una comisión especial: la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por distinguidas personalidades de distintos ámbitos: René Favaloro; Magdalena Ruiz Guiñazú; Hilario Fernández Long; el obispo Jaime de Nevares; Eduardo Rabossi; el rabino Marshall Meyer y otros. Actuó de secretaria Graciela Fernández Meijide.
Se invitó a que la integraran representantes de ambas Cámaras del Congreso.
Pero sólo la de Diputados, con mayoría radical, lo hizo.
En el Senado, la mayoría Justicialista se negó.
El argumento según el cual la investigación debía hacerla una comisión del Congreso “elegido por el pueblo”, pero integrado por representantes de las fuerzas políticas, en la práctica iba a transformarse en una partidización excesiva del tema.
La CONADEP formada por personalidades relevantes, ajenas a la militancia partidaria realizó en pocos meses un trabajo realmente formidable. Recibió y compaginó denuncias sobre más de nueve mil casos de desapariciones, realizó inspecciones en comisarías, cuarteles y cerca de 300 centros clandestinos o semiclandestinos de detención. Reunió miles de pruebas de secuestros, asesinatos, torturas y robos de propiedades. Entregó toda la documentación a la Justicia, sirviendo tales elementos de base para la imputación de la mayoría de personas juzgadas y condenadas por tales crímenes.
El 15 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín sancionó el Decreto N.º 158/83 que ordenó someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas en 1982: Jorge Rafael Videla; Orlando Ramón Agosti; Emilio Eduardo Massera; Roberto Viola; Omar Graffigna; Armando Lambruschini; Leopoldo Galtieri; Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
En diciembre de 1985 se dictaron condenas de variada intensidad, según el comprobado grado de participación de cada uno de los protagonistas.
El general Videla, presidente y jefe del Ejército fue condenado a prisión perpetua, otro tanto el Almirante Emilio Massera, jefe de la Armada. Recibieron condenas menores el brigadier Agosti; el general Viola; el Almirante Lambruschini y otros integrantes de las Juntas Militares.
Interesa detenerse en algunos aspectos:
a) En primer lugar que la decisión de llevar a juicio y posteriormente condenar a los principales jefes militares que condujeron las Juntas Militares durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, fue una decisión demostrativa de inmenso coraje. Hay que tener en cuenta que se tomó, inmediatamente de asumir el gobierno democrático, cuando los militares conservaban aun en sus manos importantes resortes de poder. Como lo dijera Horacio Jaunarena -ministro de Defensa de Alfonsín- se había calculado que recién en el año 2010 los mandos militares estarían conducidos, por hombres formados en períodos constitucionales. Mientras tanto subsistían en los distintos estamentos gente que había actuado en tiempos de la Dictadura, involucrándose, en mayor o menor medida según el caso, en los actos cuestionables que se imputaban a aquella. No fue sencillo, desde el punto de vista político, el trámite del juzgamiento, acosado por la presión de quienes querían meter preso a todo el mundo, hasta de los que protestaban por lo que identificaban la justicia de la Democracia con la “venganza de los subversivos”. Editoriales y solicitadas, movilizaciones callejeras, puesta de bombas y atentados que obligaron un fugaz Estado de sitio, en noviembre del 85, fueron el contexto que rodeó el Juicio a las Juntas.
b) El hecho que, simultáneamente se ordenara el procesamiento de dirigentes que actuaran en las cúpulas de las organizaciones guerrilleras, dio lugar a un griterío y protestas acerca de la “teoría de los dos demonios”. Esto es, que el gobierno buscaba una suerte de “equilibrio” y “compensación”: juzgamos a los militares, y también a los guerrilleros. No hay tal: el “demonio” si cabe el término era uno sólo: esto es, el que en el accionar político entendía que “el fin justifica los medios”. Y que, para defender un ideal, por muy noble que fuera podían dejarse de lado mínimos parámetros éticos.
El mensaje que se pretendía dar a la sociedad era muy claro: se terminó la impunidad, acá cada uno, sea cual fuere el lugar que le haya tocado estar o el cargo o función desempeñada debe asumir su responsabilidad por lo que haya hecho.
(*) Bernardo Salduna es ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y ex diputado nacional (UCR).
